Juventud

IDEAS DESDE LA UNIVERSIDAD

El acceso a la universidad en tiempos de pandemia

El acceso y permanencia de les estudiantes a la universidad pública, así como la situación laboral de les docentes, se puso en cuestión a partir de la modalidad virtual por la cuarentena. ¿Cómo afecta a estudiantes y trabajadores de la educación? ¿Por qué es importante su alianza para pelear por sus derechos y cuál es la perspectiva para el movimiento estudiantil en tiempos de crisis? En este artículo, algunas respuestas y propuestas.

Sofía Achigar

@SofiaAchigar

Lucio Prieto

Estudiante de Psicología, Universidad Nacional de Rosario

Martes 7 de julio | Edición del día

Mata Ciccolella

La pandemia del Covid-19 ha producido un nuevo giro en la situación mundial, profundizando la crisis económica iniciada en 2008. Argentina no queda afuera de este cuadro. Las magnitudes históricas de la crisis actual nos llevan a repensar desde cada lugar, ¿cómo saldremos de ésta?

En este marco, entró en escena un gran movimiento juvenil, con foco en el corazón de Estados Unidos, que lucha contra el racismo y la violencia policial. Esto tuvo repercusiones en todo el mundo, con importantes movilizaciones en Inglaterra, Francia, Brasil, entre otros países.

En este artículo, no vamos a referirnos a las características de la crisis en general, sino en particular a cómo ésta impacta en la educación superior. Una de las muestras de este impacto es la realidad laboral de les docentes, que días atrás realizaron un apagón virtual y paro, organizado por CONADU-H, en defensa de sus derechos como trabajadores, a la vez que desde AGD-UBA exigieron la expropiación de Vicentín sin pago y bajo gestión de sus trabajadores.

¿Acciones? del Consejo Interuniversitario Nacional frente al Covid-19

El 26 de junio, el Consejo de Rectores del Paraguay convocó un Foro Internacional para abordar en un primer encuentro: “Análisis sobre la realidad de la Educación Superior en el contexto del Covid–19 y los nuevos desafíos”, en el que participaron miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina. Allí, la Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste Delfina Veiravé, también presidenta del CIN, recordó que el sistema universitario argentino tiene 66 instituciones, 2.227.746 estudiantes y 193.056 docentes de instituciones públicas; que el 83 % de los estudiantes integran universidades públicas y el resto en universidades privadas, y que existen 90 mil estudiantes extranjeros [1]. Aseguró también que “la pandemia fue abrumadora para nuestra organización y no nos dio la posibilidad de prever. Se requirió una transformación y adaptación acelerada de la gestión y de la administración institucional. Debimos apelar a recursos excepcionales” [2].

A lo que no se refirió Veiravé, es a las condiciones de absoluta precariedad con la que se llevó a cabo esta "adaptación acelerada de instituciones educativas". ¿A dónde fueron los supuestos recursos puestos a disposición de la crisis sanitaria, social y económica en curso? ¿Cuáles son esos recursos, siendo que el Gobierno Nacional extendió el presupuesto 2019 para el 2020? Por otro lado, no se ha debatido entre la comunidad de las distintas universidades públicas cómo poner a disposición los institutos de investigación, todos los laboratorios, y menos que menos el capital humano de docentes, investigadores e investigadoras, estudiantes y más precisamente les de los últimos años, que podrían incorporarse al sistema de salud público que requiere mayores profesionales como reclaman les propies trabajadores, así como para otras áreas. Las instancias de cogobierno empezaron a mostrar su rostro más antidemocrático, poniendo en discusión la autonomía universitaria por la vía de la suspensión del funcionamiento de estos organismos en varias universidades nacionales (mientras en otras funcionaron solo de forma consultiva).

El caso del desarrollo de un suero hiperinmune contra el Covid-19 por parte de científicos de la Universidad de San Martín (Buenos Aires), es gráfico respecto de lo que podría aportar la universidad frente a la pandemia. Pero en vez de ser administrado de manera estatal y en común entre científicos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la salud, la producción de este conocimiento termina en las manos de la empresa Inmunova, del millonario Hugo Sigman. Esta orientación social en función de intereses opuestos a los de la mayoría del pueblo trabajador, se evidencia crudamente. Otro ejemplo actual: mientras crece día a día la preocupación por el colapso del sistema sanitario, sin utilizar al máximo las capacidades de las universidades, vimos avanzar en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA un convenio con la petrolera Shell. Al leer el proyecto de investigación para que la multinacional obtenga beneficios científicos y económicos a costa de su metodología contaminante como el fracking, encontramos que todo apunta a desarrollar uno de los objetivos del gobierno de Fernández en la tierra dorada para los petroleros. Es decir, un ejemplo más del alineamiento del CIN con las políticas del Gobierno Nacional. De allí podrían salir los dólares que necesita el Presidente para pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

La modalidad virtual en debate

Lo que sí es de público conocimiento, es que la modalidad virtual para la cursada así como para el trabajo docente, no fue consultada con les trabajadores ni con les estudiantes. Para les docentes, las jornadas laborales se han duplicado o triplicado, y los ad honorem (docentes que trabajan de manera gratuita) que son una estructura de miles de trabajadores y trabajadoras que mantienen en pie a la universidad pública, también han aumentado las jornadas, sin derechos laborales. Tampoco se ha dispuesto un sistema de licencias pagas para quienes tienen niñes y personas a cargo, cuestión que dificulta (sino imposibilita) llevar adelante el trabajo "desde la casa". A esto hay que sumar la falta de capacitación necesaria frente a la modalidad virtual del dictado de clases y el nulo otorgamiento de recursos para llevar adelante el trabajo (conexión a internet de calidad, computadores, sistema audiovisual, acceso a plataformas de video llamadas de calidad, etc). Sobre este punto, profundizamos en otra nota de este suplemento. Esta situación, también está atravesada por el debate pedagógico y del conocimiento que implica el cambio hacia la cursada virtual en lo que hace a la educación pública, incluido entre ellos el intento de avanzar en el control pedagógico vía algoritmos.

La mayoría de las autoridades de las distintas universidades públicas del país (en manos de radicales y peronistas desde hace décadas), prácticamente no han brindado información sobre el acceso a la educación y permanencia en los más de tres meses de cuarentena. Y en los casos en los que se hizo, se trata sólo de algunos pocos relevamientos por facultad. La poca información disponible existe, en parte, por iniciativa de la organización estudiantil a través de sus Centros de Estudiantes u organizaciones políticas que intentaron visibilizar la realidad del estudiantado.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, las autoridades radicales de la Franja Morada, anunciaron con bombos y platillos la velocidad con la cual reconvirtieron la cursada presencial en virtual, producto de la pandemia. Pero comparado con el ciclo lectivo 2019, los datos desmienten que el resultado sea progresivo. Según el informe oficial de la UNR, al campus virtual se conectan en promedio 40 mil estudiantes y docentes con picos de hasta 45 mil personas. Un número que, comparado con el último boletín estadístico publicado en agosto del 2019 -con datos cuantitativos de la cantidad de alumnos, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de las diferentes unidades académicas-, se llegó a más de 80 mil estudiantes sin contar docentes. Es decir, se constata una deserción del 50 %, siendo que en los últimos años rondaba entre el 20 y el 30%, es decir que se duplicó [3]. Uno de los factores que explica el nivel de deserción durante la pandemia, es el hecho de que el 30 % de les estudiantes tienen mala conectividad a internet, según reveló el portal de noticias local Rosario Plus. Otro dato que contrasta con los poco más de 700 modems entregados a estudiantes, docentes y no docentes sin acceso a internet, para las labores académicas y administrativas [4].

En la UBA, a iniciativa de la agrupación La Izquierda en Derecho, les estudiantes realizaron una encuesta en la Facultad de Derecho. A partir de relevar 414 casos de estudiantes de grado durante el mes de junio, se constata que sus situaciones laborales se vuelven un factor importante a la hora de estudiar: el 33,8 % no consigue trabajo, el 28 % se encuentra en relación de dependencia, y el 20,5 % trabaja de manera informal, es decir sin derechos laborales, y el resto se divide entre otros empleos precarios pero registrados como monotributistas, trabajo doméstico, etc. y quienes tienen la posibilidad de cursar sin trabajar son una minoría (8 %). Respecto a las opiniones sobre la modalidad virtual, el 62,4 % considera problemática la modalidad virtual existente [5].

En la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el Centro de Estudiantes (CEHUMA) conducido por la Juventud del PTS y el FITU, impulsó un relevamiento a estudiantes de las seis carreras dictadas en las sedes de Neuquén y Bariloche (Río Negro). Un 39,6 % accede con dificultades a las cursadas virtuales y un 18,7 % no lo puede hacer, contra un 41,8 % que puede acceder correctamente a tomar sus clases. Sobre el abandono de las carreras el 71,7% respondió tener compañeres que no están pudiendo acceder a las clases virtuales, mientras que el 26,1% no lo sabe, y sólo un 2,2 % afirma que no tiene compañeres que no accedan. El informe también refleja que “entre quienes trabajan, sólo un 40 % tiene un empleo registrado”. A la hora de responder sobre cómo la cuarentena afectó su situación laboral, las respuestas son preocupantes: “Del universo que respondió que trabaja o trabajaba antes de que inicie el aislamiento, el 46,4 % manifestó graves problemas: suspensiones sin goce de sueldo, disminución en sus ingresos y hasta despidos” [6].

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, según los resultados de la encuesta que realizó esa facultad al inicio de la cuarentena, el 39 % de les estudiantes no tienen computadora. Es decir, de los 3 mil que respondieron la encuesta, hay 1228 que sólo accederán desde su celular a las clases virtuales. A su vez, de esos 1228, 440 sólo se conectan desde la red de datos de su compañía telefónica [7].

Son jóvenes con su futuro en juego

Este artículo sería infinito si tuviéramos que reflejar cómo es la vida de esos miles de estudiantes que tuvieron que dejar de cursar, o que continúan haciéndolo con mucho esfuerzo. Sin embargo, algunos relatos merecen ser leídos.

Evelyn Cano tiene 24 años, estudia abogacía en la UBA y está en el tercer año de la carrera. Es inmigrante paraguaya y trabaja como empleada doméstica. Cuenta que “soy primera generación de mi familia que va a la universidad pública, pude hacerlo gracias a que vine acá, mi mamá no logró ni terminar el secundario. Mi familia que vive en Argentina también labura y no tienen la posibilidad de acceder a la educación. Yo entré a estudiar queriendo ser una especie de “justiciera”, por sensibilidades frente a las injusticias, contra la pobreza, que es algo que siempre me enojó mucho y que lo viví en carne propia. Yo quiero ser una abogada de los trabajadores, me quiero recibir. Pero sé que con un título, no voy a poder cambiar de raíz todas esas miserias que siempre me molestaron”. Estudiar y trabajar, cuando la mayoría de les jóvenes están empleados bajo modalidades de precarización, para Evelyn, “claramente se vuelve más complicado porque tenés menos tiempo para dedicarle y te la arreglas como podes. Lo máximo que estuve en un empleo es éste, que voy dos años, y trabajo desde los 15, pasé por muchísimos laburos”. Pero también es parte de esa generación que en Argentina y en el mundo, se empieza a organizar, por su derecho a la educación y también para conseguir derechos laborales.

Ella es referente de La Red de Precarizades, Informales y Desocupades, agrupamiento nacional que nuclea jóvenes trabajadores y trabajadoras, y también es miembro de Juventud del PTS - Frente de Izquierda Unidad. Por eso, nos cuenta que “yo me organicé por mi vida, por mi familia, mi abuela particularmente, que siempre me transmitió muchísima fortaleza y me impulsó a pelear por lo que yo quería”.

“Soy Angie, tengo 24 años y estudio la carrera de Letras. Ya cursar en una situación ‘normal’ para mí era difícil”, nos cuenta desde la patagonia una alumna de la Universidad del Comahue. “Siempre se me complicó estudiar por la falta de laburo o por tener laburos re precarios. Sin trabajo no podes cargar la SUBE para ir a cursar, no podes pagar apuntes, y aún peor, a veces no podes comer, y sin comer no te dan muchas de ir a cursar. Cuando empezó la cuarentena, yo estaba laburando en un patio de comidas, era el refuerzo como le llaman ellos, me pagaban el sueldo más bajo, me ponían horarios rotativos en la semana y cubría más de un puesto a la vez. Una porquería”. Ella habla en pasado porque el mismo día que el gobierno anunció el inicio de la cuarentena, en su trabajo comenzaron a despedir. La suspendieron a partir del 19 de marzo, y aún espera que le paguen lo adeudado. ¿Y la cursada virtual? “Menos. Nunca tuve internet en casa, tampoco otros servicios como el gas, la cursada se me hizo imposible. Creo que muches nos quedamos por fuera”. Angie tampoco se queda de brazos cruzados, se organiza con su centro de estudiantes y es miembro de La Red de Precarizadxs.

Estos testimonios incorporan la dimensión de clase al problema de la deserción, que se profundiza a partir de la crisis en curso. Quienes se ven expulsados de la universidad, son mayoritariamente aquelles estudiantes con una vida más precaria, ya sea por sus condiciones laborales o materiales(hacinamiento, calidad del acceso a servicios básicos, etc.)

La pandemia evidencia un problema estructural de la universidad en nuestro tiempo

En elaboraciones anteriores, decíamos: “La universidad de masas se transformó en una institución costosa en términos materiales para el capitalismo, en tanto productora de una enorme cantidad de mano de obra calificada imposible de ser absorbida por el sistema (...) A este problema material se suma una contradicción política: el peso social y cultural que ganó el estudiantado y el mundo universitario a partir de la masificación de las universidades explica que, como mecanismo privilegiado de cooptación y contención de enormes franjas de las clases medias, sea inviable políticamente (sin producir grandes conmociones) volver a un modelo elitista y excluyente como el decimonónico”.

La pandemia agudizó las contradicciones preexistentes en la universidad. La deserción, que ya existía, es una tendencia propia de la universidad. Ante esta situación, se abre el interrogante sobre la posibilidad de un proceso de reducción de la matrícula, producto de que no existan respuestas por parte de las autoridades ni de los gobiernos ante las dificultades materiales que se presentan para poder continuar con los estudios.

A su vez, existe otro sector del estudiantado que aún cuenta con las herramientas para sostener su carrera, incluso quienes están actualmente en los últimos años en vísperas de recibirse, donde lo que se pone en juego es el valor del título de grado, en un mercado laboral profundamente fragmentado. Esto se ve en el exponencial aumento de los posgrados pagos [8] que funcionan como una caja de “recursos propios” para las universidades, entre otros mecanismos avalados por la menemista y vigente Ley de Educación Superior que todos los gobiernos han sostenido desde la década del 90 a esta parte.

Estas contradicciones hay que observarlas como un proceso dinámico con resultado aún incierto, que depende de hacia dónde vaya la situación social, política, económica y, sobre todo, de los obstáculos que este plan pueda encontrar en su camino, como ha ocurrido con los procesos de lucha en defensa de la educación pública de las últimas décadas. La organización estudiantil, en alianza con les docentes y toda la comunidad científica y educativa, se volverá fundamental, así como la coordinación con otros sectores de la sociedad.

Los Centros y Federaciones estudiantiles

Algunos ejemplos auspiciosos encontramos en la provincia de Buenos Aires y en el sur del país, en los centros de estudiantes del CEHUMA de la UNCo y en el de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El ejemplo neuquino muestra como cuando los estudiantes impulsan asambleas, debaten junto a docentes y toman resoluciones, el movimiento estudiantil puede ganar fuerzas para pelear por sus reivindicaciones y unirse a otros sectores también golpeados por la crisis, logrando una alianza social capaz de pelear por otra salida ante la crisis que estamos viviendo. Otro ejemplo es el convenio que se firmó entre la UNSAM y la gráfica recuperada Madygraf.

Hoy se vuelve urgente generalizar este tipo de experiencias. Los centros de estudiantes y las Federaciones en cada región que se encuentran paralizadas, deben salir de ese estado y convocar a les estudiantes a debatir y organizarse. El CIN anunció un financiamiento en infraestructura, pero... ¿dónde está eso? En momentos previos a la virtualización forzosa el Estado distribuyó notebooks para estudiantes secundarios. Hoy, de no garantizar dispositivos y conectividad para todes, está planteada la expulsión de hecho de miles de estudiantes. Se vuelve urgente plantear medidas contra la deserción y por la unidad de los distintos sectores más afectados por la crisis:porque el servicio de internet sea declarado esencial pero no para garantizarle las ganancias a las empresas, sino el acceso a la comunicación dando internet y telefonía gratis mientras dure la pandemia: por el IFE para todes quienes la solicitaron y porque ese ingreso sea de 30 mil en base a un impuesto a los más ricos del país. Necesitamos que las organizaciones estudiantiles que se reivindican como parte del “campo popular”, que dirigen decenas de centros y algunas federaciones estudiantiles, se pongan a la cabeza de estos reclamos.

Se vuelve necesario pelear por democratizar las herramientas de organización estudiantil anquilosadas, como la Federación Universitaria Argentina (FUA) en manos de radicales y peronistas, y otras federaciones regionales, que hace años atraviesan un proceso de degradación cumpliendo principalmente el rol de gestores de servicios de les estudiantes, convirtiéndose en aparatos contenedores de cualquier tipo de expresión de cuestionamiento al status quo del régimen universitario. El último conflicto en defensa de la educación superior con extensión nacional en el año 2018, dejó algunas conclusiones en ese sentido, que vale la pena retomar para pensar el próximo período.

Otro programa y perspectiva para la universidad

Las iniciativas que vayan en el camino de unir reclamos y fuerzas entre docentes, estudiantes y quienes sostienen la universidad pública, se vuelve fundamental para pelear por el derecho a estudiar, contra la precarización docente, y porque el conocimiento de la universidad esté orientado a los intereses sociales de las mayorías, para lo cual es necesario un aumento presupuestario en base al desconocimiento soberano de la deuda externa. El movimiento estudiantil, uniendo sus reclamos a los de otros sectores, puede darle mucha más fuerza a una salida de fondo. Por eso, así como están haciendo sectores de trabajadores y la juventud precarizada que se pone de pie, organizándose en asambleas para debatir sobre sus problemáticas y unificar luchas, así como un programa de conjunto de salida a la crisis, planteamos la importancia de retomar este camino en el movimiento estudiantil, convocando a todos los sectores estudiantiles, las agrupaciones del FIT-U y otros sectores de izquierda y agrupamientos que reivindican una postura de independencia política de los partidos tradicionales y las autoridades de las universidades, a impulsar asambleas comunes. Los reclamos propios de les estudiantes, se ven aumentados exponencialmente en las barriadas populares y en los lugares de trabajo donde la precarización laboral es moneda corriente. Necesitamos espacios de organización y deliberación para dar la pelea porque los Centros y Federaciones tomen estas banderas de lucha, y es un desafío para quienes peleamos por esta perspectiva, marcar este camino.

El resurgir de la juventud que se levanta en el mundo , contra el racismo y la violencia policial, cuestionando la discriminación y expresando cómo quieren que sea su futuro, es un camino auspicioso para apostar a un movimiento estudiantil en Argentina que, junto a sus propios reclamos, abrace esas causas, pelee contra esas desigualdades -que con características específicas atraviesan también este país-, y vuelva a aparecer con fuerza, mostrando su potencial como sujeto político.









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