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El Parlamento uruguayo aprobó una ley que ataca el derecho de reunión

Mediante trámite urgente el Parlamento aprobó ley que ataca derecho de reunión por iniciativa del Poder Ejecutivo. Adicionalmente el Senado aprobó otra ley que establece la postergación del salario vacacional para beneficiar a las patronales a costa de los trabajadores.

Sábado 19 de diciembre de 2020 | 12:49

Luego de sesionar toda la jornada las cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la ley que ataca el derecho de reunión a iniciativa del gobierno de Lacalle Pou. Se utilizó la forma de carácter urgente, concedida por la bancada del Frente Amplio, para lograr esta aprobación exprés pocas horas después que el presidente Lacalle Pou anunciara la medida en conferencia de prensa bajo la justificación de combatir la pandemia de COVID 19. La ley ha sido votada por la bancada de la coalición gobernante.

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¿Qué dice la ley?

La ley interviene sobre el artículo 38 de la Constitución uruguaya, el cual garantiza el derecho de reunión, pero habilita al parlamento a limitarlo mediante ley para cuando dicho derecho “se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

La ley consta de dos capítulos, uno refiere al mencionado artículo 38 que fundamenta la limitación del derecho de reunión “por razones de interés general”, el segundo refiere al cierre de fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de enero.

El capítulo primero establece la suspensión de aglomeraciones “que generen un notorio riesgo sanitario”. Estableciendo un plazo de vigencia de 60 días desde la publicación de la ley, haciendo una descripción vaga acerca de lo que sería una aglomeración que genere el referido riesgo sanitario, lo cual incluye lugares públicos como privados, así como de la circulación o concentración de personas. Otorga al Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales de esta facultad de disolución de “aglomeraciones”, y establece las sanciones correspondientes que van desde la observación, el apercibimiento, hasta multas en Unidades Reajustables, “sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder”.

La ley aprobada no sufrió cambios sustanciales con respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, salvo una prolongación del plazo a disposición de dicho poder para extender la vigencia transitoria de estas limitaciones, pasando de 30 días en el proyecto original a 60 días a partir de las modificaciones que sufrió en el Senado.

La red de abogados por los derechos humanos ha emitido un comunicado que compartimos con nuestros lectores a continuación.

COMUNICADO RADDHH- by Sebastian Artigas

La oposición responsable

Si bien el Frente Amplio no votó la ley, si le concedió al oficialismo las mayorías especiales requeridas para realizar el trámite de la ley de forma urgente. Más allá de esto se limitaron a presentar un proyecto alternativo, que buscando el mismo objetivo, se basaba en el artículo 44 de la Constitución referido a la salud pública y que entre otras cosas contenía una definición distinta de aglomeración y establecía en otras autoridades la facultad de disolución.

No solo por el favor hacia el oficialismo para que pudiera practicar el trámite urgente en el Parlamento, sino por la forma en que plantearon el debate presentando un “proyecto alternativo”, en esencia este accionar legitimó el avance autoritario encabezado por el presidente Lacalle Pou. Que de ahora a los próximos meses, tendrá a su disposición una facultad fuertemente bonapartista a su libre arbitrio herrerista, pero bajo el manto de impunidad otorgado por esta ley.

Asalto sobre el bolsillo del pueblo trabajador

La bancada oficialista aprovechó la sesión para aprobar una nueva ley de beneficio al capital en detrimento de los trabajadores. En concreto aprobaron una ley que permite a los empresarios expropiar el salario vacacional de los trabajadores hasta diciembre del año 2021, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de decidir las excepciones, a favor de todos los empresarios “amigos” que considere necesario beneficiar.







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