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Red Internacional

Chile.El Senado chileno rechazó la acusación constitucional contra Sebastián Piñera

La iniciativa había avanzado en la cámara baja luego de las revelaciones de los Pandora Papers, pero dependía del voto de senadores oficialistas para que sea confirmada en el Senado.

Martes 16 de noviembre | 21:27

Este martes el Senado rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

La iniciativa debía contar con el respaldo de 2/3 de la Cámara Alta para ser ratificada, pero la propuesta ya fue rechazado por 15 senadores, por lo que no podrá conseguir los 29 respaldos necesarios para destituir al mandatario.

De acuerdo con la investigación denominada Papeles de Pandora, a Piñera se lo acusa de vender la propiedad de la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

La oposición buscó respaldos en el oficialismo contra el mandatario, pero los senadores de Chile Vamos se cuadraron y respaldaron al Presidente votando en contra de la acusación.

La estrategia del Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación (la “oposición” unida) de llevar todo al terreno de las maniobras parlamentarias y electorales no han dado resultado en absoluto. De hecho esta política de querer dirimir todo en el marco de las instituciones degradadas del régimen chileno heredado del pinochetismo, cuestionado por la propia rebelión de 2019, es responsable de haber llevado al ultraderechista José Antonio Kast a ser favorito hacia las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Desde las instituciones del régimen y sin la fuerza de la movilización en las calles, organizada por los grandes sindicatos y comunidades durante los días álgidos de la rebelión del 2019, sólo ha dejado impune al criminal Piñera quien sigue gobernando contra el pueblo. Las medidas parlamentarias y acusaciones sólo han dejado sin resolver las demandas de Octubre de 2019, con una Convención Constitucional alejada de las urgencias populares (siguen los salarios y pensiones de hambre; no hay vivienda, se sigue cayendo a pedazos la salud y educación pública), que ha respetado las reglas del pinochetismo (dos tercios) y sesiona con presos políticos y mapuche e incluso con la militarización de La Araucanía.

Esta dinámica si inició el 15 de noviembre de 2019, tan solo tres días después de la huelga general del 12 de noviembre que hizo temblar al país y puso a Piñera al borde del abismo. Fue ese día que el arco de las fuerzas políticas que van desde la derecha hasta el neoreformista Frente Amplio firmaron el "Acuerdo por la Paz", que le garantizó la gobernabilidad a Piñera y otorgó una tregua que aseguraron las conducciones sindicales y sociales de la Mesa de Unidad Social y la CUT contra lo que pedía la mayoría, que era ni más ni menos que la caída del presidente. Ese salvataje le dio a Piñera la sobrevida de dos años que hace que hoy esté ante un juicio político con prácticamente nulas posibilidades de prosperar, cuando debería haber caído en 2019.




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