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El Gobierno de Evo mantiene la tercerización y subcontratación de trabajadores

La tercerización del empleo y la modalidad de sub contrataciones fue impuesta luego de una dura derrota de los trabajadores en 1986. Esta política es mantenida por el gobierno del MAS. La actual lucha de un grupo de trabajadores tercerizados de Huanuni desnuda esta realidad.

Javo Ferreira

Militante de la LOR-CI

Jueves 19 de marzo de 2015 | Edición del día

Fotografía: EFE

El pasado 10 de marzo en la localidad minera de Huanuni, 46 trabajadores de una empresa subcontratista iniciaron una huelga de hambre en la plaza principal del pueblo exigiendo ser incorporados como personal de planta de la Empresa Minera Huanuni (EMH).

Los trabajadores que perciben actualmente un salario equivalente a 70 bolivianos (10 dólares) de jornal, o 2.100 bolivianos mensuales, están incorporando a la huelga a sus esposas y familiares. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro se han negado a brindar apoyo a los trabajadores, ya que según los burócratas se trataría de un reclamo imposible de atender debido a que ellos son contratados por una empresa que brinda servicios a EMH y que por otro lado, la EMH se encontraría en un plan de racionalizar (despedir) personal para aumentar la productividad de la empresa frente a la tendencia a la caída del precio de mineral, lo que haría imposible incorporar más trabajadores a la planta.

La tercerización del empleo y la modalidad de sub contrataciones fue impuesta luego de la derrota de los trabajadores con el Decreto 21060 de 1986, y esta “conquista” de la clase dominante sobre los trabajadores asalariados ha sido mantenida en lo esencial por el gobierno del MAS, llegando a aplicarlo incluso en la nuevas empresas estatales que han surgido como parte del llamado “proceso de cambio”. La actual huelga de los sub contratistas de Huanuni es un ejemplo de como se ha sostenido la división en las filas obreras en trabajadores de primera y trabajadores de segunda.

El mismo fenómeno se dio en la empresa estatal de caminos ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) que para el servicio de limpieza de vías organiza a los trabajadores como micro empresa firmando contratos civiles que les impide que puedan realizar reclamos laborales o incluso sindicales. Estas modalidades de flexibilización laboral que esconden la precarización del empleo amparados en el “código civil” vienen siendo usadas ampliamente por los funcionarios afines al MAS para evitarse complicaciones laborales y sindicales.

La burocracia sindical oficialista de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia) dirigida por Miguel Pérez o la burocracia sindical de la COD, repiten los mismos argumentos que los funcionarios estatales, y adoptan una posición productivista que justifica el rechazo a apoyar la huelga de los compañeros mineros o incluso a justificar los despidos que están preparándose en EMH.

Los trabajadores mineros y más en general, los trabajadores y trabajadoras de todo el país necesitan recuperar los sindicatos y organizaciones como las centrales obreras departamentales, regionales y la misma COB (Central Obrera Boliviana) para poder unir a la clase obrera y terminar con la tercerización y precarización del empleo inaugurada por los neoliberales y continuada por el MAS.







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