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Red Internacional

Docentes de la Provincia de San Luis vienen luchando con asambleas, movilizaciones, denuncias y comunicados contra las políticas de ajuste y recorte que el Gobierno, encabezado por Alberto Rodríguez Saá, está ejecutando sobre la educación pública, en miras a implementar un enorme vaciamiento curricular, que afectará a toda la comunidad educativa.

Lunes 16 de mayo | 19:02

Docentes de la Provincia de San Luis vienen luchando con asambleas, movilizaciones, denuncias y comunicados contra las políticas de ajuste y recorte que el Gobierno, encabezado por Alberto Rodríguez Saá, está ejecutando sobre la educación pública, en miras a implementar un enorme vaciamiento curricular, que afectará a toda la comunidad educativa.

Las continuas jornadas de lucha protagonizadas por docentes y estudiantes son una clara expresión de repudio a las políticas educativas del régimen provincial y su séquito de funcionarios.

Un breve racconto de la situación educativa de la provincia

Tras más de treinta años de exigencias por la apertura de paritarias docentes, el Gobierno conducido por Alberto Rodríguez Saá lanzó una convocatoria - a principios de este año - hacia los gremios de la docencia (ASDE, UTEP, AMET, UDA, SADOP), a los fines de establecer una mesa de diálogo y negociación salarial.

No obstante, el Ministerio de Hacienda de la provincia, con antelación a la supuesta paritaria, ya había decretado un mísero aumento del 46 % para la administración pública, incluyendo a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Resulta llamativo que, al momento de anunciar este aumento salarial, la Ministra de Educación (María Eugenia Cantaloube) decía que, en las semanas posteriores, se iba a llevar a cabo la primera e "histórica" paritaria docente en San Luis.

Sin embargo, en el transcurso de los diversos encuentros paritarios, la única voluntad manifiesta del Gobierno provincial era y es la de recortar los derechos conquistados por las y los docentes, y profundizar su política de ajuste en la educación pública.

Dentro de las justificaciones del Ministerio de Educación, aparecen ciertas alusiones a los efectos que ha causado la pandemia sobre las y los estudiantes: deserción escolar, baja calidad educativa, entre otras. Al mismo tiempo, los funcionarios del Gobierno no solamente responsabilizan a la situación de pandemia, sino que también señalan a las y los docentes como responsables de este deterioro en las condiciones educativas; siendo que la única política educativa que conoce la provincia desde 1983 es la de demonizar a las trabajadoras y los trabajadores de la educación, quitarles sus derechos y reducir los puestos de trabajo.

Ajuste para todos y todas

Estas mismas condiciones estructurales también se pueden visualizar en las recientes reformas llevadas adelante contra las trabajadoras y los trabajadores judiciales con la modificación de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, imponiéndoles recargo de trabajo, con el mismo personal existente, y limitando los asensos de la carrera judicial.

Por otra parte, otro sector que se ha visto afectado por estas políticas gubernamentales son las trabajadoras y los trabajadores del Plan de Inclusión Social, puesto que, recientemente, la Legislatura local aprobó un “Nuevo Plan de Inclusión”, el cual, condiciona a miles de familias, ya que solo pueden acceder a un salario (que no alcanza para nada) y a un solo beneficio / plan social, lo que denota que más que un "Plan de Inclusión" es un "Plan de Exclusión".

Y, volviendo a la cuestión docente, la supuesta “paritaria” lanzada en su momento fue una pantomima que buscaba legitimar la política arbitraria de modificar el Estatuto Docente, recortar las vacaciones, impedir la representación gremial y, a su vez, conformar una mesa técnica veedora de las actividades docentes, que suena más a un “Comité de Disciplinamiento” para "vigilar y castigar" a la docencia.

La "innovación" es una falacia

Desde un primer momento en que fue lanzada la supuesta “paritaria histórica”, en ningún momento toda la cartera ministerial se abocó a discutir sobre aumentos salariales, mayores derechos, mejoras en la calidad educativa para las y los estudiantes, equipamiento tecnológico, inversión en infraestructura edilicia, llamados a coberturas de cargos, capacitación permanente a la inclusión escolar o, al menos, consejos escolares con la participación de toda la comunidad educativa, para tratar las diversas problemáticas que acontecen diariamente dentro del aula y de la escuela.

Este ministerio de tecnócratas solo conoce de educación desde la comodidad de su escritorio. Esto sumado a que el “supuesto” fracaso de la educación que insinúan los funcionarios provinciales, les ha sido adjudicado a las y los docentes, quienes son meros engranajes de las decisiones políticas aplicadas bajo los caprichos del ejecutivo provincial.

Bajo estos pretextos, el Gobierno tiende a aniquilar lo público en materia educativa gestando fragmentaciones y dispositivos a partir de la descentralización en materia educativa como son: las escuelas autogestionadas, generativas, digitales, entre otras. Además de destruir la carrera docente, estas instituciones ofrecen contrataciones bajo el régimen del monotributo, contratos por tres meses, sin ningún tipo de estabilidad laboral. A esto se le suma que los gremios que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación son muchísimos, con una política totalmente pasiva, sin ánimos de realizar ningún tipo de movilización contra la ejecución de este tipo de implementaciones que intenta imponer la gobernación.

En este sentido, el despliegue de las movilizaciones llevadas a cabo hasta ahora debe poder constituirse como una organización que integre a las bases docentes junto con las familias, estudiantes, personal de maestranza y el resto de los sectores de trabajadores, que imponga un plan de lucha que arranque de la pasividad a las burocracias sindicales de la provincia, a los fines de poder discutir e injerir sobre la política salarial y educativa, los lineamientos curriculares, las prácticas pedagógicas, y para que la paritaria de las y los estatales sea real y no una estafa.




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