×
×
Red Internacional

Editorial. El Plan Batakis y la pistola del capataz

El mayor ajuste fiscal anunciado por la nueva ministra de Economía acorde a lo que manda el FMI. Morales alumno del ajuste a las y los estatales y de apuntar contra las organizaciones sociales. ¿Qué falta para unir a ocupados y desocupados? La izquierda propone pelear por el cierre de las causas contra las organizaciones y en los sindicatos por un plan de lucha unitario y paro nacional contra el ajuste.

Miércoles 13 de julio | 19:11

La nueva ministra de economía, Silvina Batakis, que juró por la "estabilidad fiscal" explicó que la misma se consigue gastando solo el dinero que ingrese al Estado. De aquí que, si sos jubilada o empleado estatal, y no llegas a fin de mes, no vayas a esperar una mejora.

Pero también se dio a conocer que la ministra tiene previsto un ahorro de gasto por 600.000 millones de pesos. Menos recursos para obra pública, universidades, transferencias a las provincias, entre otros, rubros que serán recortados.

Todo este esquema fiscal que incluye medidas antipopulares como la suba de las tasas de interés por encima de la inflación, son parte de un combo, que exige el FMI para dar ciertas garantías que el país le devuelva el crédito millonario otorgado al ex presidente Macri.

El manejo de este ajuste fiscal anunció que lo aplicará creando una cuenta única. Lo mismo que implementó el gobernador Morales. De esta forma una persona controla cada peso que hay disponible en el Estado y decide si se gasta o no.

La cuenta única en la provincia ha facilitado profundizar un ajuste sobre el salario de 85 mil empleados públicos. Con paritarias por debajo de la inflación y recaudación fiscal por encima, lograron un superávit fiscal. El mismo es utilizado para garantizar el pago del endeudamiento por el Parque Solar y otros proyectos. Aunque es un saldo positivo endeble. Si los salarios se actualizaran según inflación, este saldo, se esfuma.

¿Cómo se sostiene este esquema? Por un lado, con el apoyo político que recibe Morales de su socio menor en la provincia, el PJ jujeño, tal como lo definió el titular de la AFI (Agustín Rossi); por el otro, con las conducciones sindicales (en su mayoría justicialistas) que se disciplinan a las órdenes del gobierno y hasta se muestran en una mesa de diálogo común (como la CGT esta semana) agradeciendo al Gobernador que los reciba. Así, no hay forma de conquistar una paritaria acorde a las necesidades y no el miserable 18 % en cuotas hasta septiembre.

Es entonces que Morales con estos amigos se erige como capataz de la pobreza, y ha redoblado la embestida contra las organizaciones sociales. Las acusan de “asociación ilícitas”. No es la primera vez, pero si en un contexto de creciente inflación y crisis social, quieren tener a punta de pistola a quienes vienen peleando en las calles contra el hambre. Una acusación que ha sido utilizada para intentar disolver las organizaciones de los trabajadores sea por gobiernos conservadores y fue endurecido en la reforma penal de enero del 1974.

Con este arsenal judicial buscan proyectar el miedo sobre el conjunto de la clase trabajadora. Considerando que gran parte de sus dirigentes sindicales están en la mesa con Morales, ¿Qué les queda a las bases?

Sabemos que si paras en el Estado te descuentan y vas a listas negras. En el sector privado las patronales que están agrandadas, con estas medidas judiciales inflan más el pecho. Por ejemplo, hoy las agrarias van a un paro, lo vimos con las del transporte de colectivo, con los despidos en Ledesma de rurales por cuestionar los problemas de salud generados dentro de la empresa. Hay que pararlos.

La semana pasada miles de enfermeras y personal de la salud autoconvocados junto al gremio de profesionales volvieron a ganar las calles. Exigen mejoras salariales. Ese mismo día, todo el arco de organizaciones sociales (opositoras al gobierno nacional y las oficialistas) repudiaron los allanamientos en una movilización masiva.

Pero ¿Qué falta para unir ambas fuerzas, ocupados y desocupados? La decisión de las direcciones. Más aún de aquellas que tienen responsabilidad compartida en gremios y organizaciones sociales (Apuap y CCC). Imaginemos a esos miles de desocupados junto al personal de salud en una misma acción por el salario, las condiciones laborales, el empleo y contra la persecución del gobierno. ¿No empezaríamos a escuchar otra música en Jujuy?

La unidad alcanzada por las organizaciones sociales, de derechos humanos, y la izquierda para frenar la embestida persecutoria es un punto de apoyo muy importante. Se prepara una movilización para el martes 19. Desde nuestro partido, el PTS-FITU, proponemos una fuerte campaña para que se cierren las causas a las y los dirigentes. Esta defensa democrática del derecho a la organización y protesta, va de la mano de la perspectiva de unir a ocupados y desocupados, exigiendo a las centrales sindicales y gremios locales un plan de lucha y paro nacional. El debate está planteado; pero sobre todo, lo más importante, es su puesta en práctica.




Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias