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Red Internacional

Este artículo publicado en Esquerda Diário hace un análisis profundo de la situación política y social de Brasil en vistas de las próximas elecciones, haciendo una comparación entre la situacion de Lula y las perspectivas frente a lo que es el acutal gobierno de Alberto Fernández.

André Barbieri@AcierAndy

Lunes 27 de septiembre | 22:10

En la política brasileña, la rueda de la fortuna -que según el buen Sancho Panza “anda más lista que una rueda de molino y que los que ayer estaban en pinganitos hoy están por el suelo” - viene aparentemente favoreciendo las perspectivas de Lula para el 2022. El último relevamiento de Datafolha le da al petista una amplia ventaja sobre Bolsonaro, 46 % y 25 % en primera vuelta, y aun mayor en la segunda, de 56 % y 31 %. Estas proyecciones no reflejan las incontables volteretas reservadas hasta la contienda, donde la rueda se cobrará más víctimas y será influenciada por las diferentes campañas de una aun fantasmagórica “tercera vía”. Pero hacen crecer las expectativas en una posible derrota electoral de Bolsonaro, su gobierno de extrema derecha y su tétrica herencia de ajustes ultraliberales.

Mimados por las perspectivas, los dirigentes petistas en el parlamento y en los sindicatos ejercen la contención de las masas y practican el laissez-faire sugerido por Zé Dirceu -el exjefe de gabinete de Lula que debió renunciar en 2005 por el escándalo del “mensalao”- hacia las manifestaciones bolsonaristras del 7 de septiembre: “dejen pasar a la derecha”. No se puede negar que esto es lo que el PT más viene haciendo. Lula, en primer lugar, bajó el manual del modus operandi petista: que el mundo perezca bajo los ajustes bolsonaristas, pero esperemos las elecciones.

Sin embargo, la realidad mundial, y en particular la latinoamericana, contraría los augurios petistas de una “era dorada” con Lula. Estratégicamente, los problemas estructurales de la economía brasileña seguirán mucho más allá del 2022. Las proyecciones de griegos y troyanos le dan al país magros números para el PBI en los próximos años, incapaces de recomponer las pérdidas durante la pandemia, que siguen a casi una década de retrocesos económicos.

La desocupación alcanza al 14 %, que son 14,4 millones de personas sin puestos de trabajo. Coyunturalmente, según el índice de precios IPCA elaborado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la inflación de los últimos 12 meses quedó en 8,99 %, y los precios de elementos básicos como arroz, porotos y carne bovina están un 50 % más caros. La renta de los brasileños se achicó en 5,5, % en los últimos 10 años; la caída en el PBI per cápita en la década 2011-2020 es más intensa que en el período 1981-1990, la famosa “década perdida”. El resultado es que la economía brasileña dejó de estar entre las 10 principales del mundo, ubicándose en el 12° lugar, con proyección de caída a 14 % en 2021.

Esas circunstancias responden a la crisis capitalista global. La proyección de crecimiento de 6 % que hizo el FMI para la economía global se basa en los planes de estímulo de Estados Unidos y en la tracción china, desconociendo el carácter heterogéneo de la recuperación. Entre 2008 y 2013, hubo un aumento cercano a los 12 puntos en la pobreza registrada en las familias trabajadoras en el mundo. La CEPAL define que el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no logrará revertir los efectos adversos de la pandemia (que hizo que la región tenga un PBI negativo de 8 % en 2020).

La expansión proyectada de 5,2 % no podrá asegurar un crecimiento sostenido, ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se agravaron y se prolongarán durante la fase de recuperación. En Argentina, por ejemplo, según Estefanía Pozzo de Washington Post, los salarios perdieron cinco puntos porcentuales con la inflación durante el primer año de presidencia de Alberto Fernández, y hasta ahora, en 2021, los salarios mal registrados corresponden al aumento de precios, mientras los trabajadores precarios siguen perdiendo.

En este escenario, no hay espacio para un “milagro lulista”, como no lo hubo para el regreso del peronismo al gobierno argentino. Estamos lejos de las condiciones económicas de la década de 2000, en que el superciclo de las materias primas y el Eldorado del comercio mundial con la avidez china bañaban las costas brasileñas con dólares baratos. Estas condiciones favorables, que permitieron a los gobiernos de Lula (especialmente en el segundo mandato) hacer ciertas concesiones a las masas, mientras llenaba de riquezas los bolsillos de los empresarios y financistas, no existen más.

La crisis de Evergrande en China, parte del robusto sector inmobiliario que devoraba las exportaciones brasileñas de mineral de hierro, revela el tamaño de fragilidad de la economía brasileña, sacudida hasta los cimientos por las modificaciones en el patrón de crecimiento del gigante asiático (aunque mantenga sus importaciones de soja, por ejemplo). Las reformas de Bolsonaro y Guedes profundizaron aun más la sumisión, decadencia y dependencia de la atrasada economía brasileña, algo difícil de deshacer en el sistema de Estados capitalista. Un fenómeno de magnitud que también verificamos con la herencia de Mauricio Macri en Argentina.

No solo en la economía encontramos paralelos en el destino de los gobiernos de Brasilia y Buenos Aires. Si tomamos la política como economía concentrada (Lenin dixit), hay que admitir que las dificultades económicas latinoamericanas van erosionando cualquier margen de maniobra política para fenómenos “posneoliberales” de principio de siglo, que pudieron calmar y desorganizar a la clase trabajadora mediante concesiones limitadas, al mismo tiempo que mantenían el pie los pilares del neoliberalismo: la precarización del trabajo, las privatizaciones de los servicios públicos, la penetración de las multinacionales, la reprimarización exportadora con especialización en commodities, la dependencia del capital financiero internacional. El lulismo significó esa combinación en Brasil, y a su manera específica tradujo al país lo que se verificaba con el kircherismo en Argentina, con el chavismo en Venezuela, el evomoralismo en Bolivia, apoyados todos sobre las bases de economías capitalistas que servían de apéndices a las grandes potencias.

En una carta de debate con el Partido Socialista Independiente (OSP) de Holanda, en 1934, León Trotsky recordaba que “sin reformas no hay reformismo, y sin capitalismo próspero no hay reformas. La derecha reformista se hace anti reformista en el sentido de que ayuda, directa o indirectamente, a la burguesía a aplastar las viejas conquistas de la clase obrera”. En el escenario de la crisis mundial, el “reformismo sin reformas” es el destino de aquellas fuerzas políticas que se presentan como “progresistas” o “posneoliberales”.

Sin poder reeditar las condiciones de la década de 2000, la idea de que una vuelta de Lula al gobierno tiene que ser desnudada de toda ilusión. Un PT en la presidencia en 2023 no solo estaría lejos de revertir la masa de ataques antiobreros y antipopulares realizados desde 2016. Tomando el alerta de Trotsky a la luz de la situación mundial, implicaría también ayudar a la burguesía a eliminar viejas conquistas de la clase obrera.

El significativo ejemplo argentino

La situación de Argentina es sintomática para “levantar las cortinas” de lo que reservaría para Brasil un eventual triunfo de Lula.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner armaron una coalición de gobierno peronista/kirchnerista con el fin de derrotar electoralmente el entonces presidente Mauricio Macri en la contienda de 2019. El Frente de Todos, así denominada la coalición de albertistas y kirchneristas, tenía a su favor mucho más aversión de masas a la nefasta herencia de la derecha neoliberal de Macri que un supuesto encantamiento por el programa peronista. Macri había profundizado la destrucción de los servicios públicos provenientes de la era neoliberal de Carlos Menem (1989-99) y Fernando De La Rua (1999-2001), pasando por el breve gobierno de Eduardo Duhalde (2001-2002), y que continuaron en la “década kirchnerista”.

El kirchnerismo con Nestor y Cristina se benefició del boom de las commodities y de la bonanza de la economía internacional, traccionada por la simbiosis entre Estados Unidos y China. Mezclaron ciertas concesiones con la contención del movimiento obrero por las burocracias sindicales, preservando las modificaciones estructurales conquistadas por el neoliberalismo contra la clase trabajadora. El odio a Macri, que aplicó duras contra reformas como la de las jubilaciones en 2017 (y una reforma laboral que no pudo aplicar debido a la gran lucha obrera de Pepsico), privatizó y entregó ramas enteras de la economía al capital extranjero, no dejaba de tener en cuenta, en sectores considerables, el papel del kirchnerismo en el mantenimiento del atraso y dependencia de Argentina. Así se hicieron las coordinadas de las elecciones de 2019, con el triunfo de Alberto/Cristina.

La coalición de gobierno había hecho campaña “para sacar a Macri” usando latiguillos como “primero los jubilados, después los bancos” o “poner dinero en el bolsillo de la población”. El objetivo era suavizar la figura de un gobierno que “haría lo opuesto” al comandado por el empresario argentino entre 2015-19. Pero, con el desarrollo del gobierno del Frente de Todos, permeado por la pandemia, lo que se vio fue “en primer lugar los banquero” y los principales amigos de la coalición peronista/kirchnerista no fueron los jubilados sino Kristalina Georgieva y el FMI El dueto Fernández-Fernández -dicho sea de paso, considerados “grandes estadistas” por stalinistas del PCB y UP- aplicaron ajustes en contra de los jubilados. Se eliminó del presupuesto de 2021 el llamado IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y se vio reducido el salario de los trabajadores del sector público por órdenes de Martín Guzmán, el “Paulo Guedes” argentino. Según Pozzo, la mitad de los trabajadores de Argentina en 2020 ganó 17 % menos que lo necesario para atender las necesidades básicas de una familia de cuatro personas. Un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso argentino reveló que los gastos primarios de la Administración Nacional cayeron 7,3 % año a año en términos reales, y que “esta variación se explica principalmente por la caída en las pensiones y jubilaciones (9,6 % al año) y en los salario públicos (5 % al año)”. El acuerdo con el FMI, a cambio de las habituales recetas de ajustes y reformas neoliberales, mostró un gobierno incómodamente semejante al de Macri. Como si no fuese suficiente, registros oficiales muestran que los gastos del gobierno con programas sociales disminuyeron un 40,8 % en el primer semestre del año en términos reales. La promesa de terminar con el ajuste de Macri fue un fantasma. Alberto y Cristina actúan como administradores de la herencia macrista en la Argentina pandémica.

Las promesas electorales que Lula enuncia en sus entrevistas, aunque con más prudencia, recuerdan el guión del peronismo/kirchnerismo “nacional & popular”. No faltan llamados de Lula a “poner dinero en el bolsillo de la gente”, en alusión a dos de los tres pilares de contención del lulismo (“crédito, consumo y conciliación [de clases]”); no paró de decir que la reforma previsional de Bolsonaro y del Congreso es una “bomba de Hiroshima”, aunque defiende una reforma de las jubilaciones y haya tirado la suya propia en 2003. Los llamados no se condicen con la situación económica. Tan es así que el prudente petista va “preparando” la opinión pública para reducir sus expectativas, insinuando que tomar la economía quebrada de manos de Bolsonaro es muy distinto que haberla recibido de manos de Fernando Henrique Cardoso, que la dificultad será mucho mayor, y otros evangelios de esa naturaleza. En boca de Lula, “Llegué a la presidencia en 2003 y mis asesores vieron que el país estaba quebrado. Brasil hoy está más destruido que nunca. Arreglarlo será mucho más complicado. Por eso el pueblo no puede creer en mago”. Es una forma ladina de preanunciar futuros ajustes (y habituar a sectores de masas a bajar su resistencia subjetiva a ellos) que vendrían en su gobierno, una vez más al servicio de los capitalistas.

Los efectos políticos de los ajustes no son menos sintomáticos. En Argentina, las PASO del 12S fueron una enorme derrota al gobierno de Fernández-Fernández. La coalición del Frente de Todos se vió derrotada en gran parte de las provincias en todo el país, incluso en la estratégica provincia de Buenos Aires. Este fue el detonante de una crisis política de proporciones en Argentina, que le costó la cabeza a varios ministros y, más llamativo, de una pelea a cielo abierto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se desgarraron para descargar sobre el otro la responsabilidad de la derrota, mostrando las líneas de falla de la coalición gubernamental. Distintas fracciones poseen poder de veto una sobre las otras, pero difícilmente puedan imponerse unas sobre las otras. Como analizó Fernando Rosso, la verdad es que “el liderazgo ya débil de Alberto fuer herido y Cristina dañó el suyo en un esfuerzo público excesivo para mostrar poder”.

Es importante decir que el triunfo de la derecha no se dio por un aumento de su votación o por un “giro neoliberal” de las urnas. Lo que hubo fue un “voto castigo” al gobierno, no por los posibles cambios en relación a la derecha macrista, sino por las continuidades con ella, sobre todo en términos de ajuste. Tan es así que la izquierda anticapitalista y socialista, reunida en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FITU) hizo una elección histórica y emergió como tercera fuerza política nacional (de ello hablaremos más adelante). Lo importante aquí es que la respuesta del gobierno ante la derrota fue, con mucho ruido y minuê, seguir un camino más a la derecha (como la nota Christian Castillo en este artículo: alojó al reaccionario Juan Manzur en el puesto de Jefe de Gabinete (Manzur es un fanático religioso contra los derechos de las mujeres, ligado al sionismo y que apoyó a los ajustes macristas), Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad y Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, derechistas represivos con un amplio paso por gobiernos neoliberales como Menem y Duhalde.

Las situaciones de cada país son particulares, pero este ejemplo de nuestro vecino es ilustrativo sobre la vuelta de los llamados “progresismos nacionalistas” burgueses, que prometen reformas en una situación de crisis capitalista donde la burguesía quiere ajustes. Como nos recuerda Trotsky, no hay reformismo sin reformas, y no hay reformas sin capitalismo próspero. El PT, con efecto, ya anticipa en los gobiernos estaduales del Noreste lo que haría con Lula en el Palacio del Planalto. Los gobiernos petistas en Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte y Piauí aplicaron las versiones locales de la reforma previsional nacional. Rui Costa, gobernador de Bahia, no tiene pudor en prometer recortar salarios de docentes que no vuelvan a las clases presenciales aun en medio de la variante Delta de Covid-19, sosteniendo la agresión a los pueblos originarios baianos por la especulación inmobiliaria. Wellington Dias, gobernador petista en Piauí, llegó al colmo de poner a la policía a reprimir a manifestantes en contra de la reforma a las jubilaciones y aplicó un duro ataque a la Universidad Estadual de Piauí, mientras Fátima Bezerra atiende a los intereses empresariales que realizan oleadas de despidos en Rio Grande do Norte.

Imaginemos a Lula en el gobierno de Brasil en 2023, con la crisis económica persistente, la nefasta herencia bolsonarista y las alianzas del PT con toda la derecha “opositora a Bolsonaro”, pero que está de acuerdo con sus ajustes. El itinerario deja poco a la imaginación. Es bien probable que siga un camino análogo al del albertismo-cristinismo argentno será condescendiente con las necesidades de los capitalistas y aplicará los ajustes que la derecha no logró hacer Lula ya se promueve como un buen administrador de la agenda económica que atraviesa al país desde 2016 (nunca habla sobre la reforma laboral y previsional, no es su intención revocarlas). Migra en caravanas por el país, y no lo hace defendiendo una “política anticapitalista” como sueñan Valério Arcary y Resistência: está conversando con los capitalistas y derechistas de todos los colores, los Sarney, Calheiros, Barbalhos, Jereissati, solo para quedarse en la región Noreste (sin mencionar a sus amigos Fernando Henrique Cardoso, Kassab y demás políticos, que pueden ser calificados de todo menos de “progresistas”). Lula quiere pacificar el país y administrar la herencia económica del golpismo institucional. Una imagen que proyecta en Brasil la película argentina.

Políticamente el péndulo de la política burguesa latinoamericana sigue oscilando entre la derecha neoliberal (vimos meses atrás el triunfo del banquero Guillermo Lasso en Ecuador) y algunas variantes posneoliberales (autodefinidas como progresistas”, como Luis Arce en Bolivia o Pedro Castillo en Perú). Bolivia y Perú también sirven de ejemplo al molde en el que llegan los nuevos dichos “progresistas”. El gobierno de Arce en Bolivia extiende las manos no solo a los empresarios, sino al aparato represivo del Estado que asesinó manifestantes como fruto del golpe de Estado de 2019. Castillo en Perú llenó su gobierno de representantes de la derecha empresarial, como el canciller Oscar Maurtua, y le permitió al imperialismo estadounidense entrar con sus Fuerzas Armadas al país, a través del convenio con el USAID. Nada muy “progresista” hasta aquí. En ese mismo punto, el de la conciliación de clases, donde Lula desarrolla su sinceridad. Como se cansó de decir en Twitter en su nuevo gobierno, “terratenientes, empresarios, indios y representantes sindicales” estaban congregados (para garantizar los intereses de los propietarios, en realidad), y que en ausencia de ese estado de congraciamiento, sería urgente dar “confianza a empresarios e inversores”.

De conjunto, el movimiento pendular de la política regional es una expresión distorsionada de la profunda polarización social y política fruto de la pandemia, pero también de la relación de fuerzas no resuelta luego de las luchas en Ecuador, la rebelión en Chile o la lucha contra el golpe militar en Bolivia. Estas son contradicciones que Brasil va a vivir en este panorama estratégico en América Latina que se extenderá mucho más allá de las disputas coyunturales hasta 2022.

Lula no es una señal para enfrentar a la derecha y los ajustes

Este ejercicio de previsión estratégica es importante para las tareas políticas inmediatas de una izquierda que quiera estar a la altura de enfrentar a la extrema derecha. El debilitamiento político de Bolsonaro no significa debilitamiento de la corriente de extrema derecha en el país, que vino para quedarse, junto con el peso que los militares conquistaron en la cumbre del aparato estatal. Con efecto, aquí hay una diferencia sustancial con la situación política en Argentina. Mientras ahora empieza a surgir una figura enamorada del bolsonarismo y de la extrema derecha, como Javier Milei, en Brasil hay un movimiento encorpado de extrema derecha, alimentado en los últimos años, que milita y sale a las calles con su sarta de estupideces pero también demandas reaccionarias, como vimos el 7S. Los trogloditas bolsonaristas no van a desaparecer en una derrota electoral como polvo en el aire. Son un activo que la burguesía brasileña va a agitar según sus necesidades, como hizo en 2016. A eso se lo enfrenta con lucha de clases en las calles, no con Lula en el Planalto.

Lula no va a revertir ninguna de esas tendencias. Busca conciliarse con el degradado régimen oriundo del golpe institucional, y en caso de victoria electoral será constantemente presionado por los cuarteles y por esa derecha alimentada por Bolsonaro.

Más que eso: Lula se prepara para administrar la herencia de la agenda económica golpista. El reformismo sin reformas tiene brillo solo en el ámbito de la narrativa. En la dimensión política concreta, muestra lo que es: ajuste. El PT ya muestra querer aplicar en todo el país los ataques que lanza en los estados.

La independencia de clases es un requisito indispensable para poner en pie una alternativa anticapitalista en el país. El PSOL, el PSTU, ni que hablar el PcB y la UP, se distribuyen cada uno a su manera en el terreno de la adaptación a la política de la oposición burguesa al bolsonarismo, desprovistos de cualquier independencia política. El programa de impeachment, levantado con fuerzas burguesas como Cidadania, el PV, Rede, e PDT, el PSB, es una declaración política de escepticismo estructural en las posibilidades que tiene la clase trabajadora de emerger como sujeto político independiente. Reduce las aspiraciones de sectores de la vanguardia a servir de papel auxiliar del “bonapartismo institucional” compuesto por las instituciones de la república que el PSTU, junto a las centrales sindicales petistas, llama a “asumir el timón del país”: Supremo Tribunal Federal, Congreso y gobernadores). El objetivo sería el ascenso del general Mourão como presidente, fruto de un acuerdo de todo el Congreso golpista.

El terreno eficaz para enfrentarse a las tendencias autoritarias no está en el lejano 2022. Está en la lucha de clases, así como en los esfuerzos por ayudar a levantar a la clase obrera como un sujeto político independiente y potencialmente hegemónico, dotado de un programa que haga pagar a los capitalistas por la crisis. Para ello, es fundamental enfrentar la parálisis de las centrales sindicales, especialmente las dirigidas por el PT y el PCdoB (como la CUT y la CTB), construyendo polos clasistas y antiburocráticos que luchen por el frente único obrero en el único terreno donde esta táctica, en la concepción marxista, se aplica: el de las tareas prácticas de acción en la lucha de clases, unificando a los trabajadores como un solo puño para resistir los ataques, y abriendo el camino para la influencia de los revolucionarios. A pequeña escala, conflictos como los de MRV en Campinas, RedeTV en São Paulo, Sae Towers en Betim, Carris en Porto Alegre y Proguaru en Guarulhos son síntomas de que hay voluntad de lucha en la clase trabajadora. La contracara de la ausencia de independencia de clase en organizaciones como el PSOL y el PSTU es la coexistencia pacífica con estas burocracias, lugartenientes de los capitalistas en el movimiento obrero. Es necesario luchar para unificar nuestra clase contra las intenciones de estas direcciones, que sirven a los intereses electorales de Lula.

En Brasil, esta batalla por la independencia de clase comienza con la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, en la que la población pueda debatir y decidir los grandes problemas que afectan a las masas trabajadoras y pobres del país, avanzando en su autoorganización para llevar a cabo medidas como el impago de la deuda pública, la anulación de todas las reformas antiobreras y una reforma agraria radical, que seguramente tendría una fuerte resistencia por parte de los capitalistas, y por este camino se podría avanzar en la lucha por un gobierno obrero de ruptura con el capitalismo.

Si hay algo que hay que estudiar con detenimiento en el ejemplo argentino, de hecho, es la actuación política del Frente de Izquierda (FITU). Como dijimos anteriormente, siendo la tercera fuerza política nacional, el FITU ganó posiciones y más de 1 millón de votos en las elecciones primarias con una política de independencia de clase. La posibilidad de obtener cuatro diputados federales en las elecciones de noviembre, con referentes obreros como Alejandro Vilca, un barrendero socialista que obtuvo el 23% de los votos en la provincia de Jujuy, está en toda la prensa. Encabezado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (que comparte este frente con el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST), es el único frente político de independencia de clase en el mundo, con un programa de gobierno obrero de ruptura con el capitalismo.

Para enfrentarse a la naciente extrema derecha (Javier Milei y José Luís Espert) presentó un programa anticapitalista como la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin reducción de salarios, con unidad entre los ocupados y los parados para que haya empleo en condiciones dignas para todos, el impago de la deuda pública, la ruptura con el FMI, entre otros puntos. Estos resultados son fruto de la penetración del PTS en las estructuras fabriles y de servicios en toda la Argentina, con una gran fuerza militante en los centros neurálgicos de la economía, con la intervención en la lucha de clases como eje (ha estado presente en todos los conflictos recientes, como el de la salud en Neuquén, los viñateros de Mendoza, el sector citrícola de Tucumán, los portuarios de Buenos Aires, entre otros).

Este es un gran ejemplo para la izquierda brasileña. No hay nada parecido en Brasil a lo que es el Frente de Izquierda argentino, que no actúa subordinándose a las distintas variantes burguesas, sino que combate tanto a la derecha macrista como al peronismo/kirchnerismo. Su éxito arroja luz sobre el conservadurismo de la izquierda que confía en Lula para resolver los problemas que sólo la clase trabajadora, políticamente organizada con un programa independiente, puede hacer.




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