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Empleadas domésticas: ¿cómo sigue la cuarentena?

Este trabajo sigue exceptuado según el gobierno. Sólo deberían trabajar las que tengan tareas de cuidado si no son parte de la población de riesgo. Pero la realidad es muy distinta. Despidos, trabajar igual, no recibir los salarios que corresponden o empleadores que dicen que el Ingreso Familiar de Emergencia reemplaza al salario. Siempre blanco de abusos.

Evelin Cano

Empleada doméstica CABA - Integrante de La Red de Precarizadxs

Agustina Ferro

Estudiante de Derecho - CeProDH

Lunes 20 de abril | 22:33

El gobierno amplió las actividades esenciales hace días y las empleadas domésticas aún no fueron exceptuadas de la cuarentena, solamente lo están las que realizan tareas de cuidado de personas, no tengan a su cargo hijos menores o no sean parte de la población de riesgo y se encuentran registradas, porque para las que no están, es decir están “en negro”, la situación es aún más grave: o se quedaron sin trabajo, o no tienen permiso para salir a la calle. Hablemos realmente cómo sigue la cuarentena para el 97% de mujeres que realizan este trabajo y el 60% que no está registrada.

A partir de Mayo, con la nueva escala salarial, quienes trabajan retirándose de la casa de sus patrones tendrían un salario de 17.785 pesos y quienes duermen donde trabajan cobrarán 19.777 pesos, cuando la canasta familiar está alrededor de 40.000 pesos. No se pagan ni siquiera los salarios que corresponden por más que una esté registrada, ni antes, ni durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Además desde que empezó el confinamiento, los casos son múltiples y los ejemplos se repiten: se obliga a las que están exceptuadas a trabajar igual o, más grave, a quedarse a pasar la cuarentena en las casas de los patrones. En estos días, quizá lo más indignante es que ante la vista de todos (de los gobiernos, de los ministerios, de los funcionarios, de los sindicatos) muchos patrones sostienen incluso que no tienen la obligación de pagar los salarios porque a las empleadas de casas particulares les corresponde el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de unos míseros 10 mil pesos. Lógicamente una cosa no exime a la otra, pero el ingenio de los empleadores llega a este grado de miserabilidad.

Es parte de las decenas de denuncias que nos llegan diariamente a La Izquierda Diario: mujeres que no pueden acceder a la IFE porque tienen algún familiar que ya cobra un magro plan social; trabajadoras de casas particulares a las que se les niega el pago del salario por este anuncio estatal, que además no llega a todas, y un largo y alarmante etcétera que se prolonga ante la vista de las instituciones del Estado.

El destrato no es producto de la pandemia

Leo realiza trabajos de cuidados hace 4 años, tiene 30 años y trabaja desde los 18, pasó por varios trabajos no registrados. En este último como niñera la pusieron “en blanco” pero por la cuarentena no le están pagando, “mi empleadora trabaja remoto, hasta que no le levanten la cuarentena no creo que me llame, el recibo dice una cosa pero no se cumple. Ahora estoy haciendo una changa en casa”. Para poder mantenerse en estos días está cosiendo unas batas de hospital en la casa, la suegra tiene un tallercito de arreglo de ropa.

En un artículo publicado por Latfem el 3 de abril, día de las empleadas domésticas, Carlos Brasesco, apoderado legal de la UPACP (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares de Argentina) decía que “la trabajadora debe cobrar su remuneración habitual, aunque no se presente. El decreto 297/2020 indica que todas las trabajadoras que estén dispensadas de prestar labores igual tienen derecho a cobrar su remuneración habitual (artículo 8) y que el/la empleador/a se la abone”. Lo cierto es que esto no sucede, o sucede rara, muy rara vez. La amplia mayoría de las trabajadoras particulares, al no estar registradas, se encuentra, por ello, en sus casas, sin trabajo, y sin sueldo.

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En Argentina hay un total de 1.250.000 personas que hacen trabajos domésticos y de cuidado pagos. 1 de cada 2 somos mujeres y según la AFIP en 2019, 680 mil no están registradas; lo que implica que no tienen aportes jubilatorios, ni obra social, ni licencias pagas, ni permiso para salir a trabajar. Por ende, una mayor desprotección para defender sus derechos. Los datos del INDEC del 2019, en cambio dice que son 1.730.000 personas. De ese total 515.000 están registradas y 1.215.000 no lo están.

Y aunque no hay cifras oficiales, sabemos que además, muchas, muchísimas de ellas, son trabajadoras inmigrantes, por lo que su situación es aún peor, ya que en muchos casos no tienen todos los papeles necesarios, o los tienen pero son discriminadas, también, por su nacionalidad. El ejemplo más brutal se vio en la denuncia que hicieron las trabajadoras de Nordelta.

Dora tiene 73 años, es paraguaya, y nos contaba que trabajó “casi 50 años y nunca me aportaron, contrayendo múltiples enfermedades reumáticas”. Ella, como muchas, trabajó “como cocinera, mucama, limpiando paraísos ajenos, de millonarios de recoleta, directivos de Shell y Bagó, curas italianos, milicos, dueños de textiles italianos, reacios a pagar lo que corresponde”. “Así fui envejeciendo”, relata. Conociendo bien cómo se manejan los más ricos y con una pensión que no le alcanza, ella llama a la juventud y a las mujeres a que no resignen a esta desigualdad y a estos abusos.

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La cuarentena golpea mayormente al sector no registrado que ya venía sufriendo ataques como rebajas salariales totalmente arbitrarios, reducción de horas, o directamente despidos por no aceptar esas rebajas. Marcela tiene 56 años, los últimos 4 años trabajó cuidando a dos personas mayores yendo y viniendo de geriátricos y casas lujosas “había días que no sabía cuando iba a volver a ver a mis hijos, pero un día me dijeron Marce, dame las llaves que vamos a cambiar las cerraduras, así me despidieron, contrataron otra persona a la que le pagan la mitad de lo que me pagaban a mí y la despidieron por la cuarentena”.

Dejar de ser invisible no debe ser papel mojado

A principio de año el Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) confirmaba que se quedarían sin el bono de 4 mil pesos y lo cierto es que hoy, aunque el DNU presidencial exima a la mayoría de trabajar y la norma garantice el pago íntegro del salario y la prohibición de despidos, esto casi que no se cumple. Los números son claros y los testimonios muestran la realidad. La mayoría ni siquiera está registrada, y las que sí lo están cobran mucho menos que el salario mínimo. Es por eso que no se puede hacer un simple llamado de “solidaridad” de los patrones cómo lo hace el sindicato, que recibe cientos de denuncias por día, cuando los millonarios y famosos son los que están en la primera fila de incumplimiento y maltrato a las empleadas, además de no contemplar a las que no están registradas, ni siquiera lleva hasta el final la demanda de las mujeres que denuncian un aumento miserable de Marzo del 10% cuando la inflación está en 40%.

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Así como lo decía Dora en sus 50 años de trabajo, conoció muy bien cómo se manejan los patrones y hoy las empleadas domésticas de Nordelta, que también saben de qué habla Dora, son las que se empiezan a poner en movimiento mediante grupos de Whatsapp para organizarse, porque saben que para todos los gobiernos fueron y siguen siendo las invisibles. No va a ser de la mano de sus discursos como se reconozcan y se garanticen sus postergados derechos.







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