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Red Internacional

Así lo señala el último informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH). En 2021, hasta el 1° de diciembre, se dictaron 17 sentencias, con 65 personas condenadas y 9 absueltas. Solo 81 sentencias se encuentran firmes, de las 269 que se registran desde 2006.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Sábado 18 de diciembre de 2021 | 13:04

Pasaron quince años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto final en 2003. En ese tiempo, en tribunales de todo el país se dictaron 269 sentencias en las cuales condenaron a 1052 personas y absolvieron a 165.

Hasta el 1 de diciembre, a lo largo de 2021, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) indica que se fueron dictadas 17 sentencias, seis más que durante 2020 donde se registraron solamente 11 sentencias. Las del año en curso se distribuyeron de la siguiente manera: 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 en Mar del Plata y en San Martín; y 1 en Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Posadas, Resistencia, Rosario y Santa Fe.

Mientras tanto, otras 364 causas judiciales aún no registran sentencia, de las cuales 17 se encontraban al 1° de diciembre en trámite.

Una de las sentencias que quedó fuera del informe, dado que se dio el 9 de diciembre, es la del juicio llamado La Escuelita VI en Neuquén, donde fueron condenados 14 represores, 10 de ellos a prisión perpetua. La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Mariana Derni, señaló a La Izquierda Diario ese mismo día: “Es un veredicto que muestra pasos adelante en el juzgamiento del genocidio, conquistados con mucha lucha, de años; la condena a Juan José Capella, a la Policía de Río Negro y fundamentalmente las condenas a prisión por los crímenes sexuales contra Dora y Argentina Seguel son un avance en comparación a los tramos anteriores, pero a su vez muestra que no va a ser el Estado ni ningún gobierno el que garantice el logro de todas las reivindicaciones contra la impunidad del genocidio". Agregó que "la pelea sigue viva y vigente. En estos juicios, como en la calle, se batalla contra los discursos negacioncitas y de reconciliación y por cada desaparecido y asesinado en democracia".

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Delitos sexuales

Precisamente, el informe indica que en cuanto a los delitos sexuales se vio "un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan dichos delitos, que han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado".

“En números globales, 40 de las 269 sentencias dictadas hasta el 1° de diciembre pasado contemplan delitos por violencia sexual que tuvieron como víctimas a 117 mujeres y 25 varones”, expresa el informe. Sin embargo, desde 2013 no se superaron las cinco sentencias por año.

Solo hay 81 sentencias firmes en quince años. De las 269 sentencias dictadas desde el reinicio de los procesos contra genocidas de la última dictadura, solo 81 se encuentran firmes. De estas últimas, 69 adquirieron esa condición a través de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 11 ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) por no haber sido recurridas al máximo tribunal, y una quedó firme en tribunal oral por no haberse interpuesto recurso.

En este contexto, son 316 las personas condenadas con al menos una sentencia firme y 28 las absueltas. "Del universo de condenados/as, 206 (20%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 20 (12%) en el caso de los/as absueltos/as", indica la procuraduría.

De eso se trata cuando hablamos de la “impunidad biológica". Los juicios son tan largos que los represores mueren impunes antes de recibir sentencia.

Queda, una vez más, la condena a empresarios que fueron mentores y también ejecutores de la dictadura cívico militar eclesiástica. Uno de los casos emblemáticos de es el de Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy y Alberto Lemos exadministrador de la firma. Ambos fueron procesados como partícipes necesarios de "La noche del apagón", cuando se secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y recién en octubre de este año la causa se elevó a juicio pero éste no inició aún. La causa estuvo congelada hace cerca de seis años en la Corte Suprema. Todo un símbolo de salvataje a la responsabilidad empresaria.

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El informe de la PCCH señala que la Corte Suprema tiene en sus manos al menos 75 recursos pendientes de resolución, que involucran a 130 personas acusadas en 34 causas. Una de ellas es la causa sobre el secuestro, tortura, muerte y desaparición de Floreal Avellaneda, un adolescente de quince años apodado el “Negrito”, cuyo expediente estuvo retenida en la Corte durante ocho años y recién en septiembre de este año pasó al Tribunal de Casación Penal. Escandaloso.

Queda claro que el reclamo de juicio y castigo a los genocidas sigue siendo un reclamo con una tremenda actualidad. A la impunidad, los discursos negacionistas y los intentos de reconciliación tenemos que seguir enfrentándolos en la calle.




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