Política

El CeProDH denunció ante la Justicia que el Proyecto X sigue activo

Integrantes del organismo junto a la diputada nacional Myriam Bregman se presentaron como querellantes ante la Justicia y denunciaron el espionaje ilegal que continúa bajo el gobierno de Cambiemos.

Martes 25 de octubre de 2016 | Edición del día

La semana pasada el diario Ámbito Financiero reveló que el Gobierno utiliza informes de inteligencia de Gendarmería Nacional, basados en el espionaje sobre agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

En base a este descubrimiento, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman junto a Alejandrina Barry y al abogado Carlos Platkowski se presentaron como querellantes ante la Justicia y realizaron una ampliación de la denuncia que reveló el escándalo de espionaje ilegal conocido como Proyecto X.

La presentación del día de ayer se suma al pedido de informes que la diputada del FIT efectuó la semana pasada en el Congreso Nacional, para que la ministra de Seguridad rinda cuentas sobre estas actividades de espionaje ilegal. En efecto, según las fuentes en las que se basó la nota periodística, la información reunida por Gendarmería Nacional “luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación”.

En la presentación efectuada se acompañaron las copias de los documentos que recibió la redacción del matutino. Uno de los informes de inteligencia, el más detallado, se realizó sobre el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y el encuentro que dicho organismo realizó en la provincia de Jujuy el mes pasado para denunciar los gravísimos ataques a las libertades democráticas que existen en dicha provincia.

En el documento, miembros de la Gendarmería afirman que el CeProDH y sus integrantes, “no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”.

Este informe se basa en dos actividades que se realizaron en la provincia. Una el día viernes 9 de septiembre en la que a propuesta del CeProDH viajó una comitiva destacada de referentes de organismos de Derechos Humanos, sesionando allí junto con organismos de la provincia para recibir denuncias sobre la gravísima situación de ataque a las libertades democráticas por parte del gobierno de Gerardo Morales desde que asumió. Allí se recibieron denuncias de persecución a las organizaciones obreras, sociales, la juventud y los pueblos originarios así como la situación de los presos políticos en esa provincia.

Fueron parte de la delegación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Correpi, entre otros.

El sábado 10 se realizó un encuentro del CeProDH, el cual es detallado por Gendarmería nacional en el informe donde figuran los volantes públicos con nombres y fotografías de sus referentes. Este documento, denominado “Antecedentes del mes en la Provincia de Jujuy”, se señala en particular que los referentes “Vilca y Natalia Morales del Frente de Izquierda de Jujuy se encuentran cursando invitaciones a dirigentes de otras provincia para que asistan a este evento”.

Como expresa el escrito presentado ayer ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo del Dr. Casanello, este dato es tan grave como llamativo ya que “tratándose esas convocatorias a dirigentes de invitaciones personalizadas y no públicas, es evidente que dichas afirmaciones no pudieron hacerse efectuando una simple recopilación de información pública si no que dicha información podría haberse originado en escuchas o intercepción ilegal de los teléfonos o los e-mails de los dirigentes señalados”.

Este tipo de tareas de inteligencia se encuentra expresamente prohibidas por la ley de Inteligencia (N° 25.520) ya que el Estado no debe obtener información o realizar tareas de espionaje ni almacenar datos sobre personas con motivo de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales.

En la presentación judicial se solicitó que se investigue tanto a quienes pudieran haber realizado estas tareas de espionaje como a quienes en última instancia se sirven de aquellas, es decir: el gobierno nacional de Cambiemos y el de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales. Como bien indicó Myriam Bregman la semana pasada: “Lo peor que podemos hacer con esto es naturalizar, pensar que no pasa nada y no tiene ninguna consecuencia. En Argentina siempre las consecuencias del espionaje han sido terribles porque los gobiernos pasan pero la información de inteligencia queda”.

Nadie del gobierno nacional hasta ahora ha dicho nada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciaba estas prácticas cuando formaba parte de la oposición pero hoy se vale de ellas para espiar a quienes denuncian las violaciones a los Derechos Humanos.

Desde el organismo afirman que "así como hemos denunciado el ’Proyecto X’ efectuado por el gobierno kirchnerista y continuamos peleando para que se procese y encarcele a los responsables, presentamos esta denuncia ante la justicia como parte de la pelea por terminar con el espionaje e infiltración del Gobierno Nacional a todos los que salen a reclamar por sus derechos y enfrentan la persecución y el ataque a las libertades democráticas".







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