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Red Internacional

Colombia.El juvenicidio y desapariciones por parte del Gobierno de Duque durante el Paro nacional

El impacto de los jóvenes se ha hecho sentir por sus combativas marchas, consignas, formas de organización, y politización contra el Gobierno. A esta generación le teme Duque y la élite colombiana que aumentan la represión para callarlos.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Martes 25 de mayo | 19:57

Desde comienzo del Paro Nacional la creciente represión del Estado colombiano se ha ensañado con la juventud. Las personas reportadas como desaparecidas desde el comienzo de las protestas, muchos de ellos jóvenes, son retenidos por la policía y trasladados de manera arbitraria a lugares inciertos, por tanto, sin conocer su paradero.

Como se ha dicho repetidas veces, las cifras de las ONGs y la Defensoría del Pueblo distan mucho; solo hasta el 21 de mayo, 26 organizaciones habían documentado 471 casos en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, 231 de ellas en Antioquia. Entre tanto la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación – organismos que carecen de total independencia del gobierno Duque – afirma que son 168 casos, además de los 153 en los que la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos.

El país se reescribe con la fuerza de la juventud

El impacto de los jóvenes en las calles del país se ha hecho sentir, no solo por sus combativas y masivas marchas, la fuerza de sus consignas, sus formas de organización como las que desarrollan los de la primera línea, sino también por el desborde de su fuerza, su creatividad, grafitis de denuncia, estatuas de genocidas de los tiempos de la colonia que caen, calles que se renombran.

Reviven alrededor de los jóvenes los encuentros en sus espacios de protesta, en asambleas populares, las ollas comunitarias, el barrio como espacio de encuentro y discusión como se da en el caso de Puerto Resistencia, la formación de la primera línea que pone el cuerpo ante las arremetidas de la Policía y el ESMAD, las hinchadas de futbol de varios equipos unidas para no permitir que la copa América tape sus voces. Sin duda son los jóvenes los protagonistas del Paro Nacional y es por lo mismo que la persecución contra ello y ellas se intensifica.

De hecho, este despertar de la juventud ha contagiado al resto al país y otros grandes sectores del pueblo. Estamos ante la politización de una nueva generación que se resiste a continuar viviendo con un gobierno que no solo desconoce sus derechos, sino que los reprime. Desde diferentes puntos de la resistencia, Puerto Resistencia en Cali, portal de las Américas en Bogotá (también renombrado portal de la resistencia) por traer un par de ejemplos, los jóvenes han manifestado su propio pliego de peticiones, pues no se siente contemplados con lo que plantea los dirigentes del Comité del Paro que se encuentra sentado negociando con el gobierno de Iván Duque.

Que se sabe del paradero de los jóvenes desaparecidos

La situación sigue siendo muy delicada pues las desapariciones se continúan llevando a cabo, y comienzan a descubrirse “fosas comunes”. De acuerdo con lo denunciado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz “Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños”. Además de esto se denunció que el Centro Administrativo Municipal – CAM fue utilizado como lugar de tortura, y al igual que en el caso de almacenes Éxito se registraron entradas y salidas de camionetas.

El día de ayer 23 de mayo, esta misma organización tuvo conocimiento de operaciones por parte de grupos de civiles armados protegidos por policiales que habrían instalado una Casa de Pique – lugar donde se desmiembran a las personas con el objetivo de desaparecerlas - en el barrio de Ciudad Jardín, desde donde días atrás se le disparo a la Minga Indígena en camionetas blancas protegidos por la Policía.

Además de lo anterior, desde hace algunos días vienen apareciendo cuerpos en el río Cauca y un caso de un cuerpo desmembramiento en la localidad de Kennedy al sur de Bogotá. Los demás casos mencionados son materia de investigación.

Como otra forma de desactivar las acciones de los jóvenes, también se presenta amenazas a líderes del paro. Heiner Gaitán concejal de Soacha municipio que limita al sur con Bogotá y representante de las juventudes Soachunas fue amenazado dando un ultimato para salir del municipio, la amenaza la firman las Águilas Negras conocido grupo paramilitar que tiene como modo de operar la intimidación por medio de panfletos.

Las entidades gubernamentales no dicen la verdad

Es importante resaltar que no solo los organismos gubernamentales - Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación – han mostrado cifras menores, además de los casos no aceptados, sino que también los alcaldes de Bogotá y Medellín afirmaron el pasado 6 de mayo que “no hay ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre en jornadas de movilización y protesta en Bogotá” y en Medellín “no tenemos ni pérdidas de vida, ni personas dadas por desaparecidas o que estemos en ruta de búsqueda con la Fiscalía”, declaraciones que hasta hoy no se han modificado pues no ha habido pronunciamientos de parte de las alcaldías.

Asimismo, se denuncia desde el colectivo de abogados José Alvear Restrepo el evidente desacato al fallo de tutela proferido el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en protección del derecho fundamental a la protesta. Lo que pone en evidencia la falsa separación de los poderes del Estado actuando mancomunadamente a la hora de defender al régimen y al gobierno, lo que también pone al desnudo la supuesta neutralidad en el actuar de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, como se vio en líneas anteriores.

Lo mismo puede decirse de Medicina Legal, pues en ocasiones anteriores se han conocido casos donde su dictamen es “errado”, por decir poco, colocándose en la línea que define el Estado, ejemplo es la toma del Palacio de Justicia en 1985 donde muchos años después se supo de restos de cuerpo de personas desaparecidas en la toma de la guerrilla del M-19 y la retoma del Ejército en el que los restos de cuerpo entregados pertenecían a otras personas.

La “lentitud” del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía es más que llamativa como se vio en los casos de presuntos homicidios que deben ser investigados – como fue en el caso del Éxito de Calipso en Cali días atrás - pero también la falta de personal realmente independiente para investigar estos casos e incluso de especialistas en el país, lo que hace que muchas fosas comunes en donde se encuentran víctimas del conflicto armado aún no se esclarezcan.

Todo lo anterior lleva a la constante dilatación de la investigación, la variedad de maneras de violentar los derechos humanos como parte de prácticas reiterativas que hacen al terrorismo de Estado en Colombia, y que ya se han vivido en repetidas ocasiones. El Gobierno de Duque ni siquiera ha permitido el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos como es el caso de la negativa a que la CIDH de las Naciones Unidas ingrese a Colombia.

Es por esto que se hace urgente la creación de una Comisión independiente con plenos poderes para investigar hasta el final, compuestas por representantes de los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos independientes del Gobierno, de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, de la juventud, únicos interesados en que se sepa la verdad. No puede quedar en manos de funcionarios del Estado comprometidos con toda esta situación.

El pueblo colombiano en su justa lucha no solo aboga por el cambio de un sistema capitalista neoliberal que lo viene ahogando y masacrando sino también que toda la verdad se sepa, la aparición con vida de todos los jóvenes, y por el juicio y castigo a todos los culpables.




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