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Red Internacional

A días de vencerse los plazos estipulados por la norma, con un DNU el Gobierno prorrogó por cuatro años más la emergencia en materia de posesión de tierras comunitarias. Es la cuarta prórroga que realiza el Estado, mientras sigue sin ser relevada la mitad de todo el territorio habitado por las comunidades.

Natalia MoralesDiputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Jueves 18 de noviembre | 14:17
Foto Serpaj

El presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (publicado este jueves en el Boletín Oficial) que prorroga por cuatro años más la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras” habitadas tradicionalmente por comunidades originarias en todo el territorio nacional. Con ello se suspenden por ese plazo los desalojos y ejecución de sentencias de territorios que están en litigio judicial.

El DNU 805 prorroga los plazos establecidos en la Ley 26.160, que tenían vencimiento el próximo martes 23 de noviembre. Vale recordar que, por los reiterados incumplimientos en los relevamientos de tierras habitadas por las comunidades originarias por parte del Estado, la norma promulgada en noviembre de 2006 ya debió ser prorrogada en 2009, en 2013 y en 2017.

Al anunciar este jueves la publicación del DNU, la vocera presidencial Gabriela Cerruti reconoció que el proceso de “reordenamiento territorial” (que debería haberse realizado entre 2006 y 2010) “no está concluido", por lo que el Gobierno se vio obligado a prorrogar por cuarta vez la Ley 26.160 si es que no quiere desatar una andanada de violentos desalojos a cientos de comunidades originarias judicializadas por terratenientes y gobiernos provinciales.

El 23 noviembre perdería vigencia la Ley 27.400 (prórroga votada en 2017 de la Ley 26.160) que prohíbe los desalojos y reconoce la posesión de las mismas por parte de los pueblos originarios en sus territorios. En el Congreso todavía no hay fecha de tratamiento de la extensión de la norma, a pesar de que numerosas comunidades vienen realizando un acampe frente al Parlamento desde hace meses exigiendo una pronta resolución a esta problemática.

El proyecto de extensión de la ley 27.400 recientemente obtuvo media sanción en el Senado, tras distintas acciones de lucha de los pueblos originarios. Pero aún no es votado en Diputados y, a menos de una semana de concluir su vigencia, finalmente el Gobierno nacional se vio obligado a extender los plazos por DNU, tirando para adelante la resolución de conflictos que ponen en peligro y exponen a desalojos a más de la mitad de las comunidades indígenas del país. Esta resolución está siendo cuestionada por sectores indígenas como las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (Opinoa), que exigen el tratamiento urgente en el Congreso antes del 23 de noviembre.

Según un informe reciente del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el relevamiento sigue sin ser terminado por parte del Estado y de los Gobiernos de turno (kirchneristas, macristas, fernandistas) dando cuenta de la responsabilidad que tienen. No es casual, sobre todo si sobre esos territorios avanzan en tiempo récord el agronegocio, los desmontes, actividades extractivas y la megaminería contaminante como política estatal.

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El Estado está obligado a reconocer la posesión actual, pública y ancestral de los territorios de los pueblos originarios. Además, debe suspender “por el período de cuatro años, todo acto procesal que tenga por objeto el desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades indígenas”. Sin embargo, pasaron quince años de la sanción de la Ley 26.160 y los relevamientos no sólo no se terminaron, sino que pesan múltiples denuncias sobre manejos de fondos e irregularidades.

Según Endepa, en respuesta a un pedido realizado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el último año sólo se avanzó en el relevamiento del 10.57 % de las tierras indígenas. “En agosto del 2020 al INAI le faltaba relevar el 68.57 % de las comunidades del país… En agosto del 2021 el 58 %. A ese ritmo se necesitarán seis años para terminar con el mismo”, se afirma.

Y además da cuenta de que el INAI en quince años “terminó” (con resolución administrativa) 743 de 1-756 comunidades indígenas identificadas (8.011.830,88 hectáreas.). Y declara que faltan 1.013 comunidades relevar, lo cual con ese ritmo se terminaría en veinte años y seis meses.

La preocupación de las comunidades indígenas y pueblos originarios en el país crece ante el vencimiento de la Ley y por eso vienen realizando distintas medidas de visibilización y de lucha, entre ellas un acampe en el Congreso Nacional. Mientras el relevamiento avanza a cuentagotas y la entrega de títulos de propiedad comunitaria prácticamente no se realiza.

Por eso. si bien la Ley 26.160 tiene sus limitaciones, tanto políticas como judiciales, la norma constituye para las comunidades originarias un paraguas contra los constantes intentos de empresarios y terratenientes de avanzar sobre sus tierras y territorios.

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El Estado en la vereda de enfrente

En provincias como Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán y avanza sin freno el agronegocio, en quince años se relevó solamente a una comunidad indígena y siguen pendientes 159 sin relevar. En la Neuquén del fracking existen 41 comunidades a la espera, en la Chubut de la megaminería a cielo abierto sólo se relevaron 41 y 65 no fueron identificadas. En la Jujuy de Morales y la Salta de Sáez, donde se avanza con el extractivismo del litio en territorio indígena, quedan 70 y 214 respectivamente sin protección.

Como menciona el informe de Endepa, es el Estado quien viene incumpliendo y es responsable ya que, en los hechos, no reconoce la posesión de territorios y tampoco se respeta el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. Existen casos de donde el accionar estatal y de empresarios contra estos derechos son a costa de represión, criminalización de sus defensores y hasta asesinatos como sucede con el pueblo mapuche.

El INAI es responsable del relevamiento y cumplimiento de la ley, sin embargo no sólo no se avanzó con las mismas, sino que tampoco tiene ningún tipo de incidencia en las decisiones de la política central del Gobierno y del Estado.

En el año 2015, frente a la situación de criminalización de las comunidades originarias pese a estar vigente la prohibición de desalojos, el Frente de Izquierda junto a organizaciones de pueblos originarios presentaron en el Congreso, a través de la diputada Myriam Bregman, un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que proponía instrumentar y regular los derechos a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras así como a la consulta libre, previa e informada sobre territorio de los pueblos originarios. Ni el peronismo ni la derecha agrupada en la coalición Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) se propusieron seriamente tratar el tema y darle una solución de fondo.

Las bancas del FIT-U, renovadas y fortalecidas en las elecciones del último domingo, son un punto de apoyo para las comunidades originarias que sólo encuentran eco a sus reclamos en las expresiones políticas que defienden en serio los intereses del pueblo explotado y oprimido. Con la composición del nuevo Congreso, Alejandro Vilca (de origen coya), Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá seguirán dando la pelea porque se respeten realmente los derechos indígenas. Adentro del Congreso, pero sobre todo afuera, con la movilización y la lucha independiente de los gobiernos de turno.




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