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Entre Ríos: fallo judicial permite fumigar con agrotóxicos a 150 metros de escuelas rurales

Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que emite una resolución a favor del decreto del peronista Bordet, pero introduce una modificación. En vez de a 100 mts, como pedía el gobernador, ahora se puede fumigar a 150 mts.

Martes 29 de octubre | 11:38

Este lunes el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos avaló un decreto de la Gobernación que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y 500 aéreos. No obstante modificó el decreto de Bordet, que establecía que esto sería medido “desde el centro del casco de la escuela rural”, resolviendo que ahora la Zona de Exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal ubicada a 150 metros de las escuelas.

La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Bordet en agosto pasado.

El enfrentamiento judicial entre el gobierno entrerriano y las agrupaciones ambientalistas comenzó cuando Bordet sancionó en enero de 2018 el decreto N° 4407, permitía la fumigación con agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales.

El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron un primer amparo y el juez Oscar Daniel Benedetto, y luego el Stjer, fallaron a favor de los ambientalistas.

Con este fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos permite que las grandes empresas dedicadas al agronegocio sigan enfermando a la población de Entre Ríos.

El glifosato contamina el agua, el suelo y mata a adultos y niños. La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) denunció que el 80 % de las escuelas fueron fumigadas entre 4 y 8 veces por año. Las consecuencias dan escalofríos. Un relevamiento, que se conoció en febrero del 2018, indicaba que el 55% de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianos.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en 2017 Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes. La media nacional fue, en ese mismo año, de menos de 120 casos.

Integrantes de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos se manifestaron en contra del fallo y denunciaron que el gobierno provincial modificó la ley provincial que regula los amparos para conseguir una resolución favorable.
Vamos a apelar a la Corte Suprema Nacional”, indicó a Página|12 María Fernández Benetti, una de las abogadas de la Coordinadora que llevan el caso.

Gustavo Bordet, aliado de Alberto Fernandez y el agronegocio

Gustavo Bordet es uno de los gobernadores que acompañaron al gobierno de Macri en el tratamiento y la aprobación de la reaccionara reforma previsional y uno de los que lo acompañó a Davos a buscar la famosa “lluvia de inversiones” que nunca llegó, junto a Sergio Massa.

A fines de 2017, el mandatario entrerriano fue uno de los firmantes del Pacto Fiscal, que sirvió de base para votar la reforma jubilatoria. Días más tarde, vía sus legisladores Mayda Cresto y Juan José Bahillo, daba su aval para votar ese saqueo al bolsillo de los jubilados.

Pero Bordet pasó de haber sido uno de los que garantizaron el ajuste del macrismo y el FMI, a integrante del Frente de Todos. Su defensa del agronegocio que enferma a las y los habitantes de la provincia que gobierna, no es tan distinto al que hace el reciente presidente electo.

Ya en campaña electoral Alberto Fernández, se había pronunciado respecto al fallo original al cual calificó de “loable pero desmedido”. “Hay que cuidar la salud de los que consumen esos productos agrícolas y los que están en inmediaciones de las plantaciones donde se tiran los agrotóxicos. Pero tenemos que ser cuidadosos para que esto no se convierta en un boomerang contra la producción”, opinó.

En ese sentido pidió “buscar un punto intermedio". “Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente, la salud de los que están cerca de las zonas rurales y la salud de quienes comemos esos productos antes que nada. Pero, a veces, llevar lo útil a un extremo se convierte en malo y perjudicial”, agregó.

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Bordet, siempre con el agronegocio

Antes de ser gobernador, Gustavo Bordet fue intendente de Concordia entre 2007 y 2015. Durante su gestión una serie de denuncias indicaban que la central hidroeléctrica de Salto Grande volcaba PCB -un producto químico altamente contaminante- en el Río Uruguay. La represa está ubicada muy cerca de esa localidad.

De acuerdo a diversas fuentes, la contaminación fue probada por un laboratorio de análisis industriales llamado Cromaquim. El relevamiento tuvo lugar luego de que surgieran sospechas por la alta cantidad de casos de cáncer registrados en Concordia. En esa ciudad se habían registrado 83 muertes por esa causa entre 2000 y 2011.

En 2015, una fuerte denuncia involucró a la gestión de la represa. Se conoció que, por lo menos, 21 personas habían perdido la vida trabajando en la misma, entre 2002 y 2008. ¿La causa? Muerte como resultado de la exposición a asbesto y PCB en el lugar de trabajo, como señalamos en: Agrotóxicos, cáncer y muerte: el “modelo productivo” de un aliado de Alberto Fernández.

Las denuncias del vuelco de PCB en el Río Uruguay llegaron hasta Bordet. ¿Qué hizo el entonces intendente? Nada. O, mejor dicho, eligió estar del lado de las ganancias capitalistas y no defender el derecho a la vida de la población.







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