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Red Internacional

La Izquierda Diario accedió a la denuncia hecha pública por distintos medios que demuestra que desde abril se hace espionaje ilegal con el que se arman causas penales contra dirigentes y referentes de organizaciones sociales y políticas opositoras al Gobierno de Juntos por el Cambio. La muestra flagrante de que el radical Morales y el peronista Haquim criminalizan a quienes luchan por comida, trabajo y vivienda.

Daniel Satur@saturnetroc

Lunes 18 de julio | 14:11

El viernes pasado un conjunto de organizaciones sociales y políticas de Jujuy, entre ellos del Frente de Izquierda Unidad, tuvieron acceso a la causa judicial en la que queda demostrado que desde principios de abril la Policía de esa provincia se infiltra en el seno de esas organizaciones para obtener información con la cual luego armar causas judiciales y criminalizar la protesta.

Este lunes, en una conferencia de prensa realizada en la Plaza Belgrano de San Salvador, las organizaciones sociales que integran la UTEP, la CTA, el FITU, la Coordinadora de Organizaciones Populares, la UTEP Tosko, la Unidad Piquetera, la FNT y la CTA de Trabajadores y Autónoma brindaron detalles de la persecución ilegal que practica el gobierno del radical Gerardo Morales y el peronista Carlos Haquim. A su vez anunciaron una marcha provincial para este martes en la que exigirán el “cierre de todas las causas” y la “derogación del Código Contravencional” al tiempo que dejarán en claro que “las organizaciones sociales no son asociaciones ilícitas”.

Espionaje ilegal

El viernes 1° de abril el gobernador Gerardo Morales abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura de Jujuy. Como informó oportunamente este diario, allí acusó de delincuentes a los dirigentes sociales que encabezaron medidas de lucha contra la creciente pobreza que afecta fundamentalmente a trabajadoras y trabajadores desocupados.

Un día antes, en coordinación con esas expresiones del mandatario y referente nacional de Juntos por el Cambio, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de Jujuy, Diego Funes, ordenó “de oficio” (sin que hubiera denuncia previa) a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial realizar tareas de espionaje a las organizaciones acusadas por Morales. Así, “grupos de trabajo” de la Policía jujeña se infiltraron en las agrupaciones y movimientos, recabaron información e “individualizaron” a sus dirigentes. Días después, varios de ellos fueron detenidos y procesados.

El expediente motorizado por el fiscal Funes (al que accedió este diario) supera las 500 fojas. Según consta en el acta de inicio de las actuaciones, tras la directiva del fiscal del 31 de marzo la Policía procedió a cumplir con ella y sus tareas comenzaron el mismo día en que Morales abrió las sesiones legislativas. Los comisarios a cargo “designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones” a fin de “lograr individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización”. Más claro, imposible.

Además de la confección de casi ochenta “fichas” de referentes, con datos personales e información sensible sobre sus actividades y contactos, el producto de ese espionaje ilegal fue utilizado para perpetrar hace pocos días la serie de allanamientos en viviendas, comedores y locales en el marco de la campaña nacional de criminalización de esas organizaciones con la excusa del manejo que hacen de los planes Potenciar Trabajo. Una campaña que en las últimas semanas agitaron desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta los “halcones” de Juntos por el Cambio y que derivó en procesamientos por supuesta “asociación ilícita”.

En la infiltración cumple un rol central la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la provincia, que el 1° de abril organizó cinco “comisiones” supervisadas por el comisario general Marcelo Rodríguez. A cargo de ellas fueron designados el oficial inspector Hernán Cruz, los oficiales subinspectores Nahuel Arias y Edgardo Duarte y los oficiales ayudantes René Solís y Miguel Inca, quienes se repartieron un “diagrama” de organizaciones a seguir.

Las organizaciones sociales y políticas infiltradas son, entre otros, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente de Izquierda Unidad (PTS, Partido Obrero, MST), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Resistencia Popular (MRP), el Polo Obrero Tendencia, el FOB La Libertaria, el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, el MTR 12 de abril, la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Movimiento Evita.

A su vez la Policía se infiltró en organizaciones sindicales como la CTA Autónoma, ATE, Ambulantes, Feriantes y Afines de Jujuy (AFAAJ), la Intersindical de Trabajadores Estatales (ADEP, Apuap, Sadop, APOC y Judiciales), el Sindicatos de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la Agrupación de docentes 9 de Abril, entre otras. También a los trabajadores despedidos de Garbarino que luchan por su reincorporación.

Gran parte del expediente se nutre de información recabada por los infiltrados durante las movilizaciones contra el gobierno de Morales, comenzando por la del 1° de abril frente a la Legislatura. Allí se detallan los pasos que dan sus dirigentes y cómo se desarrollan las protestas y marchas, incluyendo supuestos “incidentes” producidos durante las movilizaciones. Abundan fotos de personas caminando o hablando por teléfono (mayoritariamente dirigentes). En algunos casos, en lugar de nombres y organizaciones precisas, se lee “persona no identificada”.

Sobre los referentes identificados se especifican domicilios, números de documento, CUIT, registros en AFIP, información bancaria y financiera, registros de automotor, de propiedades inmueble, lugares de trabajo y/o estudio, números de teléfonos y correos electrónicos, además de datos de sus convivientes.

“Un modus operandi que no se puede permitir”

En la conferencia de prensa realizada este lunes en San Salvador de Jujuy hablaron, entre otros, la diputada (MC) Natalia Morales y el concejal de la capital provincial Gastón Remy, ambos del PTS en el FITU. Denunciaron que “esta infiltración policial a las organizaciones y partidos se realiza como parte de un modus operandi por el cual intentan crear pruebas que avalen los allanamientos y luego la imputación a los dirigentes”.

“Se trata de una metodología de generar miedo no sólo en los sectores más golpeados por la crisis, las y los desocupados, sino también sobre el conjunto de los trabajadores como es el caso de los estatales donde hay listas negras y descuento de los días de paro, mientras el Gobierno avanza con una paritaria de hambre”, agregaron Remy y Morales.

Resaltaron además "que todo este operativo de espionaje y persecución ocurre bajo el total silencio del PJ-FdT jujeño, siendo un socio menor de Morales, tal como lo definió incluso el propio titular actual de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi", tras su pasó por la provincia días atrás.

En el caso de la inteligencia e infiltración también ocurre en otros ámbitos del país, recordaron los dirigentes, por ejemplo, "el escandaloso caso de Roberto Galeano, un coronel de inteligencia retirado del Ejército que se había infiltrado por órdenes del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni entre los trabajadores de la autopartista Lear durante las jornadas de cortes de la Panamericana en 2014 ante los despidos".

Ante esta realidad, desde el PTS-FIT, exigen a las centrales sindicales un plan de lucha unitario con paros y movilizaciones, junto a las organizaciones sociales, por el cierre de las causas y en defensa del salario, jubilaciones y planes sociales respecto a la inflación, por el empleo genuino peleando por un plan de obras públicas controlado por los trabajadores, donde se construyan miles de viviendas que hoy necesita el pueblo trabajador".

Desde Buenos Aires también denunciaron el espionaje del gobierno de Jujuy. La diputada nacional del PTS-FITU Myriam Bregman afirmó que “es muy grave que acusen a organizaciones sociales como asociaciones ilícitas. Nosotros ya habíamos sufrido el accionar ilegal de la inteligencia durante el gobierno de Macri, como cuando fuimos a Esquel a solidarizarnos con la familia de Santiago Maldonado a pocos días de haber desaparecido. Esa misma causa junto a la del ARA San Juan la semana pasada terminaron cerrándolas los Jueces de Comodoro Py. Esta impunidad es la que permite que Morales continúe actuando de esta forma en Jujuy”.

Su compañero de bancada Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy del PTS-FITU, agregó que “no se puede permitir el avance de este ataque sobre el derecho a la organización de los desocupados y mucho menos la infiltración policial. Todo esto tiene que caer, mañana voy a participar de la movilización junto a mi partido y las organizaciones, exigiendo además el paro provincial a las centrales y gremios porque solo con la fuerza de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, se puede poner un freno y abrir paso a una salida propia de las mayorías ante la crisis y no siguiendo las órdenes del FMI que aceptan tanto el gobierno nacional como provincial”.

Para Vilca no se puede permitir que el Poder Judicial jujeño “avance en esta nueva escalada con una causa armada, como ordenó directamente Morales el 1 de abril, contra todas las organizaciones. Por eso este martes 19 vamos a movilizar exigiendo el cierre definitivo de la causa junto a todas las organizaciones que vienen siendo perseguidas. Es necesario que las centrales sindicales rompan la tregua con el Gobierno y convoquen a un paro provincial y movilización para poner un freno a esta avanzada”.

“La solución a la desocupación, obviamente no puede ser la persecución a las organizaciones sociales, sino generar trabajo genuino. Para eso nosotros venimos planteando la necesidad de reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana sin rebaja salarial y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Con esto y un plan de obras públicas controlado por los y las trabajadoras, podremos terminar con este flagelo y resolver los problemas de vivienda, escuelas y hospitales que se necesitan”, concluyó el obrero de San Salvador y actual diputado nacional.

Por último, desde el PTS-FIT aclararon que hay un debate con un sector de las organizaciones sociales y asesores legales afines al FdT que insisten en que la solución sería solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de la Justicia jujeña, sin embargo, afirman que "no se puede esperar ninguna salida favorable para el pueblo trabajador desde arriba y reforzando el poder el Estado. Por otro lado, hay sobradas muestras de apoyo del gobierno nacional al propio Morales, e incluso en el PJ nacional que preside Alberto Fernández, y tiene dentro de sus consejeros a Rubén Rivarola, el titular del PJ jujeño, "socio menor" de la UCR. Hay que redoblar la unidad y la lucha en las calles con los métodos de la clase trabajadora, volcar toda la fuerza social de las organizaciones sociales y exigir paro a las centrales sindicales. Si tocan a uno, tocan a todos."




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