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Red Internacional

Debaten la inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. La votación se da en paralelo con una campaña que sigue preguntándose ¿dónde esta Tehuel?

Tomás Máscolo@PibeTiger

Jueves 24 de junio | 17:19

El proyecto del cupo laboral travesti trans lleva los nombres de las activistas Lohana Berkins y Diana Sacayán. El 20 por ciento de la población travesti-trans no realiza ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80 por ciento restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales de precaria estabilidad.

El dato de cobertura de salud refuerza un panorama de fragilidad: el 80 por ciento no tiene obra social, prepaga o plan estatal y la mayoría tiene que prostituirse para sobrevivir.

El documento cuenta con un único requisito que refiere a la edad: "A los efectos de la presente Ley las personas trans mayores de 18 años, sin perjuicio de que hayan o no accedido a los derechos establecidos en la Ley N° 26.743 (ley de identidad de género) y sus modificatorias", detallla el artículo nº 6 refiriéndose al cambio de registral del género en el DNI, para luego especificar que "la terminalidad educativa" tampoco "constituye un impedimento".

“Exigimos al estado asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación", dijeron desde el Archivo de la Memoria Trans.

Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

Igualdad ante la vida

La cuarentena por el coronavirus mostró la desigualdad estructural a la que están sometidas las personas LGTBIQ+. Particularmente travestis y trans están atravesando una emergencia habitacional y laboral. En ese marco, esta medida que se viene reclamando hace años en las calles se vuelve fundamental para paliar la situación que atraviesa el colectivo. En septiembre del año pasado, el Gobierno aprobó por decreto un cupo laboral trans. A lo largo del país, personas trans y activistas vienen denunciando que, tal como sucede con este tipo de leyes conquistadas en distintas provincias y localidades, se viene aplicando a cuenta gotas en los hechos.

Mientras seguimos denunciando los violentos desalojos de la policía, mientras la precarización y el desempleo son moneda corriente para la mayoría de personas LGBTIQ+ que necesita un trabajo para subsistir, mientras seguimos peleando por el reconocimiento del derecho a la salud integral, el Gobierno decide no invertir en hospitales o viviendas sino pagarle al Fondo Monetario Internacional. Se tienen que invertir las prioridades.

A la espera de la sanción definitiva en Senadores, seguiremos luchando por nuestros derechos y defendiendo nuestras conquistas en las calles, ese lugar donde se hacen escuchar nuestras demandas tal como mostró la conquista del aborto y el caso de Tehuel. No hay números certeros de cuánto se este implementando el cupo laboral trans. Sí hay otros. En el año 2020 se sucedieron 152 crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia, dice el Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de odio. La muerte es el último eslabón de una cadena de violencias y derechos que se nos niegan. Esto se agravó en la pandemia. ¿Acaso Tehuel no fue uno de los tantos jóvenes que van ilusionados por pegar un laburo nuevo?

A la falta de soluciones estructurales en el aspecto sanitario, que hacen del acceso a la salud una odisea y a pesar de estar vigente desde el 2012 la Ley de Identidad, se le suman las noticias sobre los desalojos a travestis y trans en Once o Constitución que llegaron a este medio y siguen llegando. Denuncian principalmente el accionar policial. La provincia, no está exenta de esto, de hecho Tehuel también peleaba por tener una vivienda digna.

Por eso es fundamental seguir reclamando de manera independiente, organizándonos en cada ciudad, lugar de laburo y estudio para lograr que efectivamente se cumplan. Hoy celebramos esta conquista, en las calles haremos que se implemente.




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