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Red Internacional

“El paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido" festejó Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mientras los alimentos no dejan de aumentar, Alberto Fernández vuelve a otorgar beneficios a los monopolios.

Matías Hof@HofMatias

Jueves 14 de enero | 00:18
Alberto Fernández y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural)

"Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el Gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos". La afirmación la había hecho unos días atrás el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Fue en respuesta al anuncio realizado por la Mesa de Enlace, frente al cierre del cupo de exportaciones de maíz. Sin embargo, Alberto Fernández enterró los pronósticos de su funcionario este miércoles y retrocedió en alpargatas, retirando la medida que impedía al agropower firmar nuevos contratos de venta al exterior hasta el 1 de marzo.

Esto dio lugar a la satisfacción de los dueños del campo y a expresar sus intenciones de ir por más. "El paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido", festejó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina. Y no perdió la oportunidad de buscar más: "Queremos hablar con el presidente (...) Si quieren aumentar las exportaciones para generar divisas tiene que tenernos como aliados no como enemigos". ¿Qué más pedirán a cambio de esa alianza?

La decisión de los dirigentes de la Mesa de Enlace, que convocaron a la medida de fuerza, se conoció luego del acuerdo que alcanzó este martes el Gobierno con los representantes de la Mesa Intersectorial del Maíz. Allí el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Basterra, se comprometió a eliminar las restricciones a las ventas al exterior del cereal.

Así las cosas, el Gobierno abrió el 2021 con algo que fue costumbre durante 2020: plantear que no va a ceder, para luego terminar retrocediendo y otorgando importantes concesiones a las grandes patronales. Dieron marcha atrás con la “expropiación” de Vicentin, bajaron las retenciones al complejo sojero, luego se las eliminaron a distintos productos de origen agropecuario y terminaron aprobando un gran aumento en los precios de los biocombustibles. Incluso, hasta llegaron a pagar parte de los salarios de la golpista Sociedad Rural a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

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En esta ocasión, además del triunfo para las organizaciones que componen la Mesa de Enlace, las beneficiadas son las empresas que monopolizan la exportación del maíz.

Tan sólo cinco empresas concentran el 62 % de todas las exportaciones del país:

  • ADM Agro
  • Bunge
  • Cargill
  • Cofco
  • LDC Argentina

Esto no es casualidad: si a las primeras tres les agregáramos a Dreyfus, tendríamos a las cuatro multinacionales líderes en comercio de cereales del planeta. En sus últimas declaraciones, el presidente viene insistiendo con que los exportadores deberían priorizar el abastecimiento de los argentinos: ¿por qué lo harían estos pulpos, a los que sólo los mueve la búsqueda de ganancias alrededor del globo?

Millones en la pobreza y alimentos cada vez más caros

El maíz superó en los últimos días la línea de los 200 dólares por tonelada, el precio más alto en casi 8 años. Los factores climáticos que complicaron las plantaciones, la fuerte demanda de alimentos y la especulación en medio de la crisis internacional, están presionando hacia arriba muchos productos agropecuarios. La soja también se está ubicando en precios récord que no alcanzaba desde 2014.

En nuestro país, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las cerealeras ya habían facturado casi toda su producción. Antes del cierre del cupo ya se había autorizado la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que sólo les restaba vender el 11%.

Alberto Fernández había intentado darle un carácter popular a la medida. “Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada”, había respondido en una entrevista. Un argumento flojo de papeles ya que los alimentos crecieron por encima de la inflación según las cifras del Indec: la canasta básica alimentaria acumuló un alza del 38,4% en los primeros once meses del 2020 mientras que la inflación general del período fue de 30,9%. ¿Recién ahora se acordó de ese problema?

Más bien la medida intentaba bajar los costos de las empresas alimenticias que utilizan el maíz como insumo. Nada apunta a que los alimentos bajen de precio, más bien lo contrario. La situación es crítica: debido a la crisis económica, la cuarentena y el aumento de la desocupación, la pobreza se encuentra por encima del 40% y alrededor de 20 millones de personas tienen serias dificultades para poder comer. Pero el Gobierno, con este tipo de medidas, sigue favoreciendo las ganancias de los empresarios.

Invertir las prioridades

La segunda ola de coronavirus amenaza con complicar aún más la vida de las familias trabajadoras y sus ingresos. El Agropower sólo busca hacer crecer su facturación aprovechando las necesidades de millones, haciendo uso del poder que les brinda concentrar la producción de los alimentos.

Si siguen manejando sus propios puertos privados, teniendo la libertad de fijar los precios y de acaparar mercadería, es imposible quitarles sus privilegios. El monopolio privado del comercio exterior que poseen debería ser estatizado, para avanzar en la organización de las exportaciones en función de abastecer al conjunto de la sociedad y no según los intereses de unas pocas corporaciones.

Para “cuidar el bolsillo de la gente” de verdad las medidas deberían ser otras: hacer públicos los libros de contabilidad de los agroexportadores para demostrar cuáles son sus ganancias y cuánto grano tienen retenido, así como también de todas las empresas que aduzcan que “necesitan” ajustar sus precios. Los precios podrían ser controlados por comités de trabajadores y consumidores para garantizar que ningún empresario de toda la cadena genere aumentos imposibles de pagar para la mayoría de las familias.

La situación actual exige algunas de estas medidas como parte de un plan de conjunto para terminar con la pobreza, en el cual es necesario atacar la desocupación repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y establecer un salario que cubra todas las necesidades básicas de las familias. El sentido de la flecha muestra todo lo contrario: un 2021 que comienza con el Gobierno eliminando el Ingreso Familiar de Emergencia, cediendo a los intereses de las patronales agrarias y preparándose para acordar con el FMI las pautas de un ajuste para los próximos años.

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