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Red Internacional

Todo un palo, ya lo ve. Por algo, los paros docentes en ocho provincias empiezan a ser acompañados por las familias y estudiantes que toman en sus manos la denuncia del vaciamiento presupuestario. En Chubut el ajuste para pagar la deuda se ve en todo.

Ulises CrauchukCorresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk

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Viernes 12 de agosto | 20:15

Este miércoles 10 de agosto hubo un gran paro docente a nivel nacional. En algunas provincias, como Mendoza, las marchas fueron multitudinarias, y en otras, como en Rosario, agruparon a diferentes sindicatos en un frente único contra el ajuste y la carestía de la vida, culminando con una gran asamblea en el monumento a la bandera contra las quemas en las islas frente a la ciudad.

En Chubut, las marchas en Rawson y Esquel fueron muy importantes en convocatoria, pero lo mas relevante es como comienzan a movilizarse las comunidades educativas. Aunque los sindicatos continúan planteando una lucha estrictamente salarial, corporativa, en la que parecen como anexas reivindicaciones ampliamente sentidas como la seguridad de pibes y pibas en las escuelas, las familias empezaron a tomar en sus manos la lucha por la educación pública.

Luego de la intoxicación masiva en la escuela 7719 de El Maitén, decenas de escuelas fueron cerradas ante problemas estructurales. La 767 de Esquel, tuvo una evacuación de emergencia a poco de retomar las clases luego del receso invernal, debido a un escape de monóxido de carbono. Un sensor de monóxido de carbono se encendió en la escuela N°2 de Comodoro Rivadavia despertando el pánico de padres, estudiantes, auxiliares y docentes un día antes del paro, pero en infinidad de escuelas de toda la provincia no existen siquiera estos sensores. En la Comarca Andina el mismo día, al menos 17 escuelas estaban sin clases por problemas edilicios, y otras 24 presentaban distintos problemas y cierres en la región centro de la cordillera.

Lo novedoso, es que muchas de estas iniciativas surgieron de estudiantes, docentes y familias. En Epuyen, la secundaria 737 fue cerrada al día siguiente de los hechos de El Maitén por docentes y directivos. En EL Hoyo, la 734 fue cerrada por decisión de los docentes poco antes del receso invernal. En la 713 de Esquel, los y las estudiantes exigieron con sentadas y marchas a delegación la reparación de la escuela que se encuentra en pésimas condiciones. En Los Altares las familias pidieron el cierre de la escuela por falta de calefacción a principios de julio. Y la lista continúa.

El pasado viernes 5, el ministro de Educación, José María Grazzini, se reunió con los delegados escolares de las 6 zonas en que se divide la provincia. Luego de ello, anunció que visitaría 690 escuelas para analizar la situación edilicia. La provincia cuenta con unas 700 instituciones educativas ¿El ministro fue informado de problemas en 690? Desde el año 2021, el Ministerio no entrega información pública respecto a estos temas ¿Cuáles serán las soluciones que aportará el ministro?

En cuanto a las soluciones que pueda aportar la provincia al problema, existen dos casos testigos. Uno es el de la escuela 734 de El Hoyo, edificio que se comparte con la escuela técnica 7722 y el anexo del Instituto de Formación Docente 814, donde luego de la visita de Arcioni en junio, una gran rajadura estructural fue tapada, oculta o escondida, con una chapa.

El otro es la escuela 727 de Cholila, donde el director publicó en redes un video mostrando como se cambiaron las carcazas de las estufas sin tocar el interior, justamente mecheros que queman mal, vidrios templados, encendido eléctrico, etc.

El jueves, la escuela agrotécnica 717 de Lago Puelo realizó una reunión abierta a la comunidad educativa para informar de los problemas edilicios. Falta de agua por rotura de una bomba sumergible, problemas eléctricos y de gas. En la 109 de la misma localidad, las familias decidieron pagar de su bolsillo un gasista para habilitar 6 cursos con calefacción independiente de la caldera central, reduciendo la jornada extendida a la mitad por falta de cocina.

Este viernes la escuela 108 de Lago Puelo, una escuela centenaria, anunció la suspensión de clases por mal funcionamiento de las estufas en aulas. Por la mañana, estudiantes de la 767 y del Politécnico manifestaron en la Administración de Obras Públicas de Esquel. En la 701 los estudiantes realizaron una sentada en repudio a Camuzzi por retirar el medidor de gas por una falla técnica que ya lleva 2 años y que impide a los estudiantes del último año realizar las prácticas profesionalizantes de taller para recibirse, sin lo cual no podrán recibirse ni cursar estudios universitarios el año entrante.

Evidentemente, la crisis abierta en la educación excede con creces el problema de los sueldos miserables que reciben los y las docentes, al igual que los y las auxiliares, los grandes ausentes a la hora de discutir la precarización y los salarios en educación y quienes hacen frente como pueden al vacío presupuestario en las escuelas para mantener la higiene y la seguridad.

Durante los últimos cuatro años de conflictos educativos en la provincia, el gobierno ha respondido con descuentos de los días de paro, informes persecutorios en las escuelas y una campaña furibunda en los medios acusando a las y los docentes de “dejar a los chicos sin clases” para buscar oponer a las familias.

Ahora, cuando la desinversión brutal en materia educativa se pone de manifiesto en el riesgo para su salud que corren los y las estudiantes en las mismas escuelas, son las familias quienes empiezan a despertar a la realidad de un ajuste que golpea a todos por igual.

Con una inflación record en julio, que en la Patagonia llegó al 8% y acumula un 73% en el último año, con salarios que no llegan fin de mes ante un aumento de alimentos brutal, los comedores escolares se transformaron en una necesidad para muchas familias. Asimismo, la deficiencia en el Transporte Escolar Gratuito que el propio gobierno de Arcioni reconoció como un derecho de estudiantes, docentes y auxiliares y una responsabilidad del Estado, hace imposible acceder a las escuelas a cada vez más pibes y pibas. Si a eso le sumamos no saber si los y las estudiantes saldrán ilesos de escuelas en condiciones deplorables, el discurso oficial que culpabiliza a los docentes que hacen paro no tiene donde hacer mella.

De allí que cada vez mas estudiantes y familias empiecen a tomar en sus manos la lucha por la educación pública, y no sólo en Chubut. En Mendoza, eso explica que haya habido 30.000 personas en la marcha de este miércoles. En Neuquén, padres de una escuela votaron en asamblea que las obras de infraestructura sean llevadas a cabo por movimientos de desocupados de la zona. Y los ejemplos continúan en el resto de las provincias en conflicto.

Abrir el conflicto en educación al conjunto de los sectores golpeados por la crisis, comenzando por la comunidad educativa de cada escuela, no sólo puede significar tener mayor fuerza para reclamar al Estado el derecho a una educación pública de calidad en condiciones dignas y con salarios acordes, sino buscar resolver de manera novedosa problemas estructurales, como la falta de trabajo que afecta a miles de familias con un plan de obras integral en educación y salud financiado por el Estado.

Cuando se trata de subsidiar a patronales como el campo, las pesqueras o petroleras, el dinero está, pero cuando se trata de la educación y la salud del pueblo trabajador, siempre privilegian el ajuste y destinar los fondos que nos sacan para pagar una deuda ilegal ilegitima y fraudulenta ¿Cuántas escuelas se construyeron con la deuda que dejó Macri y que reconoció el Gobierno de Alberto y Cristina? ¿y con la deuda que nos dejaron Buzzi y Das Neves en Chubut? ¿Cuánto destina Arcioni al pago de la deuda y cuanto a infraestructura escolar y salarios? ¿Y cuánto pagan los grandes terratenientes de la provincia? Seguramente no tanto como pagamos todos y cada una de los y las trabajadoras en IVA por alimentos, o en tarifas cada día mas caras por servicio públicos esenciales que no están garantizados.

El ajuste llegó hace rato, y ahora que todo un palo ya lo ve es hora de poner en pié organismos de decisión colectivos para impulsar esta pelea. Por eso desde el PTS en el FITU, venimos planteando la necesidad de Comisiones de Seguridad e higiene en cada escuela para defender nuestro derecho a la educación pública. Organismos de la propia sociedad que tomen en sus manos la lucha por presupuesto, el seguimiento de las obras necesarias y unifiquen la pelea por la educación con los reclamos más sentidos por el pueblo trabajador. Si la pandemia nos encerró, esta crisis nos tiene que llevar de nuevo a las calles, organizando la pelea desde abajo.




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