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Red Internacional

Las comunidades indígenas de todo el país están en vilo a la espera de la prórroga a la ley 26.160 que vence este 23 de noviembre. Es la única herramienta legal para no ser desalojados de sus tierras ancestrales.

Gisela Miliani@giselina576

Jueves 18 de noviembre | 12:09

Cerca de 2000 asociaciones comunitarias indígenas de todo el país podrían perder el único recurso legal que las ampara de las decenas de pedidos de desalojo que pesan sobre los territorios que ocupan ancestralmente. Pese a las advertencias, pedidos, cartas, acampe y marchas, la agenda política del Congreso de la Nación le da la espalda a los reclamos de los pueblos originarios. Ante la gravedad del problema, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, anunció que la continuidad de la ley podría salir por DNU.

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En el día de ayer, organizaciones indígenas acompañadas por distintos sectores comenzaron un nuevo acampe y vigilia frente al Congreso bajo la consigna “Por la prórroga de la LEY 26160 que protege a nuestra madre tierra”. El 30 de octubre pasado habían presentado una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Masa, solicitando el tratamiento de la prórroga con carácter urgente, pero a días de su vencimiento, aún no hay fecha.

En Jujuy, donde la situación es dramática, diputados del PTS/FIT-U presentaron un proyecto de Declaración para que la Legislatura de Jujuy se pronuncie y acompañe el reclamo de los pueblos originarios en defensa de sus derechos territoriales. El FIT-U, además, se sumó ayer al reclamo de la prórroga de la ley 26.160, como expresó el diputado Giordano (IS) en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Los alcances de la ley 26.160

La ley 26.160 o de Emergencia Territorial Indígena fue sancionada en 2006 para morigerar la situación de vulnerabilidad que sufrían (y sufren) las comunidades originarias debido al avance sobre sus territorios de la frontera agrícola, los proyectos extractivistas mineros y madereros y los grupos inmobiliarios. Además de suspender los pedidos de desalojo, la ley ordena un relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas para otorgar posteriormente los títulos de propiedad comunal, para lo cual se encomendó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), hoy presidio por Magdalena Odarda, la tarea de relevar los territorios con equipos interdisciplinarios y la participación de las comunidades.

Este trabajo de relevamiento, que en principio debería haberse realizado en unos pocos años, ya lleva 15 años y aún son muchos los pueblos que están a la espera de ello. La ley se prorrogó tres veces (en 2009, 2013 y 2017) y se advierte su debilidad: la ley no se respeta y los desalojos se producen de hecho ordenados por jueces y ejecutados por las policías provinciales. Las comunidades enfrentan una situación sumamente crítica. La defensa de sus tierras es también la defensa de un valioso mundo cultural y natural.




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