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Red Internacional

Editorial. El juicio de Vialidad, la investigación del atentado a Cristina, y lo que no muestran las noticias

Mientras Comodoro Py trabaja a contrarreloj para tener algunas sentencias importantes antes de 2023, mientras la investigación al atentado contra Cristina Kirchner es criticado. Un repaso por las causas judiciales desde un punto de vista que busca salir de la denominada “grieta”, y ver las disputas políticas a través de otros ojos, los de las y los trabajadores, cuyas demandas y organización contra el ajuste son tapadas detrás de esa agenda.

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Lunes 14 de noviembre | 08:56

La cercanía de la definición sobre el juicio de Vialidad y la reactivación de otras causas donde Cristina Kirchner está acusada, junto con las críticas que recaen sobre la investigación al atentado contra la vicepresidenta, volvieron a poner (esta) agenda judicial en primera plana. La Corte Suprema continúa su pulseada con el Gobierno por el control del Consejo de la Magistratura, y aprovecha para dar más letra contra las acciones de la vicepresidenta.

Cada movimiento es magnificado por la cantidad de noticias en diarios y programas noticieros, frente a un auditorio que parece cansado de las peleas “en las alturas” porque ven que nada cambian el ajuste en sus bolsillos, más bien siguen empeorando.

Los juicios contra Cristina Kirchner

Vialidad: El lunes 14 de noviembre es la audiencia donde el fiscal Diego Luciani responderá las nulidades planteadas por las defensas en los alegatos que finalizaron en octubre. Es probable que antes de fin de año los jueces Andrés Basso, Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Gorini dicten sentencia donde determinen la culpabilidad o inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y otros funcionarios en la acusación por defraudación al estado y asociación ilícita sobre la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Los Sauces-Hotesur: La Sala I de la Cámara de Casación está llevando adelante las audiencias para escuchar la apelación de la fiscalía que pide revocar el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5. En esta causa se acusa a Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, a Lázaro Báez, y otros empresarios por supuesto lavado de dinero a través del alquiler de los hoteles Los Sauces y Hotesur, como retorno por la adjudicación de obra pública que investiga el juicio Vialidad. Los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone ya escucharon al fiscal Villas, el 29 de noviembre será la última audiencia y luego deberán decidir si confirman el cierre de la causa por inexistencia de delito, o revocan el sobreseimiento y se reabre el juicio oral.

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Memorando con Irán: La Cámara de Casación está revisando el sobreseimiento en la causa a pedido de la querella, familiares de víctimas de la AMIA y la DAIA, ya que la fiscalía desistió la acusación. El Tribunal Oral Federal N°8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, habían analizado que la firma del acuerdo internacional entre la Argentina e Irán era una decisión de política exterior ajena a las decisiones judiciales, y por eso no hubo juicio. El 24 de noviembre segunda y última audiencia frente a la Sala I, la misma que revisa la causa Los Sauces-Hotesur, y luego los jueces deberán decidir confirmar o revocar el sobreseimiento.

Los cruces por la investigación del atentado

La causa que lleva la jueza Maria Eugenia Capuchetti por el intento de asesinato a la vicepresidenta está siendo fuertemente criticado por sus abogados como querellante. La semana pasada pidió la recusación de la jueza fundamentando en la falta de investigación a las pistas que vinculan a Sabag Montiel y Uriarte con lo que consideran puede ser un plan organizado y relacionado con Juntos por el Cambio. Los supuestos dichos del diputado Gerardo Millman, y los pagos de la firma Hermanos Caputo son los elementos que piden sean investigados.

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Al mismo tiempo, la causa que investiga a miembros de Revolución Federal permaneció por separado a la del atentado, y la Cámara Federal confirmó esto y ordenó la liberación de los detenidos con prisión preventiva, dando lugar a un nuevo cruce entre los camaristas -puestos por Mauricio Macri o cercanos a él- y el kirchnerismo. El juez Martínez de Giorgi igualmente los terminó procesando por el delito de buscar instaurar sus ideas por temor o la fuerza, y el fiscal Pollicita pidió el allanamiento a las oficinas de Hermanos Caputo.

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Los jueces de la Cámara, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, serán los mismos que resolverán sobre la recusación de Capuchetti, y en caso de apelación caería en el escritorio de Borinsky y Hornos, acusados por formar la mesa judicial macrista, por lo cual el kirchnerismo no parece depositar grandes expectativas de cambiar el curso de la investigación judicial del atentado, según lo que expresó Martín Soria el ministro de Justicia.

La Corte

Por otra parte, Cristina Fernández tuvo otro revés en el fallo de la Corte Supremaque, insistiendo en su control sobre el Consejo de la Magistratura, le otorgó un disputado asiento de consejero a Luis Juez, senador del PRO. En el fallo los jueces hicieron una descripción con calificativos duros sobre la maniobra de la vicepresidenta para dividir el bloque y poner un consejero. Esas palabras en el contexto de tantas sentencias prontas a resolverse sobre sus juicios, es un mensaje indudable a tribunales inferiores, que se suman al rechazo que hicieron a los planteos de nulidades en el juicio de Vialidad en junio de este año.

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La definición en Vialidad

El hecho más importante será la sentencia en el juicio de Vialidad, ya que podría ser la primera que condene a la vicepresidenta. Además, podría impactar en que se avance en otros juicios relacionados, como Los Sauces-Hotesur.

El fiscal Luciani pidió una condena de 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, junto a la inhibición para ejercer cargos públicos de por vida, mostrando el objetivo de proscripción política que tiene esta acusación. Sea cual sea la decisión que tomen los jueces Basso, Jiménez Uriburu y Gorini estará teñida de sospechas y parcialidad. La afinidad de los jueces con el expresidente Mauricio Macri, y las irregularidades denunciadas en el propio juicioestuvieron muy lejos de buscar investigar los profundos entramados de corrupción y negociados entre los distintos gobiernos, peronistas -incluidos los de Cristina- y macristas, y las grandes empresas constructoras.

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Una casta judicial cada vez más ajena a las y los trabajadores

Con la crisis social que atraviesa el país como consecuencia del ajuste económico: una inflación desatada, salarios jubilaciones y subsidios sociales que corren detrás, recorte en partidas sensibles como educación y aumento de tarifas, es lo que genera que para grandes sectores de trabajadores la “grieta” o las disputas políticas en las alturas no generen interés.

Más lejanas y ajenas resultan las peleas en las alturas de Tribunales, en primer lugar, porque se hace evidente que las pujas dentro del propio poder político, donde gane quien gane, no serán los intereses populares. Jueces que dejan impune a policías y funcionarios responsables de gatillo fácil, que avalan el fraude laboral, que dictan desalojos a quienes ocupan tierras porque no tienen dónde vivir, persecución antisindical, empresas que contaminan y explotan recursos impunemente, la desprotección y revictimización a quienes denuncian violencia de género, que deja impunes a quienes endeudaron criminalmente al país con organismos extranjeros, y que como dice abiertamente el juez de la Corte Rosenkrantz, niegan hacer algo por todos los derechos fundamentales a alimentación, trabajo, vivienda, educación y salud que no se garantizan. Difícil sostener entonces que un asiento más para el kirchnerismo o para el macrismo dentro del Consejo de la Magistratura implique algún cambio.

En segundo lugar, porque mientras eso ocurre el Poder Judicial sigue defendiendo sus intereses corporativos, erigiéndose como árbitro político sobre a quién perseguir y a quién no, utilizando los servicios de inteligencia, mostrando todo su elitismo antidemocrático, fundamentalmente de clase. Sus sueldos millonarios con cargos de por vida que no son elegidos por el voto popular son privilegios de una verdadera casta que solamente el Frente de Izquierda propone cuestionar y debatir la elección y revocación directa de los jueces, junto a los juicios por jurados.

El consenso para ajustar y lo que no muestran las noticias

Las denuncias por “corrupción” juegan de manera similar a lo que hicieron en la década menemista, como analizó Fernando Rosso, donde lo que se ponía en cuestión era el cómo, y no el qué: un consenso neoliberal de ataque a las condiciones de vida de las mayorías. Hoy la “grieta” entre corrupción o “lawfare” alentada y magnificada por los medios de comunicación busca afianzar simpatizantes (y futuros votantes) de cada coalición con la polarización con escaso éxito, donde lo que no se cuestiona es el ajuste que pesa sobre los hombros de las mayorías.

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Pero además la supuesta “grieta” oculta el consenso actual de ajuste que atraviesa a gobernadores, diputados y senadores, tanto del peronismo como del macrismo, que se expresó en la votación del acuerdo con el FMI y ahora en el Presupuesto 2023. Para el FMI y para ajustar, no hay grietas entre ellos. La grieta real que sale a la luz es cómo un grupo de grandes empresarios y propietarios de la tierra aumenta sus ganancias, se lleva una porción cada vez más grande de la torta, mientras las grandes mayorías populares pierden con el ajuste.

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Esa agenda recargada de noticias judiciales (y otras peleas en las alturas) también cumple un otro objetivo: tapar la organización que surge contra el ajuste. La “marea blanca” de trabajadores de la salud, con asambleas masivas, paros y marchasque reclaman por salario y condiciones laborales en múltiples hospitales y lugares del país no recibe ninguna cobertura periodística que se le acerque. Lo mismo con la lucha docente y en defensa de la educación pública, los trabajadores del subte, vitivinícolas mendocinos, del citrus y cientos más que expresan de manera incipiente que hay fuerzas para enfrentar el ajuste que encabeza el Frente de Todos, incluida Cristina Fernández, con el aval de Juntos por el Cambio.

Gran parte de esas peleas se empezaron a organizar en las 100 asambleas que impulsó el PTS en todo el país, con el desafío hacia delante de fortalecerlas y coordinarlas para mostrar una fuerza que pueda torcer el rumbo y poner primero las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares.

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