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Red Internacional

Son veintitrés policías bonaerenes y un funcionario municipal los imputados por la persecución y muerte de Camila López, Anibal Suarez, Danilo Sansone y Gonzalo Domínguez, ocurrida el 20 de mayo de 2019.

Sábado 20 de marzo de 2021 | 15:51

El Juez de Garantías de la Plata, Eduardo Silva Pelossi, resolvió elevar a juicio la causa por la Masacre de Monte donde Camila López, Danilo Sansone, Anibal Suarez y Gonzalo Domínguez resultaron muertos y Rocío Quagliarello quedó gravemente herida, luego de ser perseguidos a los tiros por efectivos policiales en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en la localidad de San Miguel del Monte. El juicio estará a cargo del TOF N° 4 de La Plata.

Son 23 oficiales de la Policía boanerense los acusados del crimen que conmocionó al país y que demuestra una vez más que el gatillo fácil es una política represiva del Estado que se mantiene a lo largo de todos los gobiernos.

Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez, señalados como coautores de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público", al ser los oficiales que persiguieron a los jóvenes y efecutaron los disparos que produjeron el choque.

Florencia Stankevicuis, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Ángel enfrentan los cargos de "encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público"; Julieta Aguilera Rearte y Nelson Rodríguez por los cargos de "violación de deberes de funcionario público".

Por su parte Julio Micucci, José Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco, José Domínguez, Ciristian Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Marcelo Idarreta y Maia Valiente están acusados de "falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

El único funcionario que será juzgado en esta instancia es Claudio Martinez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad municipal al momento de ocurridos los hechos.

Aún está pendiente la causa que pesa sobre la responsabilidad de la exintendenta Sandra Mayol, quien operó para que el caso no cruzara las fronteras del pueblo y quedara en un "trágico accidente de tránsito" como quiso mostrarlo la policía. Gracias a la lucha firme de familiares y amigos de los pibes por saber la verdad a pesar del hostigamiento y la persecución, se demostró que fue un crimen y que el Estado fue responsable.




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