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Red Internacional

La situación sanitaria en la provincia de Neuquén se agrava y el Gobierno alerta públicamente pero no toma medidas de fondo. Sigue atacando a la primera línea en lugar de garantizar condiciones laborales y salariales para la atención de la población.

Viernes 14 de mayo | 12:41

Imágenes: Florencia Salto

Las autoridades de Salud junto a las principales clínicas privadas de la provincia emitieron un comunicado alertando sobre la “alarmante” situación sanitaria. Por cuarto día consecutivo los casos positivos estuvieron por encima de los 600 y en un día se registró el pico más alto desde el inicio de la pandemia con 718 casos. Las terapias intensivas llegaron al 99 por ciento de su capacidad. La directora asociada del hospital Castro Rendón advirtió que “ya colapsó el sistema y no hay más posibilidad de atención en Neuquén".

En un extenso comunicado firmado por la ministra de Salud Andrea Peve, expresan su “preocupación” respecto de la alarmante situación epidemiológica actual y hacen un llamado “a la comunidad para que extreme el cumplimiento de las medidas de prevención: higiene de manos, distanciamiento, uso de barbijo, ventilación de ambientes”.

La responsabilidad de la “alarmante” situación epidemiológica de la provincia y el colapso del sistema de salud para las máximas autoridades de Salud, parece ser de las medidas de prevención que adopte la población.

La situación que describen, no se condice con las medidas que tomó el gobierno durante la pandemia

En el comunicado explican que a diferencia del año pasado “se evidencia una rápida aceleración en el nivel de impacto de la segunda ola de contagios y los requerimientos de asistencia y de internación son y serán aún mayores que en 2020”.

En Neuquén, esto ya se refleja en la cantidad de derivaciones que realizó el Centro Coordinador de Camas. “En sólo 10 días, del 2 al 12 de mayo, efectuó más
derivaciones de pacientes Covid que en todo el mes de abril”.

El miércoles la provincia registró un total de 5.192 casos activos, de los cuales 718 fueron confirmados sólo del día. “Esta cantidad de casos diarios superó el pico registrado en enero y está muy próximo al pico de octubre de 2020, momento en el que la provincia transitó su etapa más crítica respecto de la pandemia de COVID–19.”

Con relación a la capacidad de internación en la provincia reconocen que alcanzó su límite máximo 54 pacientes se encuentran esperando una cama para internarse.

El Gobierno es responsable de garantizar las condiciones para enfrentar la segunda ola de contagios

“Como comunidad, la pandemia nos exige adaptarnos a modos desconocidos de vivir y relacionarnos, hoy necesitamos renovar el compromiso de todos y todas para seguir cuidándonos y cuidar a los demás, porque ninguna cama de terapia intensiva asegura la curación de un cuadro clínico de COVID-19 y el verdadero desafío está en que, teniendo la posibilidad de la prevención, nadie necesite ingresar a una”. Así finaliza el comunicado firmado por la ministra Andrea Peve y las principales autoridades del sistema público y privado de salud.

Una vez más, el Gobierno de la provincia deposita la responsabilidad de hacer frente a la segunda ola de contagios a la comunidad y pretende hacer frente a una crisis sanitaria de semejante magnitud sin tomar medidas de fondo afectando los intereses de los que más tienen para cuidar la salud y la vida de la población.

Desde el Frente de Izquierda criticaron duramente el documento emitido por las autoridades de Salud. El diputado Andrés Blanco, indicó que “en primer lugar, debería destinar partidas presupuestarias de emergencia para inyectar en el sistema de salud los recursos necesarios para infraestructura, equipamiento y recurso humano”. Y señaló que “estas partidas no pueden salir de mayor endeudamiento de la provincia sino de un impuesto extraordinario a las petroleras y multinacionales que se llevan ganancias millonarias”.

No se puede dar una respuesta a la altura de la situación sanitaria que atraviesa hoy la provincia sin tocar un peso de las ganancias de los grandes empresarios de las clínicas privadas, de los laboratorios, farmacéuticas y prepagas. Por eso, proponen la centralización del sistema de salud, público, privado y de las obras sociales. Esta medida permitiría centralizar, bajo la órbita del Estado pero con el control de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud y la comunidad, todos los recursos disponibles.

No sólo las clínicas sino todos los laboratorios privados deberían declararse de utilidad pública y garantizar la elaboración de vacunas para toda la población.

La primera línea se cuida, no se ataca

La falta de camas de terapia intensiva está asociada a la falta de profesionales que renuncian por las condiciones laborales y salariales precarias. En medio de la pandemia renunciaron ocho terapistas. A esto se suma que las enfermeras, profesionales, técnicos y administrativos que están en la primera línea se encuentran sumariados, con causas penales y descuentos de hasta el 70 por ciento de sus salarios por ejercer su derecho a huelga.

El Gobierno debe garantizar las condiciones salariales y laborales de la primera línea para la atención de calidad a la población, sin embargo la persigue por luchar.

Así no se puede enfrentar la segunda ola; el gobierno tiene que anular todos los sumarios y causas y restituir los días de paro descontados como medida urgente. Tampoco se puede estar en la primera línea con condiciones precarias de contratación con la incertidumbre de perder el trabajo. La gran mayoría de los y las enfermeras de áreas críticas son personal eventual sin estabilidad laboral. Es urgente el pase a planta permanente de todo el personal contratado.




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