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Red Internacional

Con una inflación anualizada a abril del 46%, el acuerdo para toda la administración pública nacional incluye un aumento del 35% en 6 mini cuotas. La última a cobrarse en febrero del 2022. Estatales por debajo de la línea de pobreza de un lado y dirigentes sindicales que defienden intereses ajenos a los de los trabajadores del otro lado del mostrador.

Leo AméndolaAlerta Spoiler Noticiero | Delegado en ATE-Trabajo

Jueves 27 de mayo | 00:03

El acuerdo de minicuotas no es una novedad para los estatales, y desde el año pasado tampoco es una novedad la firma conjunta de UPCN y ATE en la misma hoja avalando acuerdos salariales que condenan a miles de estatales a vivir con salarios por debajo de la línea de pobreza.

El acuerdo puede considerarse un aumento solo en términos nominales, ya que en términos reales, consolida una pérdida que viene de hace años en el sector.

El aumento nominal que se cerró es del 35 %. Solo un 24 % será percibido durante este año. En total, se trata de 6 cuotas: 10 % en junio, 5 % en agosto y también en septiembre, 4 % en diciembre, 6 % en enero y 5 % en febrero. Además, solo para los trabajadores encuadrados en el SINEP, se plantea un aumento del 4% en el valor básico de cada escalafón.

Con estos aumentos el salario real de los estatales tendrá, sólo en 2021, una caída cercana al 5 %, si se considera una proyección conservadora de inflación anual de 46 % (según expectativas de mercado) que implique una desaceleración de los actuales niveles, según estimaciones propias de La Izquierda Diario. En caso de no suceder, la pérdida sería aún mayor. Eso se suma al deterioro de años previos.

De esta forma, en febrero de 2022 el salario real para un mismo cargo en el empleo público nacional estaría 13,7 puntos por debajo del nivel de junio de 2019 y 42,30 puntos por debajo de junio de 2015.

UPCN y ATE Nacional se aferran a una cláusula de revisión en noviembre para intentar pasar este acuerdo, pero todos sabemos que las cláusulas de revisión “son los padres”, cómo se dice por ahí. De otros sectores cómo ATE capital de orientación Cristinista no cabe ni hablar ya que optaron por cerrar el sindicato, no firmaron el acuerdo, pero por principios se han opuesto a toda medida que pueda hacer el mínimo daño a la imagen del Gobierno. Este es un punto clave. Las direcciones de los tres sectores sindicales UPCN, ATE Nacional y ATE capital han puesto por delante su adhesión al proyecto oficial. Cualquier cuestionamiento a la política del gobierno por parte de estos sectores es considerada cómo una desfachatez “macrista”.

ATE nacional no puede pintarlo de manera más feliz: “El Gobierno se compromete a realizar una nueva convocatoria en el mes de noviembre para finalizar este año por arriba de la inflación”, sostuvieron. El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, un justificador serial del acuerdo, dijo en una entrevista con Roberto Navarro: “Los acuerdos de 33 % o 35 % tienen el objetivo de ganarle a la inflación” y que la clave son “los primeros meses del acuerdo”.

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Un aporte a la contabilidad del FMI

Es sabido que el acuerdo con el FMI en el terreno de las proyecciones económicas y de gastos del Estado Nacional juega un rol clave. Afecta directamente decisiones importantes de política económica. Por mencionar algunas de las consecuencias más gráficas, está el llamado “gasto COVID” que fue borrado de un plumazo para el presupuesto 2021. Esto tomándole la palabra al Presidente Alberto Fernández, que viene insistiendo en que vio venir las consecuencias de la segunda ola, no puede más que considerarse cómo un ajuste consciente en estas partidas. Este recorte implicó, entre otras cosas, el ajuste de millones de pesos en IFE que iban a mejorar un poco nomás la situación complicadísima que viven trabajadores informales, sub ocupados, precarios y desocupados en todo el país.

La paritaria de los estatales nacionales no escapa de esta estrategia en la que los sindicatos han querido tener un rol protagónico, poniendo la lapicera a disposición. Veamos algunos datos que exponen la mentira de los aumentos nominales que son liquidados por la inflación.

Según el último informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en abril los gastos destinados a salarios del empleo público cayeron 12,9% en términos reales, y los de jubilaciones bajaron 13,4% en el último año.

La Junta Interna ATE Indec estima que en abril de 2021 el salario de una categoría testigo de la APN (Sinep) podría comprar apenas el 54,8 % del poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2015. Y esta pérdida se dio durante el macrismo pero también de forma pronunciada en el último año y medio con el Gobierno de Fernández, incluso teniendo en cuenta el bono de $ 4.000 por única vez otorgado a inicios de 2020.

Estos números son la expresión fría y estadística de una situación que empuja a muchísimos trabajadores del estado a depender del pluriempleo o a buscar otras formas de asistencia al salario en lo que se presenta cómo un nuevo descenso en el escalón de las necesidades. El trabajo y la pobreza aparecen para miles de estatales como dos términos que van de la mano en el país gobernado por el Frente de Todos.

Una fuerte pisada de elefante que despeje el camino

El nuevo elogio de los funcionarios para los sindicatos es que se han comportado muy racionalmente y que han acompañado al Gobierno. En esta ecuación, la racionalidad y el acompañamiento al gobierno es lo contrario, la antítesis de lo que hace falta para mejorar la situación que atraviesan millones de trabajadores.

En Neuquén, la lucha de los autoconvocados hizo pedazos el acuerdo que había cerrado la burocracia provincial con el gobierno del MPN: del 15 % que habían firmado, la lucha le arrancó al gobierno un 53 %. La conquista de la lucha de Neuquén se dio con la condición de enfrentarse de lleno con la política de la dirección de ATE Neuquén.

Son lecciones que quedan planteadas para los estatales y los trabajadores en general: el protagonismo de la base de los lugares de trabajo, las instancias democráticas de decisión, donde las resoluciones se discutan y se voten las medidas, para que lo que surja no sea una copia de los métodos con los cuales dirigen los burócratas sus sindicatos, donde se arregla todo de antemano, donde ningún trabajador independiente, no agrupado, o no afiliado puede decidir. La organización democrática y la coordinación con otros sectores en lucha como un primer paso es fundamental si no se quiere que el FMI, el gobierno y los dirigentes que llevan años en sus cargos sean los que decidan por nosotros.




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