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Red Internacional

Crisis económica. El Gobierno y la oposición de derecha comparten el mismo plan de ajuste en Chile

Más allá de las disputas parlamentarias, tanto el Gobierno de Boric como la oposición de derecha comparten el grueso del plan económico que exigen los grandes grupos empresariales frente a la crisis: un ajuste que “normalice” la economía a través de una recesión a costa de mayor desempleo, peores salarios y menor consumo popular.

Jueves 24 de noviembre | 10:15

El circo de la casta política en el Congreso suma y sigue todas las semanas. La imposibilidad de los partidos del régimen de llegar a un acuerdo para un nuevo proceso constituyente; la ofensiva de Chile Vamos junto a Republicanos y el Partido de la Gente para tomar el control de 13 comisiones en la Cámara de Diputados; el intento de la derecha de eliminar el presupuesto para organismos de Derechos Humanos, entre otros golpes de efecto, dan cuenta no sólo de la crisis del régimen, sino de una polarización política que llegó para quedarse.

Sin embargo, todas estas peleas reposan sobre un gran consenso frente el curso económico que debe seguir el país: un ajuste que “normalice” la economía a través de una recesión a costa de mayor desempleo, peores salarios y menor consumo popular. Hermann González, Economista y Coordinador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC, sintetizó la situación de la siguiente manera: “es cierto que el ajuste es necesario, pero no por eso deberá ser doloroso y con impactos en el mercado laboral. La recesión es inevitable”.

Todos los economistas advierten que la caída económica en 2023 será más profunda que la contracción tras la crisis asiática y la crisis de las subprime (2008). Mario Marcel se consuela diciendo que la recesión sería menos abrupta que el desplome de 6% que se registró en 2020 con la crisis global derivada de la pandemia. Sin embargo, Gabriel Boric ha sido un defensor acérrimo de todas las medidas de ajuste económico exigidas por el gran empresariado nacional y extranjero. No solo respetó celosamente el histórico ajuste fiscal de 2022, sino que ahora golpea la mesa y se niega a un congelamiento de tarifas para el transporte público. Olvídense de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, un nuevo retiro de fondos de pensiones o un aumento mayor del sueldo mínimo.

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Y para estos asuntos, son los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros los que imponen los términos que luego son recogidos por el gobierno de Gabriel Boric y los distintos partidos, sean oficialistas o de oposición. En un extenso informe sobre proyecciones económicas para Latinoamérica preparado por Goldman Sachs -uno de los bancos de inversión más influyentes de Wall Street- se describen diversos factores que tendrían complicada a la economía chilena. Según informó El Semanal de El Mostrador, muchos son los factores de riesgo considerados por el gigante financiero: la resaca por sobrecalentamiento de la economía en 2021 producto de los retiros de las AFP y los estímulos del IFE; las discusiones sobre las reformas tributaria y de pensiones; el segundo intento de escribir una nueva Constitución; y las presiones políticas que hacen al sistema más inestable.

Todos los economistas del mainstream repiten lo mismo. Pero lo interesante es la conclusión de Goldman Sachs: la inversión y el crecimiento se mantendrán bajo presión “hasta que los agentes económicos nacionales e inversionistas extranjeros tengan más claridad y se sientan más cómodos con la dirección de la política del Gobierno de Gabriel Boric”.

Lejos del discurso que instalan los ideólogos de la clase dominante, el devenir económico no es producto de vaivenes naturales y matemáticos. Hay decisiones políticas que toman los dueños de Chile y los inversionistas extranjeros que afectan a millones de trabajadoras y trabajadores.

Una de esas decisiones es el enorme retiro de utilidades y fuga de capitales de los grandes grupos económicos. Un ejemplo paradigmático es el grupo Matte. La Papelera CMPC, empresa que sigue despidiendo trabajadores sin ninguna justificación y precarizando sus condiciones laborales, nuevamente obtuvo jugosas ganancias. Pero no solo obtuvo cifras récord de utilidades, sino que la mayoría de esas ganancias lejos de invertirlas, las retiró. El 2021 distribuyó el 100 % de sus utilidades y este año lo hará en un 60 %. En los últimos dos años el grupo económico ha distribuido, vendido o directamente sacado casi US$ 3.000 millones. Y esa plata que obtienen con el sudor de sus trabajadoras y trabajadores no va para la economía nacional, sino que se va para el extranjero.

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Este año, pese a la inflación y la crisis económica, ha sido una verdadera fiesta para los grandes empresarios. Como informó El Mercurio en el mes de octubre, “este 2022 se encamina a colgarse nuevamente el cartel de ‘año histórico’ en materia de reparto de dividendos de las empresas que transan en el mercado bursátil local (...) Hasta el cierre de esta edición, los tres mayores repartos corresponden a empresas del grupo Luksic”.

Y es que el grupo Luksic no para de celebrar. Para los primeros nueve meses del año, sus utilidades sumaron US$ 14.665 millones. Un verdadero escándalo. Una cifra multimillonaria que amasó a costa de explotación y depredación del medio ambiente. No olvidemos que la Familia Luksic figura en el listado de Oxfam sobre los millonarios más contaminantes del mundo.

¿Cuál es el panorama para las familias trabajadoras? Mayor desempleo, peores salarios, caída en el poder de compra, aumento de la pobreza. Como decíamos, para los capitalistas la recesión económica es un “mal necesario” para detener la inflación. Atacar el poder adquisitivo del pueblo trabajador es la fórmula de los capitalistas para que no sean ellos quienes paguen los costos de la crisis. Pero ellos nunca pierden. Al contrario, obtienen utilidades como hace mucho no se veían.

En un contexto donde tanto los partidos oficialistas como de oposición comparten un plan de ajuste económico, los costos de esta recesión se pueden sentir incluso con mayor intensidad que la pandemia, si es que no se derrota el plan de los capitalistas. Varios economistas ven que el desempleo volverá a las dos cifras (y eso que aún hay 160 mil empleos que se perdieron en la pandemia y que no se han recuperado), mientras que el consumo seguirá cayendo.

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Pero para derrotar este plan hay que partir por alguna parte. Hoy existen diversas luchas reivindicativas, la mayoría de ellas en defensa de los salarios, que se mantienen dispersas y que no logran romper el cerco mediático. Es responsabilidad de los grandes sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores, las asociaciones de la Mesa del Sector Público, los sindicatos mineros, la Unión Portuaria, etc., que sus reclamos escalen al terreno político. Huelgas hubo, pero ninguna ha saltado al nivel de imponer una agenda obrera y popular en el debate público. Ninguna ha obligado a que el Gobierno tenga que pronunciarse y dar respuesta a las demandas planteadas. ¿Cómo es posible que los camioneros demuestren más disposición y voluntad de paralizar el país que los grandes sindicatos?

La pelea que estamos dando por romper el cerco mediático de la experiencia de ocupación productiva entre el sindicato de Chilterra y comunidades mapuche en el Fundo Huite tiene ese fundamento. Sólo logrando imponer una agenda obrera en el centro de la discusión política nacional, rompiendo el corporativismo y dispersión de las luchas, será posible avanzar a derrotar el plan capitalista frente a la crisis e imponer un programa de emergencia para que no sea la clase trabajadora la que pague los platos rotos.

Ante una inflación desatada, ¡aumento general de los sueldos ahora! Los sueldos deben reajustarse automáticamente según la inflación y el salario base mínimo debe ser de $650.000, tal como hoy exige el sindicato de Starbucks y otros sindicatos de la juventud precarizada. Como ellos le han dicho al gobierno de Boric: ¡faltan $250.000 para el salario mínimo! Algo requerido por cientos de miles de familias trabajadoras que hoy se encuentran al límite o dentro de lo que el mismo Estado define como la línea de la pobreza.

Pero no basta con el salario. Los precios están entregados al control de grandes grupos económicos que primero piensan en sus ganancias y no en las necesidades de la mayoría. Hay que terminar con el lucro capitalista en los servicios esenciales como el agua, luz, gas y las comunicaciones nacionalizando esas empresas bajo gestión de trabajadores y usuarios. En bienes básicos como la industria alimenticia y el mercado minorista, es necesario establecer el control sobre los precios mediante comités de trabajadores y consumidores. La clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento, a precios accesibles, para toda la población, controlando las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Justamente el problema de la distribución y los precios justos es una de las reivindicaciones de la ocupación del Fundo Huite.


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