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UNIVERSIDAD PRIVADA

El marketing de la universidad privada en tiempos de coronavirus

A priori una noticia irrelevante, la gente con dinero quiere empezar el curso de forma presencial y en un calendario distinto al resto de las estudiantes andaluzas. Una actitud típica del señorito andaluz, querer colocarse por encima del resto.

Lunes 22 de junio | Edición del día

A priori una noticia irrelevante, la gente con dinero quiere empezar el curso de forma presencial y en un calendario distinto al resto de las estudiantes andaluzas. Una actitud típica del señorito andaluz, querer colocarse por encima del resto, una actitud que llevó al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla a mantener los exámenes presenciales en mitad de la pandemia mundial, aunque al final estos se hayan producido de forma online.

En este caso la Universidad privada Loyola, con 3 campus en Andalucía (dos en Sevilla y uno en Córdoba) se propone abrir el próximo curso de forma presencial sin problemas, una apuesta para señalar la efectividad de su centro educativo frente a los organismos públicos.

Así lo ha presentado el rector de la universidad fundada por los jesuitas, Gabriel Pérez, quien ha señalado que su centro a diferencia de otros posee unas instalaciones que permiten grupos reducidos manteniendo la distancia y asegurando las medidas sanitarias que el Gobierno indica.

El rector ha aprovechado para criticar que la Junta de Andalucía no ha tenido a su universidad en cuenta en las reuniones en las cuales se ha ratificado el acuerdo sobre criterios comunes para la adaptación de la enseñanza universitarias a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia de la Covid-19 durante el Curso Académico 2020-21, enviado esta semana por el ejecutivo andaluz.

¿Pero qué lleva al rector de una universidad privada a pensar que debe participar en tomas de decisiones de ese estilo? Básicamente porque la Loyola, al igual que otras universidades privadas, se ven favorecidas en el futuro frente a la pobre situación de una universidad pública, a la que ven posible ganar la competencia con la ayuda de los gobiernos autonómicos y estatales.

¿Qué buscan iniciativas como la Universidad Loyola en Andalucía?

Hacer dinero como es obvio en cualquier empresa, afirmar lo contrario sería mentir, porque es el objetivo de cualquier empresa privada. En concreto la Universidad Loyola reconocida por el Parlamento andaluz en 2010 y que abrió sus puertas al estudiantado por primera vez en 2012, afirma que “es una iniciativa social de carácter privado impulsada por la Compañía de Jesús, que recoge la mejor tradición de su misión educativa sustentada en el humanismo, la competencia profesional, la justicia y la inspiración cristiana como principales valores", en palabras de Ildefonso Camacho, presidente de su fundación, que las pronunciaba en un acto público en Córdoba en 2012.

La fecha no parece casual, la llegada de la crisis había golpeado gravemente a las universidades públicas junto con los efectos del Plan Bolonia (efectos que el actual Ministro de Universidades ve bien) y era obvio que estas empezaban a sentir el peso de los recortes.

En 2012 ya los promotores de la Loyola negaban estar siendo oportunistas y que no estaban aprovechando las horas bajas del sistema público para introducirse, sin embargo, desde su llegada dejaban claro que buscaban romper con el sistema universitario del momento.

Camacho se limitaba a explicar que había surgido una oportunidad en tanto que la demanda lo permitía, como si los recortes públicos en la universidad pública no tuvieran efecto alguno en las posibilidades de ofertas de los centros educativos. Desde el principio, la Loyola se quiso presentar como una universidad más del sistema andaluz, una mejor, por eso en muchos casos vemos que habla de ser la undécima del sistema universitario andaluz, obviando que se trata de un centro privado.

Ya en dicho acto celebrado en Córdoba, Jaime Oráa, rector de la Universidad privada de Deusto (el centro académico jesuita más antiguo del país), que había acudido a apoyar la iniciativa, mencionaba que era necesario acabar las distinciones entre centros públicos y privados, sino que estos debían guiarse por un paradigma de “calidad”. La idea según Oráa era modernizar el sistema español para que siguiera el de países más “avanzados”.

Debemos entender dicha modernización de la misma forma en que la hablaba el ministro de Universidades en su borrador de reforma universitaria, que la modernización lleva necesariamente a recortes en la universidad pública y a la aplicación de modelos de gestión privada, en definitiva a introducir a la educación de lleno en procesos de privatización que abran nuevos mercados.

No es que ambos personajes tengan un plan conjunto maléfico, es que precisamente al hablar ambos de países más avanzados no hacen más que hablar desde coordenadas ideológicas similares, las que plantean que el mercado se introduzca en la educación y la domine (aún más).

Pública vs privada

La Universidad Loyola se presenta como un ejemplo de excelencia y de inversión de recursos de forma acertada. Algo que aparentemente no se puede discutir, ya que la ampliación de sus instalaciones y su proyecto de pasar de tener 8.000 alumnos a proyectar unos 15.000 atestiguarían un éxito para la iniciativa. Lo que no se tiene en cuenta es que juegan con ventaja, no es la mano invisible del mercado lo que les ha favorecido, ha sido que han encontrado en la Junta de Andalucía bajo el gobierno del PSOE o del trifachito un aliado enorme en el que apoyarse para competir con las universidades públicas.

Algo que quedó retratado en la inauguración del campus de Dos Hermanas (Sevilla), a finales de 2019, donde acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE) y hasta el papa Francisco que vino a saludar la iniciativa.

En la inauguración el alcalde aparte de recordar el hecho de haber cedido los terrenos para la construcción de las instalaciones señaló el apoyo que la Loyola tuvo en los gobiernos autonómicos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán (el PSOE de los ERES), periodo en el que se llevaron a cabo los proyectos universitarios de la Loyola.

No sabemos si Toscano estaba jugando a favor o en contra de los jesuitas en dicho discurso, porque hacer guiños a las cabezas visibles de un caso de corrupción como el de los ERES y relacionarlos con el proyecto que estás presentando no parece una buena idea, pero así es el sempiterno alcalde de Dos Hermanas (ostenta dicho cargo de forma ininterrumpida desde 1983).

Juanma Moreno por parte del gobierno andaluz y representante del trifachito no quiso quedarse atrás e invitó a otras entidades a invertir en centros privados en Andalucía, afirmando que de esta forma mejoraría la educación en Andalucía al mismo tiempo que hablaba ya de reforma de la ley de universidades.

Este apoyo no es retorico, mientras que la universidad pública andaluza se come un recorte de 135 millones de euros en su financiación debido a que se van al fondo de reconstrucción del Covid-19, en la cruzada de la Junta de Andalucía contra el sistema público [http://www.izquierdadiario.es/La-cruzada-de-la-Junta-de-Andalucia-contra-las-universidades-publicas] la Universidad Loyola recibe 800.000 euros para proyectos de investigación al disponer de instalaciones y grupos de investigación con medios materiales para ser competitivos.

De esta forma se alimenta el mantra de su supuesta excelencia. Mientras unos tienen cada vez menos para investigar y ven sus condiciones de trabajo más precarizadas, otros no solo reciben apoyo del gobierno andaluz, sino que se ven con posibilidades de ganar financiación para proyectos de investigación. De esta forma, el rector de la Loyola se permite sacar pecho ante los progresos de sus centros educativos y habla de que una universidad como la de Sevilla tendría fama a nivel mundial de tener sus éxitos en investigación.

Nos gustaría saber cómo lo haría el señor Pérez si sus centros educativos llevasen décadas comiéndose golpes de gobiernos autonómicos y estatales que atacan sus recursos, precarizan a sus trabajadores y expulsan a miles de sus alumnos. La escoria de Pérez sabe que está situación puede hacer bola de nieve y justificar que sus centros se lleven cada vez más financiación debido a su supuesta calidad a la vez que la Educación Pública se va cayendo a pedazos por los esfuerzos políticos de los mismos partidos que fueron a la inauguración de su último campus en Dos Hermanas.

Esta situación de ventaja los lleva a plantearse abrir un centro en Granada, al mismo tiempo que la universidad pública de dicha ciudad anunciaba que el recorte de financiación de la Junta de Andalucía supone un 21% de reducción de su presupuesto.

Acabar con la meritocracia

El mito de la meritocracia y de guiarse por supuestos paradigmas de calidad es el pilar ideológico que justifica la existencia de proyectos como el de la Loyola. La idea de que crecen por la calidad de sus servicios y la excelencia de su alumnado, sin tener en cuenta la situación general del sistema público universitario y la política de privatización de la educación.

La idea de que crecen por la buena gestión de sus recursos y de que no están aprovechando una situación de evidente ventaja y apoyo político. Es por ello por lo que estas ideas deben ser desmontadas por cualquier iniciativa política que quiera combatir la privatización de la educación.

Es necesario proponer un programa político que incluya una Educación pública gratuita y de calidad, que se imponga no sólo a la meritocracia de las unis privadas, donde el dinero manda, sino también la existente en las universidades públicas, en la cual el sistema de becas es utilizado como excusa para evitar la completa gratuidad y accesibilidad de los estudios a cualquier miembro de la sociedad.

La educación como derecho inherente al ser humano, implica que uno pueda acceder a ella independientemente de sus recursos económicos, es decir que el estudiante de familia obrera no tiene por qué necesitar ser un estudiante de 10 para poder acceder a la Universidad Pública, debe poder acceder sea cual sea su expediente académico, como un simple ejercicio de lo que es su derecho como individuo. De la misma forma que un trabajador debe también tener derecho a acceder si lo desea a la enseñanza sin que esto le suponga mayores perjuicios.







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