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El Tribuno de Jujuy ridiculiza denuncias de organismos de derechos humanos y legisladores

En un provocador editorial, firmado por Carlos Ferraro, se tilda de “soberanamente ridículas” las denuncias realizadas por referentes de derechos humanos y bloques políticos que se reunieron en la capital jujeña.

Miércoles 14 de septiembre de 2016 | Edición del día

En la última nota editorial de diario El Tribuno de Jujuy, titulada “La foto un caos, la película ¿con final feliz?”, se intenta desmerecer las denuncias a los atropellos a los derechos democráticos elementales que fueron presentadas recientemente por las víctimas y familiares ante una comisión integrada por organismos de derechos humanos y legisladores.

La recepción de las denuncias fue un hecho inédito, que permitió visibilizar en todo el país la crítica situación que se vive en Jujuy. Precisamente de ese hecho se hicieron eco medios nacionales como la Agencia Telám o el diario Página/12.

La comisión que atendió y recopiló esas denuncias funcionó el pasado viernes en un hotel céntrico de la capital jujeña y estuvo integrada por los principales organismos de derechos humanos del país y de la provincia, junto a legisladoras y legisladores nacionales y provinciales.

Entre los referentes y organismos de derechos humanos que integraron la comisión figuran María Laura Bretal (Justicia Ya! y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención La Cacha); Luz Palma Zaldua (CELS); Graciela Rosenblum (Liga Argentina Por los Derechos del Hombre); Norma Ríos (APDH); Nilda Eloy (Asociación Ex Detenidos Desaparecidos); Angela Caredela (APDH); Victoria Moyano Artigas (CeProDH) Sara Velázquez (Familiares de Ex Detenidos de Jujuy); Matías Levonian (Correpi); Inés Peña (Familiares de Ex Detenidos de Jujuy); Miguel Farías (Ex Detenidos de Ledesma); Luis Paz (abogado de Milagro Sala), Paula Álvarez Carrera (abogada de Milagro Sala); Francisco Jara Sánchez (presidente ex presos Libertador San Martin) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).

Se sumaron también en Jujuy para recibir estas denuncias las diputadas nacionales Myriam Bregman (PTS-FIT); Josefina González (Frente Para la Victoria); Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria – Movimiento Evita), legisladores provinciales como Raúl Godoy del PTS-FIT de Neuquén y Juan Manuel Esquivel del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular de Jujuy.

A partir de los testimonios dados por dieciocho representantes de un amplio espectro de la sociedad, trabajadores azucareros de Ledesma y La Esperanza, metalúrgicos de Aceros Zapla, docentes y estatales, vecinos de barrios populares, miembros de comunidades originarias de la Quebrada y Puna, abogados de dirigentes sociales detenidos ilegalmente, familiares de jóvenes víctimas del gatillo fácil, entre otros, se pudo precisar con más detalles el dramático estado de persecusión policial y represión que se profundizó a partir de la llegada del gobierno de Gerardo Morales y Carlos Haquim.

Una situación que alarmó a los propios referentes de derechos humanos y legisladores que, si bien tenían conocimiento de las violaciones a los derechos democráticos en Jujuy, por la magnitud de la violencia y la impunidad policial y de las autoridades políticas y de la Justicia relatadas por los testigos durante más de cuatro horas, los dejó con mayor preocupación.

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¿Será justamente la contundencia de las denuncias recibidas como el carácter inédito del funcionamiento de una comisión que ayuda a sacar a la luz el atropello propio de un régimen policial lo que molestó a los editores de El Tribuno?

Así lo confirma el encono del editorialista, que tergiversa las declaraciones del conjunto de la comisión que confirmaron la existencia de un Estado policial, persecutorio y represivo en la provincia de Jujuy; e incluso atribuye falsamente declaraciones de una de las referentes, Myriam Bregman, al plantear que la diputada manifestó que “lo que se vivió en la dictadura se vive hoy en Jujuy en la democracia”.

Bregman nunca afirmó eso, pese a recibir amenazas de muerte la semana pasada y días atrás una carta intimidatoria de la gerencia que responde al empresario genocida Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma.

En una operación “invertida” a la que hace Macri y los funcionarios nacionales de Cambiemos, que ponen en duda el número de desaparecidos durante la última dictadura militar y hablan de una “guerra sucia”; en este caso el editorialista jujeño pretende forzar las definiciones de los organismos de derechos humanos y las fuerzas políticas que (como el PTS-Frente de Izquierda) vienen denunciando la existencia de un régimen policíaco instaurado por el gobierno de Gerardo Morales y Carlos Haquim, con la intención de mostrar que en realidad tales atropellos no existen; sino que se trata de declaraciones “exageradas para ganar notoriedad”.

Mediante esta operación de cambiar las declaraciones y definiciones políticas sobre la verdadera realidad que vive el pueblo trabajador en Jujuy desde que asumió Morales (quien, vale recordar, rearmó una Justicia con mayoría propia de militantes radicales y puso en funcionamiento el represivo Código Contravencional formulado por el PJ de Fellner), se lanzó todo el poder del Estado hacia la detención ilegal de dirigentes sociales como Milagro Sala, armar causas penales truchas a dirigentes obreros, reprimir a los obreros del Ingenio Ledesma y luego sancionar con multas millonarias a su sindicato, reforzar la impunidad de la policía provincial del gatillo fácil y las torturas en la comisarías, y un largo etcétera que viene siendo publicado por La Izquierda Diario.

¿Será por eso también la negativa del diario a publicar la opinión de la izquierda que, pese a ser la tercera fuerza política en Jujuy, tiene vedada prácticamente sus páginas desde la llegada del nuevo gobierno?

No obstante, el mismo editorialista Carlos Ferraro, con el método de la intriga, pone en duda todas estas denuncias y ni siquiera se preocupa por dar a conocer las denuncias realizadas ante la comisión el viernes, cuestión que lo llevaría lógicamente a aceptar la verdad de los hechos que intenta ocultar. Por el contrario, colabora desde sus columnas, una vez más, con la impunidad del gobierno de Morales-Haquim. Y, para no quedar atrás, hace de vocero oficial afirmando que a los docentes y estatales que pararon hace semanas se les va a descontar los días, ratificando su compromiso con el atropello al derecho a huelga (contemplado en la misma Constitución Nacional) que aplica el gobierno.

De la vereda de enfrente se ubican quienes conforman la redacción de La Izquierda Diario, quienes tienen un compromiso militante con la verdad de los trabajadores y sectores populares, organizaciones políticas, sociales y sindicales, familiares de víctimas de gatillo fácil y femicidio, comunidades originarias, que sufren la violencia del régimen de gobierno, su policía y Justicia.

Estas páginas están abiertas para reproducir todas las denuncias e impulsar campañas en defensa de los derechos democráticos del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

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