Géneros y Sexualidades

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El Estado despide a una trabajadora precarizada del INAES por pedir licencia por violencia de género

Paula Ferioli fue víctima de violencia de género. El INAES, donde trabajaba precarizada desde hace seis años, la violenta nuevamente despidiéndola luego de haber hecho uso de la Licencia por Violencia de Género. Una pareja violenta en su ámbito privado y el mismo Estado en su ámbito laboral la revictimiza.

Lorena Itabel

Delegada gremial ATE | Mecon Hacienda y Finanzas

Miércoles 17 de julio | 00:09

Paula tiene 36 años, madre de dos niños y sostén de familia. Trabajaba como abogada desde hace seis años en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), que depende del Ministerio de Desarrollo Social que dirige la amiga del papa,Carolina Stanley. Realizaba asesoría legal y asistencia a cooperativas y mutuales en el interior.

La cadena de violencias, los hechos

Paula sufría violencia física y psicológica por parte de su pareja desde el 2017, y a principios de 2018 decide abandonar el hogar resguardando la integridad de ella y sus hijos. Fueron dos años de martirio en los que tuvo que recurrir en reiteradas oportunidades a “licencias por enfermedad” debidamente justificadas por salúd pública, mientras sorteaba los obstáculos de una relación violenta. Hasta ese entonces no existía la “licencia por violencia de género” en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que rige a las trabajadoras estatales, pero tras varios años de enormes movilizaciones callejeras del movimiento de mujeres, a fines de 2018 se incorpora este inciso en el CCT de la administración pública nacional.

En mayo de este año, Paula denunció nuevamente a su ex pareja –obteniendo una medida cautelar sin límite temporal- y esta vez pudo ponerle nombre al infierno cuando le otorgaron la licencia por violencia de género por un mes.

El hostigamiento en su ámbito laboral comenzó en 2018 cuando su jefa, Mirta López, plantea a en área donde trabajaba Paula, que para continuar cobrando las “horas extras” deberían concurrir los sábados a cumplirlas. Paula respondió en disconformidad y comenzó la persecución, malos tratos, quita de tareas, ninguneos por parte de su jefa, su coordinador, Gonzalo Ribeiro, y del delegado gremial de UPCN, Mario Uribe, a quien Paula señala por complicidad sindical.

Para contextualizar, Mirta López como muchas y muchos otros funcionarios, decidieron implementar el Decreto 632/2018 dictado por Macri a pedidos del FMI que obliga a cada organismo estatal ajustar un 30% de su presupuesto y fue sobre el sector más precarizado, con los más bajos salarios, recortando sus horas extras cuando desde hace años son paleativos salariales.

A finales del año pasado, la violencia institucional pega un salto cuando en momentos de renovación de contrato, le hacen firmar un nuevo contrato por tres 3 meses mientras al resto de sus compañeros les mantuvieron el período anual. Paula se reúne con el –ahora- director nacional de Desarrollo y Promoción, Mario Uribe (entonces delegado de UPCN), quien sin tapujos justifica la discriminación por las ausencias, y hace responsable de la decisión al director, Gonzalo Ribeiro. El acoso laboral continúa negandole un pase de sector y en marzo, una nueva renovación contractual por solo tres meses más.

Qué pasa ahora

Paula solicita su “licencia por violencia de género” en mayo y se reincorpora el 17 de junio y solicita un pase a otro edificio para no violar la medida cautelar –vigente actualmente- contra su ex marido, que concurría a un centro asistencial a metros del INAES. La respuesta fue que se remita a su jefa, Mirta López, quien se negó a reunirse, al igual que el director y el presidente del INAES, Marcelo Collomb. El 1ero de Julio, cuando Paula fue a prestar tareas de forma habitual, le impiden el ingreso al edificio del INAES.

“Este despido demuestra la discriminación laboral por sobre convenios vigentes en materia de violencia de género, y desnuda brutalmente las consecuencias de la precarización laboral que es sustento para todas las otras violencias como la persecución, coacción, amenaza, salarios bajísimos y despidos. La precariedad laboral, que afecta mucho más a las mujeres, fue instaurada por el gobierno peronista de Menen a principios de los ’90 y todos los gobiernos posteriores –radicales, aliancistas, kirchneristas y macristas- profundizaron al extremo con la complicidad de las direcciones sindicales como UPCN.” Dijo Lía Pesaresi, delegada ATE-Indec y referente de Pan y Rosas.

“El movimiento de mujeres en las calles, cada comisión de géneros que ponemos en pie, como en el ENRE y en Hacienda, en cada lugar de trabajo, nos organizamos y movilizamos por #NiUnaMenos incluyendo la precarización laboral como forma de violencia. Sin embargo funcionarias y funcionarios del Estado –y también delegadxs de las direcciones sindicales- discriminan y hostigan a Paula, primero con la inestabilidad laboral por años, desoyendo convenios conquistados y violentándola nuevamente dejándola en la calle junto a sus hijos, socavando la autonomía económica y por ende las condiciones para salir de la situación de violencia. Como decimos siempre, la violencia hacia a las mujeres es una larga cadena de violencias que parte del mismo Estado”, agrega Ludmila Pons, de la comisión de mujeres del ENRE.

“En los primeros seis meses de este año fueron asesinadas 132 mujeres. Sin embargo los presupuestos del oficialismo aprobados en el Congreso por la oposición de los partidos tradicionales, son irrisorios para paliar esta terrible realidad. Tanto Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio- como la falsa oposición del Kirchnerismo y el PJ –hoy Frente de Todos- pasean por los canales de TV asegurándole al FMI que pagarán la deuda y eso, aunque no lo digan no puede ser sino mediante más ajuste sobre el pueblo trabajador, y principalmente las mujeres de las familias trabajadoras. ¡Nosotras y nosotros decimos que hay que invertir las prioridades! Nuestras vidas están primero: que el dinero de la deuda vaya a presupuestos que respondan a esta realidad acuciante. Por eso apoyamos y exigimos el tratamiento del proyecto que han presentado Myriam Bregman y Nicolás del Caño, candidatos del PTS en Frente de Izquierda-Unidad, que plantean un Plan integral de emergencia para construir albergues, destinar viviendas ociosas para las mujeres y su familia en situación de violencia, subsidios, alquileres o compras a tasa cero, licencias pagas, etc. Para poder lidiar con su trabajo mientras intenta salir de las situaciones de violencia, es imprescindible terminar con la precarización laboral, que se implementen las licencias, prohibir los despidos, para las mujeres trabajadoras en situaciones vulnerables como Paula y sus hijos”, agregan Lía y Ludmila, ambas de la agrupación Marron Clasista en ATE y participan en las listas del Frente de Izquierda-Unidad por la ciudad.

Ante esta situación distintas organizaciones sindicales, políticas y de Derechos Humanos están convocando el próximo miércoles 17 de julio a las 12hs., a una concentración frente al INAES (Belgrano 172) para exigir la inmediata reincorporación de Paula.

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