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Red Internacional

Con 107 feminicidios, agosto fue el mes más violento para las mujeres en nuestro país. Es también la cifra más alta de lo que va del sexenio de AMLO.

Miércoles 22 de septiembre | Edición del día

Este miércoles, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció un informe sobre seguridad e incidencia delictiva en el país. Destacó que de enero a agosto de este año, el feminicidio registró un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según Rodríguez, agosto fue el mes más letal para las mujeres en México, con 107 casos registrados (un incremento del 57.3% con relación al mes anterior, cuando se registraron 68 casos). Esta cifra es la más grande que ha alcanzado este delito en el sexenio actual.

Con Guardia Nacional en las calles, feminicidios al alza

En su informe, la funcionaria buscó matizar estas cifras asegurando que el aumento es debido a un cambio en la metodología para tipificar este delito, implementado desde 2019. Según este criterio, los feminicidios ya no formarían parte de las estadísticas de "homicidios dolosos o culposos" los cuales indicaron, además, que la tendencia sigue al alza y consolidaron este sexenio como uno de los más violentos, con más de 100 mil casos de acuerdo con las cifras de la SSPC.

Las entidades del país con más de estos crímenes registrados son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora. Los municipios más violentos para las mujeres son San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco (Jalisco); Culiacán (Sinaloa); Juárez (Chihuahua) e Irapuato (Guanajuato).

Estas cifras llegan un par de días después de que Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa en donde el organismo señaló la impunidad en casos de feminicidios en el Estado de México, derivada de un sinnúmero de irregularidades que involucran las labores de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Ni la Alerta de Violencia de Género, ni la "paridad" en cargos públicos ha significado avances significativos para las mujeres y familiares de víctimas de feminicidio.

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Según destacó el organismo de DDHH en su informe al respecto, en 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en nuestro país. De éstas, apenas 940 fueron investigadas como feminicidios a nivel nacional. Para 2020, según cifras del INEGI, un promedio de nueve mujeres fueron asesinadas diariamente. Según la Cepal, cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo. Catorce de los veinticinco países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe.

Ante este panorama, está claro que no serán las salidas individuales las que cambiarán de fondo las condiciones estructurales que convierten a las mujeres pobres y trabajadoras en grupos "vulnerables" (violencia que se arrecia contra mujeres migrantes y trans). La pandemia, que tuvo como una de sus consecuencias más funestas el aumento de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, también causó estragos en nuestro país.

De cara a estas cifras, cabe destacar el contraste entre el discurso del gobierno federal y los hechos: Mientras por una parte el gobierno actual asegura que es "el más feminista" de la historia, por otra parte, sus prioridades presupuestarias relegan la atención a víctimas de la violencia, con el recorte del -0.3% que contempló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2022, mientras que en este mismo Proyecto presupuestario se asignaron 25 mil 211 millones de pesos a la Guardia Nacional.

Esto está muy lejos de garantizar un aumento salarial de emergencia que supere la brecha y aumente según la inflación para que las mujeres puedan acceder al costo de la canasta básica y acabar así con la dependencia económica, por ejemplo. El desfinanciamiento de la Guardia Nacional permitiría invertir esos recursos al financiamiento de planes de emergencia contra la violencia, mientras que el cese del pago de la deuda externa y el cobro de impuestos a las grandes fortunas podría convertirse en presupuesto para salud, educación o vivienda.

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Esta perspectiva sólo podrá conquistarse por medio de la organización independiente del gobierno y de las burocracias sindicales cómplices de los ataques a los derechos y conquistas laborales. Así lo ha dejado ver la lucha por el derecho a decidir y la lucha por Ni una menos que en nuestro país ha dejado distintas lecciones a lo largo de los años, como la importancia de forjar la más amplia unidad con nuestros compañeros de clase y otros sectores oprimidos para conseguir estas y otras demandas de manera efectiva.

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