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Red Internacional

A 16 años. El alegato de Myriam Bregman, abogada de Julio López que demostró que hubo un plan genocida

El sobreviviente de la dictadura y testigo clave desapareció el día en que las abogadas querellantes alegaban en el juicio contra Miguel Etchecolatz. La querella demostró (y la condena reconoció) que no fueron crímenes aislados, que el Estado orquestó un exterminio sistemático. A 16 años, un repaso del alegato de Myriam Bregman.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

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Domingo 18 de septiembre | 00:47

En este juicio historico Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua, a cumplir en una cárcel común, por su responsabilidad en los “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”. Si bien la querella, como veremos más adelante, pidió que se lo condenara por genocida, es un fallo inédito que se reconociera jurídicamente esta figura en el texto resolutivo de una sentencia. Jorge Julio López fue querellante y testigo en el juicio contra su torturador, Miguel Etchecolatz. Su testimonio fue fundamental para que se lo condenara.

López salió de su casa temprano cuando aquel 18 de septiembre de 2006 las abogadas que integraban el colectivo Justicia Ya!, Myriam Bregman, Guadalupe Godoy y Liliana Maze debían alegar. Acompañadas por Adriana Calvo, histórica referente de la lucha contra los genocidas, a pocos minutos de que López no llegaba a los Tribunales comenzaron a denunciar que estaba desaparecido. No se equivocaron. Desde entonces hubo un plan de encubrimiento que impidió saber quiénes lo secuestraron.

Su segunda desaparición -un duro golpe para los que luchan contra la impunidad-, demostró que parte de los miembros del aparato represivo de la dictadura seguía en funciones, ocupando cargos en instituciones estatales.

Como recordó tiempo atrás Myriam Bregman: “Hemos denunciado en estos 10 años que las pistas llevaban a la Policía Bonaerense. Fueron funcionarios del gobierno quienes reconocieron que 9.026 efectivos provenían de la dictadura. Y nada hicieron, por eso son también responsables -y así lo dijimos-, del encubrimiento a esa fuerza. No sólo eso sino que recién en 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación”.

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Estos datos son la muestra palpable de que entre Etchecolatz y la desaparición de López hay un hilo de continuidad que se llama Policía Bonaerense. Por esto Bregman sostuvo “por lo tanto es al represor a quién hay que investigar. Ignoraron todos nuestras exigencias, a pesar de que se animó, amparado en esa impunidad, a sacar un papelito durante una audiencia, que decía ‘Julio López’”. La abogada hacía referencia a cuando en 2014 se leyó las sentencias a los represores que actuaron en el centro clandestino "La Cacha" y Etchecolatz saca un papel con el nombre de su víctima a la que hizo desaparecer por segunda vez.

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Como diputada nacional por el PTS-FIT, Bregman presentó un proyecto de Ley para que el Ejecutivo disponga la apertura de los archivos y toda documentación en poder de los servicios de seguridad y de la ex Secretaría de Inteligencia relacionados con la segunda desaparición de Julio López.

Sobre este proyecto Bregman sostenía: “Nos merecemos saber qué pasó con Julio. Queremos que nos entreguen todos los archivos ya que existen constancias de que se realizaron investigaciones, incluso a cargo del ex director de operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso y que todo indicaría que la ex SIDE y otros organismos pueden tener información que nunca fue tenida en cuenta. Reclamamos además en el proyecto que se abran de inmediato y que se publiquen los archivos, pero también los informes, expedientes y todo tipo de documentación producidos y almacenados por la Policía Federal Argentina, ex Secretaría de Inteligencia del Estado, y todos los que lo hayan sucedido, del Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional”.

López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. Estuvo detenido-desaparecido hasta el 25 de junio de 1979. Pasó por distintos centros clandestinos de detención y tortura, conocido como el circuito Camps. En ese período Miguel Etchecolatz era director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Durante el juicio fue suficientemente probado que estaba a cargo de 20 centros clandestinos, además de ser mano derecha del exGeneral Ramón Camps.

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“Dale, dale, subila un poco más” dice Etchecolatz a un subalterno haciendo referencia a los voltios de la picana eléctrica. Esto relataba durante el juicio Julio López. El picaneado era él, un albañil militante peronista de una unidad de base del barrio de Los Hornos de La Plata.

Primer juicio luego de la anulación de las leyes de impunidad

El interés que despierta este juicio está muy relacionado con la lucha que se llevó adelante en el país para que los responsables de los 30.000 desaparecidos y los más de 400 niños apropiados fueran juzgados.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida promulgadas en 1987 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín -luego le sucederían los indultos de Carlos Menen- clausuraron la posibilidad de juzgar a quienes participaron durante la última dictadura cívico-militar-eclesiastico.

Radicales y Peronistas se pusieron de acuerdo en dar vuelta la página y dejar impunes los crímenes, desaparición y tortura contra la clase obrera y la jueventud. No pudieron. Los sobrevivientes, los familiares, organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y un amplio movimiento democratico continuó movilizado por el reclamo de “juicio y castigo a los culpables”.

Esta lucha incesable logró la anulación de las leyes de impunidad. Fue el 21 de agosto de 2003 y dio lugar a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Luego de esto, el primer juicio de lesa humanidad que se realizó fue contra Miguel Etchecolatz, y se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

Iniciado el 28 de junio y finalizado el 19 de septiembre de 2006, el juicio tiene el valor de haber inscripto por primera vez, a través de la querella y los testigos, que los crímenes contra los 30.000 desaparecidos y víctimas de la dictadura fue un genocidio de clase.

Alegato de Myriam Bregman

Miguel Osvaldo Etchecolatz fue juzgado por los asesinatos de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga, Margarita Delgado, y por la privación ilegal de Julio López y Nilda Eloy.

Durante su alegato Bregman demostró por qué pedían que a Etchecolatz se lo condenara por genocida. “Para nosotros quedó demostrado que el señor Etchecolatz es penalmente responsable” y solicitó, en nombre de la querella, un cambio de calificación y que“se lo condene por el delito de genocidio”.

“Vamos a demostrar en estos alegatos que los delitos con los que se los investiga al aquí imputado no fueron delitos aislados, no estamos ante una simple sumatoria de crímenes. El señor de Etchecolatz fue parte de un plan de exterminio sistemático. Este plan de exterminio que se llevó a cabo en la Argentina tenía un objetivo muy concreto, que era cambiar la estructura económica del país y todas las relaciones sociales, culturales políticas y gremiales que sobre ellas se aceptaban”.

Bregman sostuvo esta afirmación mostrando datos muy significativos "al momento del golpe de Estado la desocupación de la argentina alcanzaba el 2,3 por ciento, al poco tiempo había llegado al 8 por ciento. El 66 por ciento de los cargos económicos del nuevo gobierno que el señor Etchecolatz integró, fueron ocupados por representantes de grandes empresas, como Martínez de Hoz de Acindar".

Con estos datos la querella fundamenta que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas y alentadas por el gran empresariado y otras instituciones como la Iglesia “se proponían el objetivo de aniquilar a un grupo nacional. Por esto decimos que los delitos no son sumatoria de crímenes, constituyan el delito de genocidio y por eso pedimos el cambio de calificación”.

En su alegato Bregman aporta otros datos sobre quienes integran ese ‘sector a exterminar’. “Este grupo nacional que estos señores pretenden exterminar estaba constituido por todos aquellos que eran un obstáculo para este plan, para esta nueva estructura de país que querían imponer. Por eso no bastaba con que lo exterminaran, también se tenían que garantizar tergiversar de tal modo la realidad que a posteriori de los hechos se contarán de una determinada manera”.

Asimismo, la abogada querellante se refirió a los 20 años que rigieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, donde se instaló la teoría de los dos demonios, en la cual, además, se trató de ocultar que el 56 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores, eran asalariados. En cambio se instaló la idea que el golpe fue contra los terroristas.

Entre los testigos del juicio estuvo un obrero de un astillero ubicado en la localidad bonaerense de Ensenada quién relató: “militarizaron el Astillero Río Santiago el día del golpe, esto fue lo que ocurrió en la mayoría de las fábricas del país” y agregaba que “el Astillero es un triste paradigma porque es la fábrica con más desaparecidos de la Argentina” donde todos los días se hacía una fila “que iba a la vida o a la muerte”. Quien testimonia es José Montes, un obrero revolucionario y militante del PTS.

"Es inimaginable que sin esas desapariciones, hubiesen avanzado como lo hicieron, con la cultura política de esa generación". agregaba el obrero del Astillero.

Bregman subraya que: "Eso que el testigo llamó generación es para nosotros el grupo nacional que Etchecolatz y el resto de los integrantes del plan genocida buscaba exterminar, ese grupo que decimos era un obstáculo para el plan que ese gobierno tenía".

Para la abogada, también se propusieron aniquilar todas las relaciones sociales de solidaridad que esta generación había construido. "No es casual que hablaran de subversivo. Construyeron esta figura porque lo que querían borrar para adelante era el ejemplo de lucha de esta generación. Quería borrar esos ideales, querían borrar el hecho de por qué peleaban para que nunca más pudiera ser imitado. Entonces lo demonizaron...".

Sobre la teoría de los dos demonios, Bregman agrega "todos los que sostienen este tipo de teoría, como lo han sostenido los gobiernos constitucionales posteriores, sostienen la impunidad". Contra esta teoría Bregman alega que "el plan de exterminio estaba dirigido a todas aquellos que desarrollaron formas de organización, formas de participación que fueran un obstáculo para este plan que querían imponer. Por eso estamos convencidos de que lo que se vivió a partir del año 76 no fue una dictadura represiva más, como hubo tantas otras. Fue un plan genocida porque no sólo querían aniquilar una fuerza social, también quería dar un mensaje al conjunto de la sociedad, para que nunca más el ejemplo de esta generación que luchaba que se organizaban que resistía a los planes que representaban estos señores pudieran volver a ser tomado como ejemplos".

Sobre los delitos que se conocieron en este juicio, Bregman subrayaba que tenían que ser analizados en el "marco de procesos históricos en el que se dieron".

Como señaló José Montes en este juicio, el golpe de 1976 dirigió sus fuerzas contra la clase obrera inmediatamente, rodeando con tanques las principales fábricas, deteniendo y desapareciendo a centenares de delegados combativos. Contra esa clase obrera que ganaba en combatividad junto al movimiento estudiantil, se dio el último golpe cívico-militar y eclesiastico. En este marco, como sostuvo en su alegato Bregman, es en el cual "tenemos que contar la historia hoy para no volver a desaparecer aquellos 30.000 detenidos desaparecidos, la manera es contar la verdad de lo ocurrido y contar por qué luchaban. Entonces, nosotros creemos que la intencionalidad política con la cual se movió el imputado Etchecolatz, hace que le merezca la calificación, a los hechos que aquí se investigaron, del delito de genocidio". La pelea por juicio y castigo a todos los culpables continúa.




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