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Red Internacional

El año 2020 fue el peor en la materia: se dio inicio a 6 juicios y hubo nada más que 9 sentencias. Además, de un total de 863 detenidos, 638 lo están en sus domicilios.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Lunes 11 de enero | 19:33
Cuadros: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad

El reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad da cuenta de un franco retroceso en el proceso de enjuiciamiento desde que se iniciaron los juicios contra militares y civiles genocidas en 2006.

Tomando el período de conjunto, el informe señala que hubo en este tiempo 623 causas en trámite, entre las cuales se dictaron 250 sentencias. De esas 250, un 70 % de ellas (173) posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas (ante la Cámara Federal de Casación Penal -CFCP– o la Corte Suprema de Justicia –CSJN-), lo que indica que no son condenas firmes.

Hablamos de alrededor 1013 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, y de 164 que fueron absueltas.

Utilicemos como punto de comparación el hecho de que en el país funcionaron al menos 500 centros clandestinos de detención. Con estas paupérrimas cifras que señalamos, estamos frente a un promedio de dos represores condenados por centro clandestino. Está a todas luces claro que la lentitud en el desarrollo de los procesos es impunidad.

Varios genocidas acumulan muchas condenas, mientras otros no han sido sentados en el banquillo. Ejemplos como la megacausa ESMA que actualmente va por su IV tramo, dan cuenta de cómo las víctimas y sus familiares deben declarar una y otra vez, revictimizándose y volviendo a exponer el horror vivido más de 40 años después. Por ese centro de exterminio pasaron alrededor de 5000 detenidos y detenidas desaparecidas.

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Otro tanto sucede con lo que se ha denominado “impunidad biológica”. Cuando la muerte llega antes que el juicio o la condena. En esta situación hay 904 personas, de las cuales 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Es decir, más de la mitad de las personas acusadas de haber sido parte de la dictadura cívico-militar-eclesiástica falleció impune. Un balance que debe llamar la atención por la lentitud con la que se llevan adelante los procesos judiciales, donde siguen siendo los sobrevivientes, los familiares quienes aportan las pruebas, y los archivos de la dictadura siguen en su inmensa mayoría, bajo llave.

Si analizamos particularmente el año que acaba de finalizar, fallecieron impunes 36 personas investigadas por crímenes contra la humanidad. A esto se le agregan 29 prófugos de la justicia.

No culpes al covid

2020 fue el año de mayor impunidad para los implicados en causas por genocidio. En aras de justificar la grave lentitud y caída en el dictado de sentencias, podría atribuirse a la pandemia y la cuarentena obligatoria la razón de esta situación durante el año que acaba de concluir. Al cierre del informe de la Procuraduría, el 5 de diciembre, y desde enero, se dictaron solamente 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones. Los últimos días del año 2020 se agregaron dos sentencias más: en la causa CNU en Mar del Plata, y otra en Paraná, Entre Ríos.

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La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló en su informe que la caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”. Ese año se dictaron 18 sentencias, lo que contrastó con las 27 de 2017.

El Ministerio Público da cuenta también de que existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio. Solamente 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021.

En consecuencia, "además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido", indica el informe.

Finalmente, el informe indaga en la cantidad de represores implicadas en delitos durante la dictadura genocida que se encuentran cumpliendo arresto domiciliario en lugar de estar cumpliendo la pena o la prisión preventiva en una cárcel común.

Sobre un total de 863 detenidos, 638 lo están cómodamente en sus domicilios.

“Espiral recursivo”

Con ese concepto concluye el informe y hace referencia a la lentitud en los procesos judiciales, centralmente debido a la manera en la que se (no) resuelven y quedan dilatados sin sentencia firme, al punto que como dijimos más arriba, el 70% de las sentencias no son firmes porque fueron recusadas (y los expedientes en los que fueron presentados recursos ante la Cámara de Casación son reenviados a los Tribunales Orales para dictar fallos nuevos sobre los puntos recurridos por las partes ante la instancia judicial superior). Sesentaicinco de esas causas duermen en manos de la Corte Suprema.

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“Además, este año se llegó al registro más bajo de causas con requerimiento de elevación a juicio desde el año 2015. Asimismo, agregamos al análisis el promedio de tiempo que se estima entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo de la corte (5 años y 2 meses)”, indican desde la Procuraduría.

Seguir luchando por el juicio y castigo a los genocidas

Catorce años después de la reapertura de los juicios contra los genocidas, dos históricos reclamos de sobrevivientes, querellantes y organismos de derechos humanos siguen vigentes y se demuestran urgentes: por un lado, que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos, terminando así con el desfile de víctimas por los Tribunales teniendo que relatar lo que ya contaron durante estos casi 40 años en diversas instancias, revictimizándolos.

Por otro lado, la apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte del engranaje genocida para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones. Sin la apertura de los archivos es imposible llegar a juzgar a todos los responsables.

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No vamos a dar vuelta de página como reclamó hace casi un año atrás el presidente Alberto Fernández. No vamos a reconciliarnos, ni perdonar, ni olvidar, por más que con la excusa de la pandemia hayan sacado al Ejército a la calle buscando darle una máscara humanitaria y democrática. Seguiremos exigiendo juicio y castigo, sabiendo que no sólo son las personas, sino una institución que a lo largo de su historia empuñó sus armas contra el pueblo y los trabajadores.

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