Internacional

REFORMA LABORAL EN BRASIL

El poder judicial brasilero sale a la ofensiva contra los derechos laborales

Miércoles 2 de noviembre de 2016 | Edición del día

El poder judicial del vecino país está en una ofensiva abierta contra los derechos de los trabajadores, haciéndose cargo de implementar de inmediato una especie de reforma laboral. El presidente del Tribunal Superior Electoral (STE) y juez de la Corte Suprema (STF) Gilmar Mendes dijo este lunes que la Justicia del Trabajo “desfavorece las empresas en sus decisiones” y plantea el gran desafío de tasa de ocupación.

El ministro Gilmar Mendes defendió este lunes un amplio debate sobre las funciones de la Justicia del Trabajo. “Mi concepto es el siguiente: la Justicia del Trabajo no puede perder de vista la protección del empleado y tiene que garantizar también la empleabilidad”, dijo el juez. Su debate sobre “empleabilidad” en realidad significa la adecuación de las condiciones de trabajo y derechos de los trabajadores a los niveles más bajos para garantizar el máximo de ganancias para las empresas.

Gilmar Mendes afirmó que no está poniendo en jaque la actuación de los jueces del Trabajo, sino que pretende poner en tablas cuestiones institucionales para mejorar esa área del poder judicial. El presidente del TSE está empeñado en poner el poder judicial al frente de la precarización del trabajo y de los ataques, generando así un muro para evitar el desgaste directo del gobierno de Temer en este tema, mientras es el poder judicial el que ya aplica las reformas laborales.

Este viernes (28) un grupo de 18 de los 27 jueces del Tribunal Superior del Trabajo (TST) protocoló un oficio en el gabinete de la jueza Cármen Lúcia, presidente del STF, manifestando “incomodidad profesional y personal” ante las declaraciones de Gilmar, de que la Corte del Trabajo “desfavorece las empresas en sus decisiones” y que hay un “aparateo” de la Justicia del Trabajo por “segmentos del modelo sindical”.

Este roce interno en el poder judicial de ninguna manera representa un “lado” más cercano a los intereses de los trabajadores. Gilmar está tensionando el poder judicial para que termine con los derechos laborales, pasando por encima de los derechos conquistados en la CLT (equivalente al Convenio Colectivo de Trabajo).

“A veces se tiene el propósito de sobreproteger al trabajador, olvidando que tal vez existan sindicatos fuertísimos, bien estructurados, que disfrutan de sobreprotección en un régimen de tutela indebida y no se tiene el reconocimiento de los acuerdos colectivos”, destacó Gilmar Mendes. “Es una forma de sobreprotección”.

Gilmar, que vive en el mundo de los “privilegios”, parece ver una realidad en la que las condiciones de los trabajadores están en el mismo nivel que as de los patrones, tanto en las condiciones de vida como en el momento de las negociaciones. El patrón no solo usurpa la fuerza de trabajo de los empleados y lucra con ellos, viviendo con toda la riqueza que producen los trabajadores, también de acoso moral, amenaza de despido y recorte de derechos para chantajear a los trabajadores. Y cuando no resulta, todavía puede utilizar el auxilio de la policía para reprimir.

Es decir, condiciones completamente divergentes. Gilmar continúa, “Cuando digo que la Justicia del Trabajo no puede perder de vista la protección del empleado y tiene que garantizar también la empleabilidad, solo quiero alertar de que el gran desafío en el mundo contemporáneo, ante la revolución tecnológica que vivimos, es la empleabilidad”. El juez advirtió sobre las consecuencias “de la creación de un modelo de sobreprotección (de los trabajadores)”. “En realidad, hay un estímulo para que se supriman más vacantes del sistema laboral”.

El aparente modelo de sobreprotección se daría en el país donde las personas trabajan hasta 12 horas por día, sin tener acceso a la cultura, salud, educación y transporte, en el que hay un ejército de trabajadores tercerizados con poquísimo derechos. Para el poder judicial hay que ir más allá, la “empleabilidad” es justamente rebajar aun más los derechos, condiciones de vida y trabajo, y sumado a ese duro ataque, impedir el derecho de huelga.







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