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Red Internacional

Toda política que busque más presupuesto para la policía, el ejército y los juzgados para que “nos cuiden” y “trabajen con perspectiva de género” es impotente y contraproducente.

Miércoles 17 de marzo de 2021

“¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”: esta consigna ha cobrado mucha fuerza dentro del movimiento de mujeres en las movilizaciones de los últimos años. No es casual, pues mientras este movimiento se va fortaleciendo en las calles, el cuestionamiento a las fuerzas represivas del Estado se vuelve cada vez más inevitable.

Pero además, el grito de ellas contra la policía en las marchas no es sólo producto exclusivamente del desarrollo de la lucha, sino que echa raíces en una realidad profunda y cotidiana que padecen millones de mujeres en México, y sobre todo las más pobres, como es el caso de Mónica.

El 12 de febrero del 2013 cambió para siempre la vida de Mónica Esparza. Ella, su hermano y su esposo fueron detenidos ese día por la policía municipal de Torreón para una "revisión de rutina" mientras viajaban en una camioneta. Sin ningún otro motivo más que la prepotencia que otorga el monopolio de las armas, la policía los llevó a la Dirección de Seguridad Pública del municipio e introdujeron a Mónica y sus familiares a una bodega donde fueron torturados con golpes, tablas y otros objetos. A Mónica y a su esposo los violaron.

Mientras los trasladaban a la PGR, el esposo de Mónica murió a causa de las torturas y desaparecieron su cuerpo, sin que hasta ahora ella sepa dónde está. Luego, Mónica y su hermano fueron llevados en avión a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde sólo con amenazas de asesinar a su madre y a su hija, el Ministerio Público pudo arrancarle una confesión de delitos.

Le imputaron los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y secuestro. Desde entonces, Mónica estuvo recluida en la cárcel por siete años en un Centro Femenil de Readaptación Social en Morelos (CEFERESO-16), donde la tortura psicológica, sexual y física no pararon.

No fue sino hasta marzo del 2020, que un juez federal reconoció la inocencia de Mónica y exhortó su libertad. Sin embargo, la FGR apeló la sentencia arguyendo que bajo “ciertas excepciones” la tortura es válida (!).

Sólo hasta enero de este año el Primer Tribunal Unitario de Coahuila reiteró la anulación de todas las pruebas que la policía obtuvo contra Mónica mediante la violación de sus derechos humanos. La sentencia fue reiterada apenas este 12 de marzo.

El calvario que ella y su familia sufrieron a manos de las fuerzas represivas y las instituciones del Estado mexicano fue consecuencia directa de la "guerra contra el narco" y la militarización iniciada con Calderón, profundizada por Peña Nieto y mantenida por la Guardia Nacional de la 4T.

El caso de Mónica no sólo demuestra que la policía no es una aliada de las mujeres. Sobre todo, demuestra que la solución a la violencia feminicida y patriarcal no puede venir de una política punitivista que deposita la seguridad de las mujeres y de la población en instituciones como la policía, el ejército o los juzgados, instituciones que sirven para reprimir y vejar a mujeres, como sucedió con Mónica, y que sólo trabajan para defender los intereses del capitalismo patriarcal.

No podemos exigir a las instituciones represivas del Estado que “hagan su trabajo”, pues precisamente dejar en la impunidad a sus máximos representantes es para lo que les pagan: el mejor ejemplo de esto se constata con el general Cienfuegos.

La misma impunidad aplica para otros representantes del régimen político, como se muestra con la fuga del proxeneta ex dirigente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez o la postulación de Félix Salgado Macedonio por parte del Morena a la gubernatura de Guerrero, mientras cuenta con al menos dos denuncias de violación en su contra.

Como escribe la compañera Joss Espinosa: “Si partimos de que este sistema capitalista patriarcal está basado en la explotación y en la opresión, es imposible pensar que vamos a poder reformar este régimen político implementando la “perspectiva de género” o apoyándonos en sus instituciones, fuerzas armadas, poder judicial, etcétera. Por ello creemos que es necesario enfrentar a este sistema, organizarnos masivamente para echarlo abajo, y construir sobre sus ruinas una sociedad libre de violencia y opresión hacia las mujeres y el conjunto de sectores explotados”[1].

Así, es fundamental impulsar la lucha contra la militarización del país, la represión y los atropellos de las fuerzas represivas del Estado.

Pero entonces, ¿cómo podemos ofrecer una respuesta a la violencia machista?
Joss afirma: “son necesarios espacios de organización y discusión, en los que puedan participar distintos sectores de mujeres, haciendo confluir tanto las demandas contra la violencia o por derechos elementales como el aborto, con la denuncia a la precarización que tiene rostro de mujer y es la parte silenciosa de la violencia (...) Con métodos democráticos y amplios, en los que se pueda coordinar un plan de lucha contra el feminicidio y la precarización, condición necesaria para desarrollar la autoorganización del movimiento y avanzar en conquistar su independencia política frente al gobierno y los empresarios”.




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