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Red Internacional

Sectores K denuncian el lawfare y convocan a una movilización para este martes frente a los Tribunales de la Nación para exigir una reforma judicial. Por qué el PTS-Frente de Izquierda no participará. ¿Qué medidas hay que tomar para acabar con los privilegios de la casta judicial?

Martes 1ro de febrero de 2022 | 08:31

A nadie se le escapa que, en los últimos años, se produjo un salto en la injerencia de los Estados Unidos en los sistemas judiciales de varios países de América latina. Desde los años 90 que el imperialismo norteamericano insiste en la implementación de una agenda normativa que incluye las leyes antiterroristas, la ley del arrepentido, la figura del agente encubierto y otras cuestiones que, a su vez, guardan relación con la nueva modalidad utilizada contra gobiernos latinoamericanos de proscripciones, persecuciones y hasta golpes encubiertos bajo resoluciones de los parlamentos, las cortes supremas y otras formas que intentan darle visos de legalidad, dándole un poder mayor a los jueces para intervenir en la política.

También es sabido que el Poder Judicial se acomoda según dónde sople el viento y que, especialmente en el fuero Federal, es habitual el intercambio de favores con el gobierno de turno. Se recurre al uso indiscriminado de la prisión preventiva como método extorsivo o se amenaza con el desfile de arrepentidos, de uno u otro lado de la grieta política.

Mientras tanto, para el pueblo trabajador, casi se podría decir que lo menos malo es que "la justicia es lenta", porque en realidad, es bastante rápida para perseguir a los luchadores sociales o dictar fallos aberrantes, plagados de prejuicios misóginos contra las víctimas de violencia de género, mientras se perpetúa la impunidad para las mafias responsables de los grandes delitos, donde siempre hay fuerzas represivas o funcionarios implicados.

Por eso, una gran mayoría puede considerar, con razón, que hay que acabar con los poderes cuasi vitalicios y los ingresos solo equiparables a los de un CEO de multinacionales que tienen los jueces, como otras prebendas tales como la exención de pagar ganancias, que los convierte en una verdadera casta privilegiada.

Apoyándose en algunos de estos legítimos reclamos, este martes diversas organizaciones afines al oficialismo se movilizan a Tribunales y en otros puntos del país, para exigir, fundamentalmente, "el fin del lawfare" y repudiar a la Corte Suprema, reclamando una reforma judicial.

La propuesta, que surgió del juez Juan Ramos Padilla y Luis D’Elía, fue asumida con gran expectativa por el titular de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky, quien expresó que se tratará de una "verdadera epopeya del pueblo". Además de Yasky, Pablo Moyano, Omar Plaini y otros dirigentes sindicales, se espera la participación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi entre otros funcionarios. El viceministro de Justicia, Juan Mena se manifestó a favor de la manifestación, como también lo hizo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, interrogada sobre la participación del Gobierno en esta convocatoria señaló que es conocida la postura de la administración de Alberto Fernández sobre la Corte Suprema; sin embargo, distanció al gobierno de la convocatoria y señaló que se respetará el derecho de la sociedad a expresarse. Pero a nadie escapa que la misma coincide con las recientes declaraciones de Cristina Kirchner quien, en su visita a Honduras -donde asistió a la asunción presidencial de Xiomara Castro- expresó: "Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros financiados por quienes antes financiaron los golpes de Estado". Y agregó: “La Constitución se aplica y los jueces juzgan no de acuerdo a los derechos y los códigos, sino de acuerdo a los intereses que, siempre, están en contra de las mayorías populares”.

Pulseada entre el gobierno y la Corte Suprema

La movilización frente a los Tribunales ocurrirá en medio de la pulseada entre el gobierno y sectores de la Justicia sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y los cuestionamientos de Alberto Fernández a la Corte Suprema, donde dos de sus miembros asumieron el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, las propuestas de reforma del gobierno no van contra la casta judicial; como tampoco las apelaciones al respeto de la independencia de poderes o a la lucha contra la corrupción que enarbola la oposición derechista -alineada con los jueces de la Corte- representan algo más que un mero discurso.

Controlar la Justicia es importante para todas las fuerzas políticas tradicionales que ejercen o han ejercido la presidencia, porque de ello depende el avance o el estancamiento de causas penales por delitos de corrupción contra altos funcionarios y la persecución o la impunidad judicial motivada por razones políticas. Por esa razón, pasan los gobiernos y la reforma judicial cambia de color según el sector que lo impulse, pero mientras tanto el Poder Judicial se sigue consolidando como una casta por encima del pueblo trabajador que asiste como convidado de piedra a las causas que resuenan mediáticamente, sin percibir cuáles son las consecuencias cruciales para su propia vida.

Ahora, mientras se cierra el acuerdo con el FMI, el gobierno vuelve a enarbolar la bandera de la reforma judicial, para intentar menguar los costos políticos de la entrega y el ajuste que significa la atadura a los designios del organismo acreedor. Incluso, lo hacen para apaciguar los ánimos de los sectores del propio oficialismo que, aunque acompañaron las decisiones, mostraron cierto disgusto por lo acordado con el FMI.

Una programa para acabar con la casta judicial

Difícilmente la Justicia tenga verdadero interés en combatir la corrupción, por más alarde que haga de un discurso republicano de transparencia. La corrupción no es algo ocasional, sino estructural en el capitalismo, donde los problemas sociales y económicos que vive la inmensa mayoría del pueblo trabajar se profundizan con las políticas de ajuste y entrega que ningún magistrado cuestiona, mientras funcionarios políticos, jueces y empresarios intercambian favores entre ellos. Refiriéndose a esta consustancialidad del intercambio de favores, la diputada Myriam Bregman señaló en alguna oportunidad, que "la existencia de una verdadera casta judicial, con poderes cuasi vitalicios e ingresos equiparables a los de un CEO de una gran empresa, es inescindible de esta finalidad".

Por eso, el PTS en el Frente de Izquierda no participará de estas convocatorias a movilizaciones interesadas en defender el proyecto del gobierno, como tampoco de las que convocan sectores opositores en defensa de este sistema judicial, en nombre de la República. El mismo Poder Judicial que, con o sin reforma, seguirá aplicando la figura delictiva de la asociación ilícita o la legislación "antiterrorista" dictada por el imperialismo norteamericano para perseguir arbitrariamente a quienes luchan contra este régimen social podrido, o estableciendo la vergonzosa figura del "arrepentido", que se utiliza para el lawfare, es decir, para dirimir las rencillas políticas entre oficialismo y oposición en los tribunales.

Para acabar con esta casta que no representa más que los intereses de una minoría parasitaria, dispuesta a valerse de este andamiaje y todo tipo de arbitrariedades para la persecución de quienes luchamos contra este orden establecido, el PTS en el Frente de Izquierda plantea la necesidad de extender los juicios por jurados a todas las áreas de la Justicia; la elección de los jueces por voto directo de la población, terminando con las designaciones por acuerdo entre los partidos mayoritarios del régimen y que, además, sean revocables y dejen de tener privilegios, como los abultados sueldos que, además están exentos del pago de ganancias y jubilaciones.

Más allá de los enfrentamientos circunstanciales que el gobierno y la oposición tengan entre sí y con la corporación judicial, sabemos que el Estado capitalista no se reformará a sí mismo para defender intereses ajenos a la clase que representa. Por eso, planteamos que la liquidación de esta Justicia de los capitalistas, con profundos prejuicios patriarcales y racistas, no puede imponerse sino es con una poderosa movilización del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres y de todos los sectores populares agraviados. Solo una lucha revolucionaria de la clase trabajadora en el camino de imponer un gobierno obrero y popular puede acabar con la casta judicial y la clase capitalista a la que le sirven.


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