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Red Internacional

Cifras que hablan. En Argentina, cada año hay más de 70 mil nacimientos de embarazos de niñas y adolescentes

El próximo 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En este marco, cobra importancia hablar sobre los embarazos que se suceden durante el período de la adolescencia, y de aquellos factores que pueden ser de análisis e incidencia en lo que los números visibilizan.

Jueves 26 de mayo | 08:34

En nuestro país, 7 de cada 10 embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años no son intencionales, es decir el 70,3%. Y esa tasa asciende a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, representando un 84,4%.

Cuando pensamos acerca de los embarazos en la adolescencia, podemos hablar de tasas e índices, que constituyen registros importantes para poder comprender la situación en que nos encontramos, pero también hablamos de derechos y de intencionalidades; de acceso a la salud, tomando como ello a la integralidad que la misma abarca. Como tal, debería ser un punto importante a pensar en las responsabilidades del Estado, en términos de políticas públicas.

Durante todo el proceso que vivimos en las calles con la marea verde y que finalmente terminó en la conquista del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, nos hemos cruzado con miles de adolescentes e inclusos niñas, que entre sus pancartas reclamaban derechos para decidir sobre sus propios cuerpos, y el derecho sobre todo a no ser madre siendo una niña, al grito vivo de: "niñas no madres". Aludían al gran número de niñas que fueron y son obligadas a parir, como los casos que todavía resuenan, en las provincias de Jujuy y Salta o el caso de Lucía en la Tucumán de Juan Manzur, que luego cobró alcance internacional, y que implicó una verdadera tortura para una niña de 11 años. Todas ellas, niñas que fueron obligadas a parir, con la complicidad de las Iglesias y la responsabilidad del Estado.

Una imagen que se pudo registrar en los días de la marea verde, fue una niña tomada de la mano de su madre, con un cartel escrito por ella misma que decía “si te indigna viéndome en la calle, imagíname siendo madre”, resaltando en ello el concepto de sujetos de derecho en las infancias y como tales, el derecho a ser protagonistas también de sus propias historias. Porque hablamos de eso exactamente, el derecho de las niñas y adolescentes.

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En los informes de UNICEF se toman las estadísticas anteriores al censo que se realizó la semana pasada, y hablan que un 29% de la población argentina tiene menos de 18 años. Y como dato contrastante informan que se producen 70 mil nacimientos de embarazos de niñas y adolescentes. Ser madre antes de esa edad, implica un gran número de embarazos no intencionados, pero también indica que muchos de ellos han sido producto de abusos, violaciones o trata.

Qué dicen las estadísticas

Cuando se habla de embarazos que transcurren en la adolescencia, se hace una división entre lo que se denomina “temprana” que va desde los 10 años hasta los 15 años, y la “tardía” que es el período que comprende desde los 15 años hasta los 19 años, aunque esta división suene arbitraria y polémica, es utilizada para analizar los índices de bebés nacidos vivos de madres entre los 10 y 19 años.

Según lo que publica en la página de UNFPA Argentina (Fondo de Población de las Naciones Unidas), el último informe presentado en 2021 por el Ministerio de Salud, donde se observa que sobre el índice de natalidad (bebés nacidos vivos) total, el 11,5 % de esos nacimientos corresponden a madres entre los 10 y los 19 años de edad.

Y según los datos que figuran en la página del Ministerio de Salud, “en nuestro país, 7 de cada 10 embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años no son intencionales, es decir el 70,3%, y 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años no lo son (84,4%)”.

Cabe destacar también que hasta el mes de enero del 2022, el Sistema Informático Perinatal (SIP), que releva el 80% de las maternidades públicas del país, indica que el 29% de las adolescentes tuvo un hijo/a por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

Es importante remarcar también que ese dato no da cuenta de toda la realidad, ya que la estadística solo tiene en cuenta a los nacidos vivos. No toma en cuenta a infancias y adolescencias que tuvieron acceso a la ILE O IVE actualmente.

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Cuando se produce un embarazo en este período de la vida, las causas pueden ser muchas, y esto trae consigo consecuencias. Siempre que se habla de embarazo adolescente no intencional, se habla de vulneración de derechos, pero para pensar sobre esta definición podemos tomar datos que lo sostienen sobre educación y trabajo.

Según la investigación presentada por el Ministerio de Salud, el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia no completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel.

En cuanto a la educación terciaria, el 3% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia alcanzó ese nivel en comparación con el 10 % del otro grupo. La situación se repite a nivel universitario con 1 % en el primer grupo y el 5% en las que fueron madres en edad adulta.

En cuanto al impacto en el campo del trabajo, las madres tempranas (10 a 19 años) son afectadas por la inactividad laboral en un 25% más que quienes lo fueron en la primera década de edad adulta (20 a 29 años). Además cuando quieren ingresar al mercado laboral las madres registran niveles de desempleo un 21,4% mayor que el grupo de las adultas. Finalmente estas últimas obtienen ingresos laborales un 29% superior a quienes lo fueron en la adolescencia.

Ahora bien, según las informaciones recientes, el índice de embarazos no intencionados ha mostrado un leve descenso en la franja étarea que va de los 15 a los 19 años con respecto a las cifras que se obtuvieron en el año 2016, pero las cifras que van en la franja de 10 a 15 años se mantienen, las cuales merecen una preocupación especial, ya que la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas o explotación sexual es mas alta.

Así, podemos pensar, que la distribución de los índices no es homogénea a nivel nacional, donde provincias como Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Salta o Tucumán mantienen los índices mayores de embarazo entre niñas de 10 a 15 años y de la misma manera, se observa que incluso son provincias que tienen mayor influencia de las iglesias como Tucumán que Manzur la declaro ProVida; o Salta que aún mantienen la enseñanza de religión en las escuelas públicas.

El informe de la UNFPA “Visibilizar lo invisible”, hace un análisis y referencia a la situación de personas gestantes a nivel mundial donde plantea sobre cuestiones emergentes en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Allí pone el foco sobre la situación actual de crisis y guerras como la de Ucrania, y expone cómo ante estas situaciones son las mujeres las que pierden todos los derechos de decidir en todos los sentidos y el impacto se observa en el aumento de los embarazos no intencionados.

En este marco, pensar el embarazo adolescente con todas las aristas que plantea, sea desde la complejidad del abuso, relaciones forzadas o trata, como así también pensar la salud y la educación como posibilidades de elegir, pero también de acceder a una adecuada atención, con información científica y con el acceso a métodos de cuidado y protección. Cabe remarcar que en algunas provincias del país aún se sigue exigiendo la efectiva implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, ya que hay Gobiernos provinciales, como en el caso de Tucumán, que obstaculizan el acceso a la ESI y sostienen un falso debate sobre la adherencia a esta normativa.

Los embarazos adolescentes, al contrario de lo que intentan plantear desde sectores anti derechos, no tienen que ver con aspectos culturales ni mucho menos “proyectos de vida”. Muy por el contrario, en un sistema donde la vida de las mujeres está sujeta a los intereses de Gobiernos de turno o de sectores oscurantistas como la Iglesia, poco se puede hablar de elecciones y proyectos. Se hace necesario señalar a ese Estado responsable, que destina millones al pago del FMI en lugar de garantizar el acceso a las infancias y adolescencias a sus derechos elementales.




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