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Red Internacional

El 2020 fue el año en que los compromisos ambientales de todos los gobiernos en el mundo se aplazaron debido a la pandemia, de la misma forma México cierra este periodo con más de una decena de ambientalistas asesinados, recortes masivos al presupuesto del medio ambiente y la ciencia, además del impulso a los megaproyectos y al extractivismo.

Jueves 31 de diciembre de 2020 | 20:13

El 2020 será recordado por la pandemia del Sars-CoV-2 que a poco más de un año ya cobró la vida de casi dos millones de personas en el mundo, con nuevas cepas amenazando contagios acelerados y la esperanza puesta en las recientes aprobadas vacunas para salvar vidas.

A finales de 2019 Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales prometían que este año sería importante en cuanto a compromisos ambientales, pues comenzaba la década de Acción para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, además, se apostaba a los compromisos de los Estados en las cumbres mundiales para la biodiversidad y la COP de Escocia.

Sin embargo, la pandemia obligó a aplazar esto hasta el 2021, pero con los contagios en ascenso alrededor del mundo, estos compromisos se ven todavía muy lejanos. Por otro lado gobiernos y empresas ven en el extractivismo una salida fácil a la crisis económica, por lo que el medio ambiente no será prioridad en los próximos meses.

De hecho -y pese a lo que los encabezados de muchos diarios divulgaron durante meses- los confinamientos alrededor del mundo no lograron frenar las emisiones de Co2, al grado que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que sigue habiendo niveles sin precedentes de gases de efecto invernadero (GEI), mismas que ocasionan el aumento en la temperatura global.

Sin duda, la pandemia del coronavirus ha hecho evidente la necesidad de apremiar los procesos de mitigación y preservación de los ecosistemas, debido a las pruebas evidentes de que la acción industrial, la contaminación y la zoonosis están todas relacionadas con el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y el contagio de enfermedades.

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Las deudas ambientales de México en el 2020

El escenario para México es preocupante. Según analistas, durante este año se confirmó que existe un desdén desde el gobierno ante la cuestión ambiental, que pese a que prometió en múltiples ocasiones que sería tema central en su administración.

Según Thelma Gómez de Mongabay Latam, en los últimos cinco años, México ha visto cómo el presupuesto destinado al medio ambiente ha ido en picada: si en 2015 todo el sector ambiental contó con 67,976 millones de pesos (3 mil millones de dólares), en 2020 esa cifra cayó a 29,869 millones de pesos (1,500 millones de dólares).

Con recortes como el de abril, donde mediante un decreto presidencial se designó la pérdida del 75% de financiamiento para dependencias destinadas al manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y al mismo tiempo despidos masivos en personal como guardabosques y brigadistas contra incendios, todo esto mientras la pandemia arreciaba en la primera ola.

De la misma forma, se perdieron recursos millonarios destinados a la investigación científica, con motivo de los "malos manejos" en distintas dependencias, pero que significó 108 fideicomisos desaparecidos en septiembre, muchos de estos destinados a la investigación y prevención de desastres.

Según la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), la reducción de este presupuesto provocó “un desmantelamiento de las instituciones ambientales”, se dejó a las dependencias sin capacidad para cumplir con su funciones, entre ellas la vigilancia para combatir delitos ambientales, esto cuando México es uno de los principales países con tráfico de especies.

Sembrando ¿vida?

El programa Sembrando Vida es una de las cartas fuertes en la política ambiental del gobierno de López Obrador, mismo que ha recibido casi el mismo presupuesto que todo el sector ambiental, sin embargo expertos dudan del beneficio a las comunidades y a los ecosistemas

Exequiel Ezcurra, profesor de la Universidad de California Riverside, dice que este programa tiene sus claroscuros, pues en pocas palabras se está impulsando monocultivos que no ayudan a recuperar servicios ecosistémicos de los bosques, además de que se ha denunciado que se ocupa este programa para arrasar hectáreas de selvas en el sureste del país para instalar plantaciones agresivas para el medio ambiente.

De la misma forma, la doctora Merino advierte que estas políticas solo muestran un desconocimiento total en el tema ambiental, pues “se cree que cuidar el medio ambiente es igual a plantar árboles frutales… Sembrando Vida es un programa de agroforestería, que puede ser loable en lugares donde hay mucho deterioro, pero en realidad es un programa clientelar. No se entiende lo ambiental ni hay interés en el tema.”

Megaproyectos para salir de la crisis

La pandemia además de todo ha profundizado la crisis económica a nivel mundial sin precedentes, de la cual el gobierno de la 4T ha prometido que se solventará con la construcción de obras prioritarias, con participación de la iniciativa privada, pese a no tener el apoyo de las comunidades afectadas.

No solo las comunidades indígenas han alzado la voz en contra de estos proyectos, como el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos (PIM), sino también especialistas y defensores del medio ambiente, pues explican que los beneficios tan prometidos serán solo para quienes tengan intereses en inversiones, como el sector hotelero, las inmobiliarias, pero también la industria extractiva, como las granjas porcinas y la mega minería.

De la misma forma, -como si se tratara de practicas de gobiernos anteriores-, ha avanzado la militarización en el sureste del país para garantizar la imposición de estos proyectos que más que un conjunto de obras de infraestructura, representan toda una lógica de reordenamiento territorial en beneficio de grandes empresas.

Por ejemplo, en el caso del PIM se alienta el desarrollo de industrias maquiladoras y en el ramo energético se contemplan proyectos de acaparamiento y despojo de agua, como acueductos y presas para controlar el recurso necesario para la fabricación de productos, como automóviles, autopartes, maquinaria, químicos, ropa y textiles, alimentos, así como construcción de termoeléctricas, hidroeléctricas, geotermoeléctricas, parques eólicos y proyectos de extracción intensiva de petróleo y gas convencional y no convencional (fracking), favorecidos por la reforma energética.

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Justamente con el PIM está vinculada la muerte del ambientalista y comunicador Samir Flores, que en 2019 fue asesinado por oponerse a la construcción del proyecto y que días antes había sido criminalizado por la misma presidencia al denostarlo como "conservador".

Una deuda terrible: 13 ambientalistas asesinados

Sin duda, uno de los ámbitos más preocupantes es la violencia contra defensores del territorio, que este año cobró la vida de 13 activistas, la mayoría indígenas y que hasta ahora en ninguno de los casos ha sido esclarecido totalmente.

El 2020 abrió con el asesinato de Homero Gómez González, un famoso defensor del bosque de la mariposa monarca, que, a pesar de la versión oficial, organizaciones de defensa de Derechos Humanos vinculan su muerte a organizaciones de talamontes.

México es uno de los cuatro países más peligrosos para la defensa del medio ambiente, en gran medida por la impunidad y corrupción reinante en todos los niveles de gobierno, a pesar de esto la política de la 4T ha sido de omisión e impulso de actividades industriales, como la mega minería, los megaproyectos y el agronegocio.

Al mismo tiempo resulta escandalosa la criminalización de la defensa del territorio, pues en múltiples ocasiones se ha referido a ambientalistas como "opositores" u "pseudoecologistas", así también como a organizaciones de Derechos Humanos se las ha acusado de recibir "financiamiento extranjero"., pues ni las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico han detenido sus operaciones en este periodo de emergencia por la covid-19. La mayor parte de las veces las y los activistas que se dedican a la defensa del medio ambiente, son vistos como un estorbo para los negocios y las empresas, mientras que los gobiernos no están interesados en darles derechos elementales.

Es así que, a pesar de aparentes avances, como la ratificación de México para el Acuerdo de Escazú -que está orientado en el acceso de información y justicia para defensores-, la deuda ambiental del país se ha incrementado, pese a que no fue el año más letal para la defensa del medio ambiente, sin embargo el escenario para el siguiente año no pinta muy favorecedor.

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Mientras el mundo concentra su mirada en atender la emergencia sanitaria y con vista en las vacunas como esperanza de volver a la normalidad anterior, gobiernos alrededor del globo han omitido la emergencia ambiental del planeta, a pesar de que el mismo Sars-CoV-2 es la muestra de las consecuencias de la mala relación del sistema capitalista con la naturaleza.

De esta crisis sanitaria se deben aprender lecciones sobre el manejo racional de la naturaleza y que esta sea parte de la economía, porque la salud de las personas y la salud del planeta son una y la misma, y ambas pueden prosperar en igual medida, pero estos cambios no vendrán dentro del capitalismo, pues a la clase dominante solo le interesa la acumulación de ganancias.

Solo un cambio profundo y sistémico, una revolución obrera y socialista puede sentar las bases materiales para una restauración efectiva de los ecosistemas terrestres, pero tiene que venir de la mano de una economía planificada por la clase trabajadora, que funcione tanto para los seres humanos como para el planeta.

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