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Red Internacional

Los manoduristas aprovecharon el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía Roberto Sabo para desempolvar la campaña por “seguridad”. Las empresas mediáticas amplifican esos discursos, dándole un protagonismo exacerbado a Bullrich, Berni, Espert y tantos más. Surge la “doctrina del queso gruyere”, la idea de que acribillando a un par de ladrones el resto va a pensarlo dos veces. Hasta que el gatillo se pasa de fácil en pleno Barrio de Barracas. De la aparición en escena del falso ingeniero Blumberg a la balacera en Barracas, un recorrido sobre las violencias de las últimas semanas.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Daniel Satur@saturnetroc

Sábado 20 de noviembre | 14:32
Foto Maximiliano Luna | Télam

Lucas González fue fusilado por policías de la Ciudad de Buenos Aires. Con sólo 17 años, él y sus amigos se enfrentaron con la realidad de cómo actúan las fuerzas represivas del Estado capitalista. Jugaba al fútbol en Barracas Central y el miércoles por la mañana un grupo de policías de civil, a bordo de un auto sin patente, paró el coche en el que viajaban y comenzó a dispararles cuando los jóvenes intentaron escapar creyendo que se trataba de un robo. Lucas recibió dos disparos en su cabeza. Su amigo detuvo el auto cuando se encontraron con dos policías de uniforme, a quienes le contaron lo sucedido. Inmediatamente fueron detenidos, demorando incluso la atención urgente que debía recibir Lucas.

La denuncia de las familias y amigos de los adolescentes se propagó con rapidez, lo que permitió que cayera la versión policial -que siempre en estos casos justifica su accionar como “enfrentamiento con delincuentes”-. Así los jóvenes fueron liberados y Lucas trasladado del hospital Penna al hospital El Cruce de Florencio Varela (de mayor complejidad), donde murió el jueves a la tarde.

Una marcha en el barrio de Barracas, donde ocurrieron los hechos y donde viven muchos de los amigos de Lucas, convocó a familiares, amigos, vecinos, docentes y autoridades del club donde entrenaba el joven de Florencio Varela. Toda una comunidad movilizada. Desde Vélez Sarsfield e Iriarte hasta la comisaría de la Comuna 4, de donde salieron los tres asesinos, el grito fue uno solo: “¡basta de gatillo fácil!”

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Otro pibe asesinado por las fuerzas represivas. Esta vez la historia de Lucas desgarró a millones de personas que se chocaron con una realidad. Los discursos de mano dura empoderan a las fuerzas represivas que utilizan el gatillo fácil para disciplinar a los pobres. Los “morochitos” son sospechosos porque usan visera, o por ir bien vestidos -como si eso no fuera producto del esfuerzo de padres y madres laburantes-, o por estar en una esquina tomando una cerveza entre amigos. Los pobres siempre son sospechosos. Porque sí. Por ser pobres. Lucas era de una familia de laburantes, estudiaba y quería ser un jugador de fútbol de primera. Pero unos asesinos a sueldo truncaron todos sus sueños. La Policía de Horacio Rodríguez Larreta lo asesinó.

No hay definición más contundente -que a su vez hace más trágico el caso- que la realizada por los propios amigos de Lucas cuando aseguran que por cada caso de gatillo fácil que se visibiliza como éste hay muchos más que permanecen silenciados.

Lo dicen por experiencia. Si para estos criminales fue algo normal atacar como atacaron, ¿cuántos Lucas anónimos mueren todo el tiempo por las balas de la Policía? Según relevamiento de organismos de derechos humanos (cifras oficiales nunca hay) en cinco años de existencia la Policía de la Ciudad carga con 121 asesinatos por gatillo fácil.

Vale recordar que hace pocos días, en medio de la tragedia vivida por la familia del kiosquero Roberto Sabo de Ramos Mejía, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se jactaba de haber “abatido” durante su gestión a un centenar y medio de personas catalogadas como “delincuentes”. ¿Quién determinó que lo eran realmente? No hay que olvidar que también fueron “delincuentes” para la Policía Bonaerense Facundo Castro, Alan Maidana, Brandon Romero, Francisco Cruz, Lucas Verón y Fernando Leguizamón, entre muchos otros jóvenes caídos en plena cuarentena represiva de 2020.

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La familia de Lucas denunció inmediatamente que fue un caso de gatillo fácil y que la Policía plantó un arma de juguete en el auto de los chicos. Tan en evidencia quedaron los agentes que pronto lo tuvieron que reconocer el ministro de Justicia y Seguridad porteño y hasta el propio jefe de la Policía de la Ciudad. Este jueves, en una conferencia de prensa, Marcelo D’Alessandro comunicó que los tres oficiales más comprometidos en el caso habían sido separados de sus funciones y que les habían iniciado un sumario administrativo.

El ministro realizó un gran esfuerzo para “aislar” el accionar de estos agentes y encubrir que esta es una práctica constante de la Policía que él conduce políticamente. Los propios amigos de Lucas denuncian que sufren el constante hostigamiento y que es habitual cruzarse con policías de civil en autos particulares, incluso sin patente.

Hasta hoy los agentes de la Policía de la Ciudad están libres, esperando el debido proceso judicial, un derechos que millones de personas no tienen.

Foto Matías Baglietto | Enfoque Rojo
Foto Matías Baglietto | Enfoque Rojo

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Justificaciones

Al tiempo que el ministro D’Alessandro reconocía el gatillo fácil intentaba defender a la Policía volviendo a instalar la necesidad del uso de las pistolas Taser. Además de que mundialmente son consideradas elementos de tortura -y no una inocua herramienta como aseguran sus promotores-, ¿para qué querría este arma cuando se trata de un caso de gatillo fácil contra pibes que salían de entrenar, a los que se atacó a varios metros de distancia y que iban “cubiertos” por el mismo auto en el que viajaban?

El ministro justificó, además, que los agentes se trasladaban en un auto sin patente y de civil porque son agentes encubiertos para intervenir en crímenes complejos. Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, destacó en varias entrevistas que hay dos motivos que facilitan este accionar: “Primero por una serie de leyes y normativas sancionadas -algunas nacionales y otras en la Legislatura porteña, fundamentalmente en 2018- para darle todas las herramientas de impunidad a esta Policía. Y segundo por los discursos que se escucharon en la campaña electoral”. Vale decir que muchas de las leyes obtenidas por Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña fueron votadas en común con el bloque del Frente de Todos.

“Estos dos elementos le dieron cobertura a todo lo que eran las coartadas de la Policía al legalizar la figura del informante, el agente encubierto, el infiltrado o recibir denuncias anónimas”, concluye Bregman. Sobre el caso de Lucas, indicó además que “cuando (los policías) modulan sus comunicaciones van armando su coartada, porque en la Ciudad de Buenos Aires se han legalizado coartadas comunes, es una barbaridad”. Ella habla con sobrado conocimiento. Junto a la legisladora Alejandrina Barry estuvieron al frente durante años de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.

Las consecuencias del manodurismo

Como afirma Bregman, durante la campaña electoral (sobre todo en su último tramo) casi todos los candidatos de la oposición de derecha y muchos del oficialismo volvieron a desempolvar el arsenal discursivo más reaccionario. Cuando ocurrió el terrible crimen del kiosquero de Ramos Mejía, José Luis Espert llegó a proponer públicamente transformar “en un queso gruyere a un par de delincuentes” y pidió “apoyar a la Policía que haga eso y listo”. Su magistral idea es que así los ladrones escarmentarán y dejarán de cometer delitos.

Corridos por derecha, desde Juntos por el Cambio recogieron el guante de Espert y, desde Patricia Bullrich a Diego Santilli y María Eugenia Vidal cargaron aún más las tintas con el más rancio punitivismo y manodurismo.

Como desde el Frente de Todos no podían dejar ese flanco sin tocar, en esos días también se pudo escuchar al ministro bonaerense Sergio Berni: “Yo pienso peor que Espert, a mí no me tiembla la mano frente a los delincuentes”. A horas de las elecciones agregaba: “No quiero cometer un exabrupto ni una mentira, pero si no me equivoco, desde que empecé la gestión, tenemos casi 150 delincuentes abatidos en enfrentamientos”. Y le siguió Leandro Santoro, sumando su voz a la campaña reaccionaria con su pedido de pistolas Taser.

Berni siempre fue un soldado kirchnerista. En 2003 llegó a Buenos Aires desde Santa Cruz junto a Néstor y Alicia Kirchner, consiguiendo un buen cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. Luego se convirtió en referente de la gestión de Cristina Fernández en el área de Seguridad. En 2004, ante el crimen del joven Axel Blumberg a manos de una banda de secuestradores -con participación policial- el entonces presidente recibió al padre de la víctima en la Casa Rosada e impulsó una serie de reformas legislativas basadas en el endurecimiento de penas y mayor empoderamiento de las fuerzas represivas.

El 1° de abril de ese año, luego de una de las reuniones, Kirchner dijo ante la prensa: “Estuve con el querido amigo Juan Carlos Blumberg y le dije que tenga en claro que el Presidente está al lado suyo, sin hipocresías, en el dolor de su alma. Son muchos Axel Blumberg que han sufrido por instituciones que no han funcionado (...) Hay que hacer limpieza, no puede ser que no se pueda tener confianza en las fuerzas de seguridad; la Policía tiene que cuidar y no robar”.

El mayor punitivismo y empoderamiento de las policías de todo el país implementados en aquellos años a instancias del falso ingeniero Blumberg muy lejos estuvieron de terminar con la violencia social que acaba en asesinatos y demás consecuencias indeseadas para la sociedad. Lo que sí creció y cada vez cotiza más es el discurso de mano dura con sus recetas clasistas, xenófobas, racistas y mucho más violentas que cualquier robo.

Así, montado sobre el crimen del kiosquero Sabo, Blumberg se volvió a convertir en “vocero” de la ultraderecha, agitando políticas que sólo lograron profundizar la violencia contra millones de pobres. La única “diferencia” entre aquel Blumberg de 2004 y éste es que ahora adscribe sin ocultarlo a la oposición de derecha, con referentes como Bullrich y Espert.

Si se quiere abordar el tema de fondo, es inevitable relacionar esos discursos basados en la criminalización de la pobreza, amplificados hasta el hartazgo por casi todas las empresas de comunicación, con hechos como el que terminó con la vida de Lucas González. Las mismas usinas periodísticas que denuncian (falseando datos) que las cárceles son una “puerta giratoria” y reclaman por mayor punitivismo, este miércoles salieron apresuradas a publicar la versión policial sobre lo ocurrido en Barracas.

Los portales llegaron a titular “Persecución y tiroteo en Barracas: un ladrón fue baleado en la cabeza” (Clarín), “Tiroteo entre delincuentes y policía en Barracas: hay un herido de bala y dos detenidos” (Perfil) o “Confuso episodio en Barracas” (Infobae). Con el correr de las horas giraron 180 grados y hasta se animaron a calificar el crimen de Lucas como “gatillo fácil”. Eso sí, nunca pidieron disculpas a la familia del joven por reproducir sin chistar la versión de la Policía de la Ciudad.

Foto Paula Ribas | Télam
Foto Paula Ribas | Télam

No son tres policías, es toda la institución

Días antes del crimen de Lucas, otro joven de 18 años murió tras un ataque artero de la Policía. Fue en la provincia de Corrientes. El cuerpo de Lautaro Rosé fue hallado flotando en el Río Paraná. Estuvo dos días desaparecido tras sufrir con otros jóvenes una brutal razia policial en la Costanera de la capital provincial. Los chicos que estaban con Lautaro denunciaron disparos y golpizas. El abogado de la familia afirmó que la razia buscaba “despejar” la costanera de pobres a pedido de los dueños de emprendimientos privados sobre ese territorio público.

Y la lista de víctimas del gatillo fácil, de las torturas en comisarías y cárceles y hasta de las desapariciones forzadas se sigue llenando de nombres y vidas truncadas por las propias bandas armadas por el Estado. Así lo certifica el último informe anual de La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), con un registro de al menos 7.587 personas asesinadas en todo el país por el aparato represivo estatal desde el fin de la dictadura hasta 2020.

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Entre las coaliciones políticas mayoritarias puede haber matices discursivos y hasta diferencias de enfoque de la cuestión. Pero lo cierto es que entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020, según Correpi, hubo 411 casos de gatillo fácil. Nada hace pensar que en este último año la cosa haya mejorado ni mucho menos. El Gobierno del Frente de Todos no tiene mucho de lo que enorgullecerse en materia de derechos humanos.

Desde las alas progresistas del Gobierno se escuchan voces de alarma respecto al gatillo fácil y la llamada “violencia institucional”. Es curioso. Son las mismas que protestaron con extrema tibieza cuando Berni gaseó y disparó contra familias indigentes en Guernica, cuando bancó (y lo sigue haciendo) a sus subordinados en innumerables crímenes de jóvenes pobres y cuando (hace pocos días) dijo sin inmutarse que no tendría problemas en aplicar la pena de muerte como solución final al problema de la “delincuencia”.

El progresismo está en un grave problema. No se puede cuestionar en serio, ni mucho menos combatir, las brutalidades de las tropas de Rodríguez Larreta mientras se dejan pasar en silencio las brutalidades de las tropas de Kicillof, de Insfrán, de Capitanich, de Manzur-Jaldo, de Rodríguez Saá, de Schiaretti, de Perotti, de Alicia Kirchner o de Arcioni.

Creer que a los guardianes de la gran propiedad capitalista, a los ejecutores del control social sobre la población más pauperizada y a la vez socios de la ilegalidad del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el robo a mano armada se los puede hacer cambiar de ideas y de prácticas con cursos de derechos humanos y arengas democráticas es, cuanto menos, uno de los mayores actos de ingenuidad.

Ante el caso de Lucas González, aprovechando que Espert, Milei, Blumberg, Berni y hasta Bullrich prefieren hablar poco y nada, las voces “progres” del Frente de Todos salieron a fustigar a la Policía de la Ciudad y a Larreta. Con toda razón, claro. En ese sentido, la aparición en escena del abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, como patrocinante de la familia de Lucas, bien puede leerse como un paso calculado.

Este sábado, en una conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Seguridad de Rodríguez Larreta, Dalbón sintió la obligación de decir que lo de Lucas no es un caso de “gatillo fácil” (apelando a una curiosa voltereta conceptual), que este hecho no debe mancillar el buen nombre y honor de la Policía de la Ciudad y hasta felicitó a la gestión de Juntos por el Cambio por el muy buen “control civil” sobre la fuerza que lleva adelante el Gobierno porteño.

Es difícil desconocer que en su discurso hay un intento de que el caso no sea tomado como testigo de una situación que, como ya se dijo, se extiende a todas las policías del país, sean federales o provinciales, a los servicios penitenciarios y demás agencias estatales de represión. Bajo esas palabras subyace la idea de “salvarle el pellejo” a la institución a costa de condenar a tres “manzanas podridas” e indefendibles.

Resta abordar el debate más profundo y complejo en este asunto. Un debate sobre el que hay que poner blanco sobre negro cada estadística y cada política oficial. En un régimen económico y social que fabrica -con récords de productividad- miles y miles de pobres por día mientras una minoría parasitaria de empresarios se quedan con las riquezas producidas por toda la población activa, la Policía cumple un rol bien concreto. Hasta que no hayan transformaciones de fondo en ese régimen, casos como el de Lucas González volverán a repetirse, por más que se repita “nunca más” en los pasillos de las academias policiales.




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