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Red Internacional

Las y los trabajadores de la salud quienes cuidan y cuidaron (y seguirán cuidando) a toda la población mendocina durante la pandemia y previamente, quienes sostienen los hospitales y los más interesados/as en una salud de calidad, ellas y ellos están pidiendo el apoyo de toda la comunidad ante los maltratos y la oferta miserable de aumento salarial para 2021, sumado a la negativa del Gobierno de Mendoza en reconocerlos como trabajadores/as esenciales

Matías AlvaradoEstudiante de Cs. Médicas en UNCuyo

Miércoles 25 de agosto | 20:23

Fotos: Matías Moreta

La entrada en escena del covid-19 reveló el carácter esencial de las y los trabajadores de la salud. Al mismo tiempo, echó luz sobre la distancia entre un reconocimiento público ante el trabajo desempeñado versus una práctica política de ajuste a la salud, tanto en lo que hace al desmantelamiento del sistema de salud como a las formas de contratación precarias y remuneración muy por debajo de la canasta básica familiar.

Sin duda, la salud está siendo una de las protagonistas durante este año y medio, poniendo el cuerpo y la vida a las consecuencias de un sistema de salud vaciado, desfinanciado y fragmentado desde hace décadas. Sin insumos ni infraestructura, con falta de personal y salarios de miseria, el sistema de salud inició este periodo de pandemia en las peores condiciones. A pesar que hablan de la existencia de una grieta entre ambos frentes políticos, ambos votaron leyes de ajuste y de recorte en el presupuesto en sectores esenciales. Fue a costa del esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, no sin costos, que se pudo sostener y garantizar la atención durante estos largos meses. Durante el año de pandemia la cantidad de camas de terapia aumentaron 35%, mientras la cantidad de trabajadores sólo un 7.8%.

En los últimos cinco años, la brecha mínima entre los ingresos y la canasta básica fue del 33% y, si nos vamos diez años para atrás, del 27%. En ningún momento de la última década, les trabajadores de la salud percibieron remuneraciones a la altura de satisfacer sus necesidades mínimas. Esta situación atraviesa los períodos gubernamentales del kirchnerismo, como así también del macrismo y alcanza su punto máximo durante el gobierno actual, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes donde se recortó casi el 10% del presupuesto de salud mientras decidió continuar subsidiando a los grandes empresarios y destinar los ingresos en dólares al pago de los préstamos al FMI. El enorme desgaste que significó (y sigue significando) estar en la primera línea de la pandemia es una cuestión reconocida a nivel mundial. Según el último informe del Consejo Internacional de Enfermería, se habla de un trauma colectivo en la fuerza laboral de enfermería, desde malas condiciones laborales, falta de EPP, falta de apoyo en materia de salud mental, tasas elevadas de agotamiento hasta miedo de propagar el virus a la familia, así como un incremento en la violencia y discriminación.

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Algo quedó expuesto durante la pandemia, lo vaciada que está la salud pública en Argentina y que los dueños de dicha salud (en nuestro país de los 5342 establecimientos de internación, tan sólo 1553 corresponden al ámbito público) son intocables para cualquier gobierno cuando el mismo Ginés allá en los inicios, previo a la escandalosa vacunación VIP, adelantó el plan de sacar un DNU donde se disponga los recursos de la medicina privada con finalidad pública. Para luego tan sólo en 24hs de juntarse con los magnates de la salud privada, retroceder en la apuesta. Sin embargo, en pandemia, fue este subsector el que en más de una oportunidad le brindó servicios al sector privado. Con la reciente resolución de la Ministra de Salud, Carla Vizotti, las prepagas terminarán por ajustar sus cuotas en un 62% en menos de un año, período desde marzo de 2021 hasta enero de 2022. Por otro lado, algunos medicamentos de uso hospitalario básico aumentaron en el país hasta 1.300% en el mismo periodo. La variación acumulada de medicamentos y descartables; insumos para coronavirus fue de 120%. En los últimos cinco años los medicamentos han aumentado en promedio 486%, algo irracional e inexplicable.

En Mendoza la canasta básica, es decir lo que necesita una familia para llegar a fin de mes, es de $ 58.900. El salario promedio de las y los trabajadores en la provincia se encuentra $ 10.000 por debajo de ese monto. En el caso de las y los trabajadores de la salud es más grande la diferencia, mientras que una licenciada en enfermería de área covid contratada es de $ 33.000 de bolsillo, mientras que el del resto de los enfermeros contratados es de $ 24.000 en mano.

En el otro extremo, los legisladores perciben dietas diez veces por arriba de quienes todos los días garantizan el acceso a la salud y la educación de todos los/as mendocinos y mendocinas. Esta desigualdad escandalosa había salido a la luz, cuando el senador provincial del FIT-Unidad, Lautaro Jiménez denunció que diputados y senadores que sesionaban desde sus casas seguían percibiendo un plus por desarraigo, alcanzando dietas que superan los $ 240.000. Después de muchos meses organización y lucha, las y los residentes lograron que se reabra la discusión por el reconocimiento profesional que rige las condiciones laborales del sector y la negociación salarial. Las condiciones actuales son inadmisibles, y han sido sostenidas gobierno tras gobierno: cargas horarias que superan las 80-90 horas semanales, no gozar de aportes previsionales ni asignaciones familiares, trabajar semanas tras semanas sin un día de descanso, no ser considerados como profesionales, salarios en la línea de pobreza, entre una larga cantidad de reclamos.

El reconocimiento profesional, es parte de las peleas que vienen dando las y los trabajadores de la salud, quienes además de estar en la primera línea contra el coronavirus hemos sabido estar en la primera línea de la lucha contra el ajuste. #SinResidentesNoHayHospital es un hashtag que se viralizó, demostrando el sistema de precarización que se oculta detrás de la “formación”, no distingue regiones, provincia ni hospital.

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Actualmente solo algún dinosaurio suelto podría decir que el régimen extenuante de residencias responde a necesidades formativas. Las escasas horas de sueño, las excesivas jornadas de trabajo y las múltiples funciones que realizan las y los residentes, son el resultado de cubrir la falta de presupuesto destinado a salud con la salud de quienes cuidan a la comunidad. No sería un problema el descanso post-guardia si hubiese la cantidad de personal de planta necesario. En las residencias está en permanente tensión las tareas formativas y las asistenciales, donde es muy común que se tengan que priorizar las segundas sobre las primeras, una vez más, por la falta de personal.

La continuidad de la lucha en defensa de la salud pública tiene su correlato en el ejemplo que dejaron les trabajadores autoconvocades de Neuquén o los vitivinícolas en la provincia. Tras 55 días de lucha, con acciones que bloquearon a Vaca Muerta mediante la alianza con las comunidades mapuches y con el pueblo de las localidades petroleras, se llegó a una oferta total del 53 %. Aunque dejaron claro que van por más tanto en salario como condiciones de trabajo y que tienen el apoyo de la población para hacerlo.

En Mendoza, una nueva generación de profesionales de la salud, enfermeres, prestadores y residentes de diversas localidades, reencausan el espíritu rebelde de la marea verde y el levantamiento de les jóvenes en nuestra región ante un sistema capitalista en crisis que nada tiene para ofrecerles, desde hace meses están protagonizando medidas de fuerza por tiempo indeterminado con masivas movilizaciones exigiendo un aumento salarial del 45%. Se vienen organizando en asambleas y formas de coordinación democráticas que demostraron que esta juventud que nada tiene que perder cuenta también las fuerzas y el apoyo de la comunidad.




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