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ESTADO ESPAÑOL - CORONAVIRUS

El Banco de España prevé una contracción muy severa del PIB

El Banco de España ha tenido que borrar de sus pronósticos la versión menos pesimista que presentó hace apenas un mes. Mientras el Gobierno sigue sin pagar el seguro de desempleo a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras y sin tan siquiera aprobar una medida limitada como el ingreso mínimo para 100.000 familias.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Lunes 18 de mayo | 23:21

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos // EFE

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha borrado de un plumazo los pronósticos menos pesimistas de cómo y en qué medida impactará en el Estado español la crisis económica derivada de la pandemia.

Este lunes, Hernández de Cos, ha asegurado que ante la “magnitud de la perturbación” provocada por el covid19, la contracción del PIB será muy severa, entre 9,5% y el 12,4%, muy lejos del 6,8% que el mismo Banco de España estimó a finales de abril y que suponían la versión menos pesimista del porvenir económico en el Estado español.

Del mismo modo el gobernador del Banco de España ha estimado que el crecimiento del 2021 oscilará entre el 6,1% y el 8,5%, lejos por lo tanto de la caída que se espera para este 2020.

Este escenario, que está lejos de ser el definitivo como el mismo gobernador ha advertido ante la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos, ha servido de introducción para que Hernández de Cos asegurara que serán necesarias “reformas estructurales”. Desde el Banco de España señalan que “existen algunos indicios tentativos que apuntan a que, en el largo plazo, podrían producirse reducciones en la demanda de algunas ramas, como el comercio minorista, y aumentos en la de otras, como la logística, la tecnología o los sistemas de información”.

Si bien los tipos de interés ofrecidos por el Banco Central Europeo (que ya ha duplicado la compra de deuda española para contener la prima de riesgo) para la financiación de la deuda son bajos, el alto coste que dejará la inversión actual hace que durante los próximos años se tenga que hacer frente a recortes. Tal y como apuntan desde el Banco de España, la deuda se podría disparar hasta el 120% del PIB.

Inversiones para los empresarios, facturas para los trabajadores

La política económica del gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos se ha centrado en salvaguardar los intereses capitalistas a través de diferentes iniciativas. En primer lugar la reserva de 100 mil millones de ayudas para los empresarios y el segundo la flexibilización de los ERTEs [1].

Esta última medida, que ha permitido a miles de empresas dejar en el paro a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores a coste cero, fue un reclamo desde el inicio de la crisis, impulsado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y por las direcciones burocráticas de las centrales sindicales CCOO y UGT.

Mientras se ha buscado crear un marco legislativo que amortiguara la crisis para las empresas, el gobierno no ha apostado prácticamente a ninguna medida para beneficiar a la clase trabajadora, autónomos y pequeños propietarios, más allá de discursos vacíos.

Al alud de peticiones de ERTEs colapsaron las oficinas del SEPE ( Servicio Público de Empleo Estatal), lo que provoca, aún a día de hoy, que cientos de miles de trabajadores no hayan cobrado aún su prestación por desempleo.

Respecto a una de sus medidas estrellas, el ingreso mínimo, el gobierno espera que se apruebe a finales de mayo, entrando en vigor en junio. Es decir, casi tres meses y medio desde el inicio de la crisis. El gobierno “progresista” se autofelicita por esta medida efectista e insuficiente que no evita el empobrecimiento de millones.

Actualmente existen 2 millones de familias sin ingresos, un problema que viene de lejos y que no se inicia con la llegada del coronavirus al Estado español. Esto quiere decir que aún aprobándose esa medida de forma definitiva, se quedarían fuera de esa mínima ayuda casi 1 millón y medio de familias.

A esto hay que sumarle que, medidas de urgencias como la cancelación de los alquileres, se quedó en una mera demora del pago. Es decir, las familias con problemas para pagar el alquiler (burbuja también existente antes del covid19) tendrán que hacer frente a los costes del alquiler de aquí a 6 meses, en plena crisis económica.

La última medida que presentó en los medios Podemos fue la voluntad de implementar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, con el fin de recaudar 11.000 millones de euros. La medida ya ha sido rechazada por el PSOE, mientras que los propios asesores de Hacienda reconocían que, como mucho, la medida propuesta por la formación de Iglesias podría alcanzar los 4.000 millones de euros.

¿Quién paga la crisis?

Desde el Gobierno, el Banco Central Europeo y el Banco de España llenan portadas de diario asegurando que la liquidez no va a ser un problema y que se salvará el máximo tejido productivo. Pero lo cierto es que lo van a hacer a costa de endeudamiento y políticas de austeridad.

Esta política de salvaguardar los intereses de los capitalistas es la que desde un inicio se ha impulsado desde la Moncloa, y hoy, más de 60 días después de iniciarse el Estado de alarma, empieza a mostrar sus resultados.

Frente a las medias insuficientes del gobierno “progresista” que no son solución alguna para las millones de familias de clase trabajadora, es necesario plantear otro programa. La prohibición de despidos y un salario de emergencia acorde al costo de la canasta básica son claves para que los costos de la crisis no recaiga sobre los trabajadores como en el 2008.



[1Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es un procedimiento por el cual una empresa, alegando fuerza mayor (como ahora sería el peligro de contagio), puede reducir la jornada o suspender el contrato laboral de forma temporal. No supone un despido y puede aplicarse a toda la plantilla o a parte de ella. La trabajadora o trabajador pasa temporalmente a una situación de desempleo y por tanto a cobrar la prestación por desempleo. Lo que significara un recorte del 30% al sueldo.
Además el Estado no solo es el que va a pagar los salarios de las personas afectadas por el ERTE, sino que también ser hará cargo de las cotizaciones a la seguridad social.







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