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Red Internacional

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que no quiere tener al FMI en la Argentina, pero en el aniversario número 45 del golpe militar genocida se encuentra en Washington negociando un acuerdo para tenerlo, al menos, por 10 años más. ¿Por qué ningún gobierno se hace eco del origen fraudulento e ilegítimo de la deuda en la dictadura?

Lucía Ortega@OrtegaLu_

Martes 23 de marzo | 22:30
Imagen: Canal Abierto

“No podemos aumentarle a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá”. Las palabras corresponden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 4 de marzo en su alegato por la causa del dólar futuro.

El mensaje, que intentó ubicar al actual gobierno de los Fernández en el lugar de una víctima obligada a hacer un ajuste, termina siendo la confesión de toda una política de Estado:

  • 1- Que la prioridad es la deuda
  • 2- Que el pago de la deuda nunca se pone en cuestión
  • 3- Que se ajusta (y se ajustó) sobre los jubilados

La alusión a los jubilados no es casual. A pesar del relato del gobierno de que “empezamos por los últimos”, en su primer año de gestión se preocupó milimétricamente por sostener a raya el aumento de las jubilaciones por debajo de lo que correspondía por ley (y de la inflación), para posteriormente modificar directamente la propia ley de movilidad. Como resultado, este año las jubilaciones volverán a perder frente a los aumentos de precios.

Pero el asunto es que este episodio es sólo el botón de muestra de las consecuencias del mecanismo de la deuda en países dependientes como la Argentina. La pregunta es ¿por qué “estamos endeudados hasta acá”? ¿Cómo se corta con este círculo vicioso de la deuda?

El origen espurio de la deuda en la dictadura militar

La deuda pública creció 5,5 veces durante la dictadura, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones en 1983. Es el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un período tan breve de tiempo. Entre los préstamos se incluye uno con el Fondo Monetario Internacional pocos días después del inicio del Golpe.

Parte de la tapa del diario Clarín del 27 de marzo de 1976.
Parte de la tapa del diario Clarín del 27 de marzo de 1976.

Este salto espectacular en el monto de deuda se enmarcó en un plan general de ofensiva neoliberal de ataque a la clase trabajadora y se orientó a favorecer los negocios del capital concentrado. La emisión de deuda tuvo distintos mecanismos y etapas: 1) la propia deuda del Tesoro, 2) la deuda de las empresas públicas para ampliar el flujo de entrada de dólares, 3) la estatización de las deudas privadas externas.

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De acuerdo a Marcelo Bonelli, en ese período se pagaron U$S 30.000 millones y la fuga de divisas se multiplicó por tres hasta alcanzar los U$S 79.912 millones. [1]. Entre las operaciones delictivas, el mismo Martínez de Hoz señaló que U$S 4.000 millones que figuraban como adeudados en realidad ya habían sido pagados.

Es desfalco de las empresas públicas posteriormente fue usado como argumento de supuestas “ineficiencias” para avanzar en sus privatizaciones. Pero está demostrado que en la dictadura su endeudamiento no respondía a necesidades propias de su operatoria sino a su utilización como mecanismo indirecto de toma de deuda estatal. En el dictamen del juicio de la deuda en la que analizaron a 15 empresas del sector público, entre ellas YPF, Agua y Energía y Ferrocarriles, señalan que casi el 82 % de la deuda pública externa proviene de préstamos financieros y básicamente no se destinó a inversión productiva en bienes de capital, sino a una renovación constante de préstamos a corto plazo para la provisión de divisas.

Martínez de Hoz con Videla. Imagen: Hamartia.com.ar
Martínez de Hoz con Videla. Imagen: Hamartia.com.ar

El operador para realizar la malversación de fondos fue el Secretario de Coordinación y Programación Económica de Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, quien a su vez se garantizó sus propias “comisiones” con el estudio privado con el que asesoraba a la banca para la contratación de préstamos a empresas públicas. Jugaba a ambos lados del mostrador.

El esquema económico de apertura y desregulación favoreció el endeudamiento externo privado por las grandes empresas, alcanzando los U$S 17.000 millones en 1981. Allí figuran importantes entidades bancarias, como el Citibank, Banco Tornquist, Banco Quilmes, Banco Francés, Banco Río de la Plata y hasta algunos aparecen en su doble condición de acreedores y de deudores al mismo tiempo.

Este esquema culminó con un episodio aún más escandaloso: la transformación de deuda externa privada a pública en 1982 de cerca de U$S 8.600 millones bajo la órbita del Banco Central presidido por Domingo Cavallo, es decir, una estatización del 55 % de la deuda privada. Bonelli explica que en muchos casos ni siquiera hay registro de que las empresas hayan devuelto el capital de deuda al estado, aún con la licuación de las deudas que implicó el "seguro de cambio" de Cavallo con la que se beneficiaron.

Cavallo junto a Martínez de Hoz. Imagen/Martín Cossarini * Enfoque Rojo
Cavallo junto a Martínez de Hoz. Imagen/Martín Cossarini * Enfoque Rojo

Las operaciones ilegales ya ocultadas por otras mediante los sucesivos canjes de papeles desde entonces. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos detectando 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original, explicó que ese fallo fue enviado al Congreso. Allí duerme el sueño de los justos.

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No por nada, Olmos Gaona recientemente planteó [2] que “la deuda que ahora recibió Fernández es la deuda del macrismo, la deuda del macrismo es una parte consecuencia de la deuda anterior, la deuda que reestructuró Kirchner en 2005 y Cristina en el 2010 es la consecuencia de la deuda del 2001, del megacanje, del blindaje, y esa deuda del blindaje es la consecuencia de la deuda de la década del ´90, y la deuda de los ´90 viene de los ´80, y así de la dictadura. Acá el origen espurio de la totalidad del proceso de la deuda es la dictadura militar”.

Una y otra vez estamos pagando el mismo fraude, oculto tras permanentes reestructuraciones.

¿Quién lleva la cuenta?

Otro de los aspectos notorios de la totalidad del proceso de deuda es la enorme cantidad de “agujeros negros” en los sucesivos procesos de toma de deuda, pagos y renegociaciones. Su último capítulo (hasta ahora) es el canje de deuda con bonistas privados en pleno año pandémico 2020, llevado adelante por el ministro Guzmán.

Recordemos que allí se canjeó deuda proveniente de las reestructuraciones de 2005 y 2010, de la tomada en 2016 para el pago a buitres y de la deuda tomada por el macrismo. No obstante, de acuerdo a Olmos Gaona en su libro “Deuda o soberanía”, explica que la falta de registros oficiales llega a tal punto que en el 2016 se acudió a informaciones del exterior para determinar los acreedores y el monto del capital que se pagaría a los buitres tras la causa Griesa, provistas por abogados externos como Cleary Gottielb, Steen & Hamilton. Cualquier comerciante de barrio tiene más ordenadas sus cuentas que el Estado argentino.

Esto no es casualidad ni desidia. La forma fraudulenta e ilegítima de los actos de endeudamiento, su falta de contabilidad y registro, el incumplimiento de los procesos administrativos y legales, son expresión de su contenido antipopular y contrario a los intereses de las mayorías sociales. La deuda no tiene licencia social. . Por eso siempre se intenta ocultar, realizar a las apuradas o sin cumplir con los procedimientos para alejarla de las grandes mayorías.

El relato oficial, es decir, el de los funcionarios del gobierno de Fernández (inclusive él), es que la culpa del alto nivel de endeudamiento público actual es de la gestión anterior de Mauricio Macri. Basados en un hecho cierto (que es la emisión de deuda en dólares a tasas muy elevadas por el macrismo que permitió la fuga de capitales, e inclusive la toma del crédito más grande en la historia de un país con el Fondo Monetario Internacional) el gobierno actual intenta desligarse de toda responsabilidad en el asunto.

Baste recordar el propio proceso de endeudamiento macrista que contó con el aval del peronismo en factores clave como el acuerdo con los buitres en el Congreso en el año 2016 y la aprobación del peso de los intereses en los sucesivos Presupuestos. Especialmente también la responsabilidad en las consecuencias que tendrán las renegociaciones que llevó adelante Alberto y Guzmán con los fondos buitres y ahora con el FMI y el Club de París.

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Pero lo que más profundamente se oculta al adjudicar exclusivamente el problema del endeudamiento en el macrismo es que se elimina del mapa el funcionamiento de todo el proceso de deuda y el origen fraudulento e ilegítimo de la misma en la última dictadura militar, que nunca fue cuestionado por ningún gobierno. Una deuda que nos oprime y que condena a la pobreza a más del 44 % de la población del país.

“Se honró la deuda de la dictadura, aceptándola sin cuestionamientos, y aun en la reestructuración de los años 2005 y 2020 solo hubo quitas, pero en ningún caso discusión sobre la legalidad y legitimidad de la herencia recibida”, sostiene Olmos Gaona [3] .

Se valida una y otra vez la misma estafa, se recrean las condiciones para nuevos procesos de endeudamiento y de pagos, pero nunca se corta con el círculo vicioso de la deuda, engranaje fundamental de la dependencia argentina.

¿Querella para pagar?

Días atrás, el presidente Alberto Fernández anticipó que iniciaría una querella judicial contra el expresidente Mauricio Macri y los funcionarios responsables de llevar adelante el endeudamiento estrepitoso con el FMI. Como señala la legisladora y abogada Myriam Bregman, ya existía una causa judicial desde hace tiempo. El problema, es el objetivo y el resultado de la investigación.

A horas de cumplirse el 45 aniversario del último Golpe Militar, Guzmán se encuentra en Washington negociando con el FMI un nuevo programa de deuda. Esta vez, el programa sería el que más condicionalidades implica dentro de la cartera de préstamos del FMI: un acuerdo de facilidades extendidas, que atará el monitoreo de la economía argentina por el Fondo por al menos diez años más.

No se trata meramente de demostrar la existencia de actos delictivos e ilícitos, de deficientes procesos administrativos, de fraudes particulares o de corrupción de los funcionarios. De lo que se trata es de develar el rol de los mismos en el mecanismo perverso y usurero del endeudamiento para poner fin de una vez por todas al sometimiento del pueblo trabajador. Por ello, la izquierda propone que la investigación sea en función de un desconocimiento soberano de la deuda y el rechazo al FMI.

Usualmente se dice que “la gente debe pagar sus deudas y los países deben pagar sus deudas”. Sin embargo, lo primero que habría que preguntar a “la gente” es si estará dispuesta a pagar una deuda que no contrajo, que ya pagó varias veces y, más aún, si la misma es una estafa.


[1Marcelo Bonelli, “Un país en deuda”, Bs. As., Planeta, 2004, p. 38

[2Entrevista para el programa radial El Círculo Rojo. Alejandro Olmos Gaona es historiador y especialista en derecho internacional, su padre fue querellante en la causa sobre ilegitimidad de la deuda Argentina contraída por la dictadura cívico-militar. Es autor de "Todo lo que ud quiso saber de la deuda externa", "La deuda odiosa" y “Deuda o soberanía. Las verdades ocultas sobre la dependencia”.

[3Olmos Gaona, A. (2020). Deuda o Soberanía, Peña Lillo, Buenos Aires, p. 26.





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