Internacional

BOLIVIA Y LA CRISIS SOCIO-SANITARIA

El nuevo ministro de Salud de Bolivia expresa un avance más represivo

El reciente cambio en el ministerio de Salud en medio de la crisis del COVID-19, significa un salto en la subordinación del país al imperialismo y se constituye en un peligro para la vida de trabajadoras, trabajadores y del pueblo pobre.

Javo Ferreira

Militante de la LOR-CI

Sábado 11 de abril | 01:44

La renuncia de Aníbal Cruz al frente del Ministerio de Salud luego de casi 5 meses en el ejercicio del cargo, y su reemplazo por el médico neumólogo, Marcelo Navajas, en medio de la mayor crisis de salud vivida en el país, expresó la decisión de avanzar en la intervención de los servicios departamentales de salud (SEDES) dependientes de los gobiernos autónomos.

Esta decisión que se efectivizó horas después de producida la renuncia avanza en la centralización administrativa, burocrática y por derecha del sistema de salud público y a la que el hoy ex ministro rechazaba arguyendo que esta medida iba a generar rechazo y "que no se puede andar metiendo presos a todos".

Este cambio por parte del autoproclamado Gobierno de transición de Áñez profundiza las relaciones carnales con el imperialismo norteamericano al poner en un momento decisivo no solo a personal de su confianza sino también que deja la lucha contra la pandemia, ya no en un tecnócrata neoliberal como fuera Cruz, sino directamente en manos de mercaderes de la salud.

Apenas anunciado el cambio de ministro, se dio a conocer que entre las medidas para garantizar la cuarentena el Gobierno estudia el control de las y los sospechosos de ser portadores del virus mediante la implementación de “tobilleras” que impidan que los mismos puedan desplazarse fuera de sus domicilios. Con estas medidas se avanza en la criminalización de la enfermedad mientras se evita garantizar desde el Estado todos los implementos de bioseguridad y test masivos a la población lo que permitiría terminar con una política basada esencialmente en la represión y militarización del país. Debemos exigir a todas las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares que impulsen la demanda de #TestMasivosYa, #DistribuciónMasivaDeInsumosDeBioseguridadYa, #ReactivosYa y #AbajoLaMilitarización.

Según diversas fuentes de prensa y de las redes sociales se pudo conocer que Navajas formaría parte del ala “dura” del Gobierno de Añez, vinculado a Erick Foronda, quien se autodefinió en una entrevista como un “agente de la CIA” y que hoy funge como asesor personal y hombre fuerte de Áñez.

Recordemos que Foronda fue jefe de prensa de la embajada norteamericana cuando ejercía funciones Goldberg quienes abandonaron el país juntos el 2008 cuando se rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y luego de la asonada derechista de septiembre de ese año.

Navajas habría ejercido funciones como médico oficial de la embajada norteamericana durante años, así como su padre ha sido parte no solo del Gobierno del fallecido ex dictador, Hugo Banzer Suarez, sino que además miembros de su familia son prominentes miembros de la élite empresarial, dedicados al negocio de la salud con la clínica Virgen de Guadalupe en la ciudad de La Paz, entre otras.

En las últimas horas se desempolvó la historia del “flamante” ministro de Salud quien el año 2007 fue acusado por estafar a un paciente terminal de cáncer apropiándose de recursos destinados a su curación, extremo que intentó ser desvirtuado por el ministro al resaltar su absolución.

El cambio de ministro, también ha puesto de relieve el papel de Luis Larrea -ex presidente del Colegio de Médicos de La Paz-, y conocido por el rol pro-golpe que desempeñó durante las crisis de octubre y noviembre del año pasado.

Larrea, 24 horas después de la posesión de Navajas, fue designado como viceministro de salud. Recordemos que en otras oportunidades dejó entrever posiciones brutalmente racistas y elitistas al señalar que “el sector de salud tiene una diferencia con lo que son movimientos sociales. Primero sabemos pensar, sabemos leer (…)”. Esto pone en evidencia la naturaleza social de este sector de médicos-mercaderes de la salud y representantes del “proceso pitita” (movimiento cívico que inició el golpe de Estado) surgido en octubre del año pasado.

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Entre las primeras reacciones a lo que viene sucediendo en el Ministerio de Salud, tenemos las declaraciones de Cleto Cáceres, actual presidente del Colegio Médico, quien denunció que el caso de la muerte de una enfermera por Covid-19 en el departamento de Santa Cruz se pretendía ocultar a la prensa. Agregó que el Colegio Médico se declara en emergencia ante la ausencia de insumos de bioseguridad y señaló que el personal de salud estaría adquiriendo los insumos que puede con sus propios recursos.

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Así mismo el Sindicato de Ramas Médicas y de Salud Pública (SIRMES) de La Paz, rechazó el nombramiento de Larrea como viceministro y denunció que lejos de ser un nombramiento técnico y orientado a la lucha contra la enfermedad, esta designación tiene un alto contenido político ajeno a los problemas que afectan al sistema de salud.

Para las y los trabajadores así como para el movimiento indígena, campesino y los sectores populares todos estos anuncios son señales de que de extenderse la enfermedad, significaran una virtual condena a muerte, ante una política estatal que frente al coronavirus pretende alimentar los negocios de los propietarios de diversos centros de salud, como el actual ministro, así como agravar la criminalización de la cuarentena y de los eventuales contagiados.

Ya en clínicas privadas según informaciones de prensa, el costo para hacer un test rápido ronda los casi 900 bolivianos, permitiendo de esta manera que solo quienes poseen dinero puedan acceder a un tratamiento rápido garantizado por quienes lucran con la salud.

Lejos de implementar test masivos para mapear las áreas y grupos de riesgo, la política para enfrentar el virus por parte del Gobierno de Áñez, es avanzar en la represión y criminalización de los más humildes, arriesgando la vida de todos aquellos que no estén en condiciones de pagar un servicio de salud ofrecido por médicos especialistas en negocios.

Es urgente exigir a la Central Obrera Boliviana (COB) la necesidad de impulsar la lucha por la nacionalización de todos los sistemas de salud y ponerla bajo control de las enfermeras y enfermeros, además de todo el personal de salud, única forma de que la lucha contra el Covid-19 esté al servicio de toda la población para salvar vidas y no de un grupo de empresarios hoy en función de Gobierno.

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