El yaguareté y su hábitat en riesgo: Gobierno de Salta avala desmontes para el agronegocio

La provincia está en el podio en deforestación a nivel nacional. El Gobierno de Sáenz sigue habilitando la destrucción en el Gran Chaco, territorio donde históricamente habita el yaguareté, una especie casi en extinción.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Miércoles 13 de enero | 15:10

Foto: Pablo Petracci | Greenpeace

Pasan las gestiones, pero el Gobierno de Salta sigue habilitando desmontes en forma permanente a pedido del agronegocio. El martes 12 de enero, a más de 300 kilómetros de la capital, se llevó a cabo una audiencia pública para el cambio de uso de suelo en la finca Establecimiento Agroganadero Chaguaral, en el departamento de Orán, que significa la autorización para arrasar con casi seis mil hectáreas de bosque nativo a pedido de la empresa Quebracho Colorado S. A., propiedad de los hermanos norteamericanos Paul y David Gabel. Un nuevo ataque al Gran Chaco, ese enorme reservorio de carbono y hogar de fauna silvestre, en un delicado momento para la biodiversidad y en plena crisis sanitaria y ecológica mundial.

Según denunció Greenpeace en una carta dirigida al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y al gobernador Gustavo Sáenz, esta habilitación implica el desmonte de 2764,97 hectáreas en una primera etapa y 2959,77 hectáreas en la segunda. “Se trata de uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña que aún persisten y se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la provincia”, dice la misiva, que lleva la firma de Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques en Greenpeace.

Cruz conoce muy bien esta región cercana a la localidad de General Pizarro. En diálogo con La Izquierda Diario, nos cuenta que con comunidades wichís y otros vecinos de la zona han realizado fuertes campañas contra la deforestación en la época en que Juan Carlos Romero era gobernador. Aunque a causa de la pandemia Cruz no pudo participar de la formalidad de la audiencia pública, afirma: “Conocemos los antecedentes de la empresa Quebracho Colorado, de terratenientes norteamericanos que desmontaron parte de tierras wichí en el Álamo, donde afectan a las comunidades de El Traslado y Zopota, quienes se encuentran en crítica situación de supervivencia al estar cercadas por desmontes”. En esa finca, dice, la compañía, dedicada al rubro forestal y la agroganadería, entre otros rubros, tiene autorizado el desmonte de miles de hectáreas. Cruz explica que de esa zona llegaron y se instalaron como mano de obra semiesclava y “refugiados ambientales” los wichís que habitan hoy en Pizarro.

Alerta por el yaguareté

Para Cruz es urgente conservar lo que define como “última conectividad de ecorregiones del Chaco y Yungas, más el Área de Gestión Territorial Integrada de Los Palmares, que la propia provincia definió y ahora pretende desconocer”. En el actual escenario climático y ecológico global, la especialista resalta el valor del bosque macizo de quebrachos, el hábitat por excelencia del yaguareté, especie en peligro y de la cual quedan apenas veinte ejemplares en el Gran Chaco. “Uno de ellos recientemente fue fotografiado en la Reserva Nacional Pizarro, que dista a 16 km de la zona que se pretende desmontar”, explica.

A comienzos de 2020 Greenpeace presentó un amparo inédito en el país en defensa de esta especie, expulsada sistemáticamente por las topadoras que destruyen el Gran Chaco, segundo ecosistema forestal de América Latina luego del Amazonas. Los yaguaretés necesitan al menos cuarenta mil hectáreas continuas de bosques para alimentarse y reproducirse. La demanda, sobre la que deberá pronunciarse la Corte Suprema, se basó en el incumplimiento de la ley de bosques por parte de cuatro provincias -Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero-, donde habita el yaguareté, y el Estado nacional.

Los desmontes deben ser prohibidos. Más desmontes significan más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.

Desde la organización ambientalista buscan que los desmontes sean prohibidos definitivamente. El daño que la expansión sin control del agronegocio puede causar al hábitat del yaguareté podría ser irreversible, apunta Cruz, además de aumentar los impactos sanitarios y climáticos negativos a nivel planetario.

No es ningún secreto el uso que dará Quebracho Colorado S. A. a estas miles de hectáreas. “Con fines de agroganadería” ya figuraba en la primera convocatoria a audiencias públicas realizada en marzo de 2020 por Jorge Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. La empresa, de estrechas e históricas relaciones con el Estado provincial (uno de sus apoderados se convirtió en funcionario en 2011), está autorizada también para operar en rubros como la cría, la matanza y el procesamiento de carne de ganado bovino, el cultivo de maíz, soja, cereales forrajeros y trigo. “Hemos visto también el expediente del proyecto y sabemos que planifican exterminar con cadeneo y quemar lo que quede del terreno para desarrollar la agroganadería”, denuncia Cruz.

Así es el desmonte con cadeneo. Video ilustrativo.

La práctica sistemática de deforestación en Salta se apoya en la categorización de zonas verdes según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vencido desde 2014. Desde ese año y solo hasta 2019 han desaparecido 176 563 hectáreas de bosques en la provincia, que, según Greenpeace, en un triste récord lidera la deforestación en Argentina junto a Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

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El avance sin freno de los desmontes en extensas áreas constituye un verdadero crimen ambiental y sanitario, que agrava el contexto socioeconómico salteño, donde la pobreza infantil se pronosticaba cercana a 65 % en 2020, especialmente entre comunidades indígenas, cuyas condiciones estructurales de vida, con ausencia de atención sanitaria y trabajo digno, desnutrición endémica, y constante exposición a fumigaciones con agrotóxicos, contrastan obscenamente con el énfasis de Sáenz en seguir garantizando suculentos negocios a los empresarios.

Este interés cortoplacista, con la venia estatal, además de sumergir en la pobreza y la precarización a las poblaciones acaba por empeorar las condiciones climáticas y ecológicas, con la pérdida de especies y aludes e inundaciones cada vez más voraces y frecuentes por la deforestación y la desertificación del suelo, además de redundar en mayores riesgos pandémicos por allanarles el camino a la proliferación y la transmisión de virus de animales a humanos.







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