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Red Internacional

Real corrupción.El Tribunal Supremo español reconoció que Juan Carlos I ocultaba sus comisiones en paraísos fiscales

La comisión rogatoria enviada a Suiza por la Fiscalía del Tribunal Supremo afirmó que Juan Carlos actuó ilegalmente como comisionista internacional con fondos de origen ilícito, lo que podría ser constitutivo de los delitos de blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. “La mordida” del monarca era enviada a diferentes paraísos fiscales.

Viernes 3 de septiembre | 22:32

Ante los innumerables casos de corrupción del emérito la fiscalía general del Estado se ha visto obligado a mantener abiertas tres diligencias de investigación contra Juan Carlos I para determinar el origen de los diferentes fondos presentes en distintos paraísos fiscales. En ellas "ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones".

Es precisamente en la comisión rogatoria enviada el 24 de febrero a las autoridades suizas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se afirma que Juan Carlos I amasó su fortuna mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Así lo ha adelantado el diario “El Mundo”.

Lo significativo de estas afirmaciones es que en el documento de la comisión Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo, representante, por tanto, de la Fiscalía, reconoce por primera vez y de forma explícita que el rey emérito ha ocultado su fortuna en paraísos fiscales a lo largo de los últimos años. En dicho documento Ignacio Campos reconoce a las autoridades suizas que "en estos momentos dispone de elementos indiciarios de que los fondos que son objetos de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita". Lo cual podría ser constitutivo de cuatro delitos: blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Determinar si es así es precisamente lo que se propone el ministerio público a través de estas diligencias. Sin embargo, el antiguo monarca está blindado por la ley y el Gobierno. En caso de que el equipo de fiscales llegaran a estas conclusiones la comisión estaría obligada a transformarlas en la correspondiente querella ante la Sala Segunda del Supremo, sala ante la cual está aforado el emérito.

Precisamente, la Fiscalía ha aclarado en su escrito que los delitos que se especifican en el escrito no suponen "un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones" fiscales, sino que se encuentran "en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación", que se confirmarán o descartarán en función de la información que se reciba de Suiza.

Las cuentas del emérito en suiza lejos están de ser las únicas. Hace un mes salieron a relucir dos nuevas cuentas de Juan Carlos en Suiza y Panamá, que esconderían 100 y 65 millones de euros respectivamente. Estos dos nuevos casos de corrupción de la Monarquía se suman al reciente descubrimiento de los negocios del monarca mediante la venta de armas a países árabes a través de la empresa Alkantara Iberian Exports Ltd. A través de esta empresa, financiada en parte con dinero público a través del Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, el emérito se habría podido llegar a repartir, solo con el comercio con Marruecos, unos 75 millones de euros en comisiones.

Además de estar siendo investigado por las comisiones a Suiza, también se ha pedido ayuda a México, Jersey y Mónaco, esta última para tomar declaración como testigo a De Orleans, primo del emérito y dueño de la Fundación Zagatka a través de la cual más de una decena de empresas del IBEX-35 financiaron sus vuelos privados, defraudando 4,4 millones de euros. En total el patrimonio del Rey Emérito era cifrado en 2012 por el New York Times en torno a los 1.800 millones de euros.

A pesar de esto, como ya hemos afirmado en artículos anteriores, el problema de la Monarquía no es sólo su evidente corrupción, sino que se trata de una institución reaccionaria y antidemocrática, garante de los negocios imperialistas del Estado español y de los intereses del IBEX35. Un pilar fundamental de los intereses económicos de los grandes empresarios españoles, de cuyos negociados salían las “mordidas” que recibía el emérito. Una monarquía preservada y amparada por todo el Régimen, el entramado legal y el Gobierno “progresista” del PSOE y Unidad Podemos.

Es necesario derribar este régimen podrido y hacer caer a la monarquía no sólo por corrupta, sino porque se trata de una institución reaccionaria al servicio del IBEX35. Para lograrlo no se puede contar con Unidas Podemos, hoy ministros y ministras de Su Majestad, cuyo socio de Gobierno reiteraba hace una semanas su "reconocimiento a la orientación que le está dando el rey Felipe VI a la Casa Real en materia de transparencia". Pero tampoco se puede contar con ninguna otra de las instituciones del régimen que, precisamente, le amparan. Solo a través de la lucha en las calles, centros de estudio y centros de trabajo, se puede imponer una medida democrática elemental como es un Referéndum estatal sobre la monarquía y procesos constituyentes en todo el Estado para decidirlo todo.




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