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Red Internacional

Opinión. Editorial de editoriales: el otro fixture

Este martes se conocerá la sentencia del poder judicial para Cristina Fernández en la Causa Vialidad. Los miedos del gobierno a la movilización de la calle. La agenda funcional a las dos coaliciones mayoritarias vs el país real. ¿Qué busca el peronismo para el 2023?

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Domingo 4 de diciembre de 2022 | 11:40
Cristina Fernández en uno de sus descargos en la Causa Vialidad

Una agenda funcional

Este martes todas las miradas estarán puestas en la sentencia de la llamada Causa Vialidad que tiene a la vicepresidenta en el centro. La agenda judicial absorbe a un sistema político con poco para ofrecer frente al malestar y degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Administrar la frazada corta limita cualquier horizonte, y encierra a las dos coaliciones mayoritarias en un micromundo anclado en Comodoro Py.

La Cámara de Diputados fue escenario esta semana de nuevas rencillas por el Consejo de la Magistratura ofreciendo un espectáculo lamentable, entre el griterío e insultos machistas y homofóbicos de ambos lados. Como buscando una válvula de escape que los muestre un poco enfrentados, después de un mar de consensos económicos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio contra el pueblo trabajador. Así lo denunció Nicolás del Caño del Frente de Izquierda “cuando se aumentan las dietas y votan ajustes contra el pueblo para pagarle al FMI acuerdan sin chistar. Para lo demás arman circo”.

La selectividad del poder judicial para armar causas, fallos y elegir a quién perseguir políticamente, no es una novedad. Es uno de los organismos más desprestigiados y menos creíbles en la sociedad. Así y todo, buscarán avanzar en una condena que no tiene el objetivo de investigar los entramados de corrupción que atravesaron los distintos gobiernos. Sino ganar posiciones en la toma de decisiones políticas acorde a los intereses económicos más concentrados de nuestro país.

En Juntos por el Cambio sacan los colmillos y esperan montarse en la sentencia para redoblar la polarización con el peronismo con una dudosa “bandera republicana”. Aunque sus líderes consiguieron impunidad en causas de espionaje, del Correo Argentino, entre otras, por estos días vuelven a estar en la mira. La entrada de Gerardo Millman, diputado del PRO del ala Bullrich, en la causa del atentado contra la vicepresidenta, amenaza con destapar otras cloacas.

Del lado del Frente de Todos también pretenden darle su propia utilidad a la agenda judicial. Diego Genoud en La Política Online, evalúa que a Cristina Fernández “le puede ofrendar en los próximos días para la campaña 2023 la cucarda de perseguida por tribunales federales tarifados hasta la médula. Condenada o absuelta, la fortaleza relativa de Cristina no se verá resentida”.

El país real

El mismo día de la sentencia de la Causa Vialidad, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dará a conocer nuevos datos de pobreza (mayo-octubre) que prometen confirmar lo que se palpa en la calle todos los días: que el 2022 se encamina a dejarnos un nuevo umbral más alto. El pronóstico incluye un crecimiento de trabajadoras y trabajadores pobres: se estima que 3 de cada 10 entrarán en esa categoría producto de una inflación que castiga como la vía principal de ajuste. Luis Campos, del Observatorio de la CTA-A, puso blanco sobre negro de lo que dejó octubre para las y los asalariados: “el salario real medido por RIPTE volvió a caer y registró el valor más bajo desde abril de 2006. Sí, el peor nivel en más de 15 años. En comparación con octubre de 2021 está casi un 5% abajo”.

El run run inicial en el oficialismo para convocar a movilizaciones rechazando “la sentencia escrita” contra Cristina Fernández, recibió la orden de un freno de mano y por ahora se pone en el freezer. “Puede haber un fogonazo de protesta, pero la resistencia principal va a ser institucional y política”, le confió un dirigente peronista a Martín Rodríguez Yebra de La Nación.

¿El motivo? El miedo a que se desate en la calle algo que pueda habilitar a otros reclamos del país fracturado. Rodríguez Yebra pone el foco en “las preocupaciones que transmiten desde la cercanía de Sergio Massa sobre un potencial caos callejero al calor de una condena”. No por un giro repentino de interés de las mayorías en la causa vialidad, sino porque “Hay conciencia en un sector del oficialismo del peligro de sacar a la gente a protestar en medio de un proceso inflacionario que deteriora aceleradamente el poder adquisitivo del salario”. Después de todo, como dice Diego Genoud,“el ajuste no está en discusión sino que acelera y en el último mes hubo un recorte del 62% en los programas sociales”.

Diciembre suele ser un mes de temer en cuanto a las protestas y el malestar social. Esta semana se sumaron los cruces del gobierno con las propias organizaciones sociales oficialistas, aunque pactaron un armisticio hasta febrero. La arremetida de la ministra de desarrollo social, Tolosa Paz, para ajustar planes sociales dejó un nuevo capítulo de la doble vara del gobierno. Al dólar soja II que anunció Sergio Massa y volverá a implicar una transferencia de ingresos gigantesca al agropower, se le suma otra. Como compara Alejandro Bercovich en BaeNegocios, el gobierno decidió levantar el secreto fiscal de los sectores más empobrecidos que reciben esa ayuda estatal. Algo que jamás quisieron hacer “sobre los 100 argentinos ricos que compraron 24 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri”.

Mientras algunos se pasean en Qatar y se conoció que el yate más lujoso de Doha era de un argentino (valuado en 70 millones de dólares), lo que perciben los beneficiarios de programas sociales están por debajo de la línea indigencia. Lo reveló un informe de Isepci: “En julio los programas sociales cubrían el 97% de la Canasta de Alimentos, en octubre apenas el 87%, y en enero con los aumentos anunciados por el gobierno, apenas alcanzarían el 88% de la canasta básica de alimento (LI-CBA), y se puede presumir una continuidad de deterioro para los meses subsiguientes”. Puntualizan también que, entre agosto y octubre de este año, “mientras que la tasa de variación del IPC -inflación- se redujo desde el 7.0% al 6.2%, la línea de Indigencia aumentó desde el 7.1% hasta el 9.5%".

El terreno de disputa

En este cuadro social y económico, a pesar del frenazo a las movilizaciones por la sentencia del martes, merece una mención especial el caso de ATE-Capital, liderada por Daniel Catalano. Fue de los pocos que se animó en público con un “si la condenan el 6/12, paramos el Estado”. Una amenaza que no se le escapó para defender los salarios de estatales, que están entre los que más vienen perdiendo. Según Iaraf, entre enero de 2018 y septiembre de 2022 los trabajadores del sector público perdieron 9,6 salarios. En el caso de los privados formales la pérdida fue equivalente a 7,7 sueldos, y en el peor de todos los lugares están los informales con 12,5 sueldos esfumados.

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna reconoce que las ofrendas de ATE Capital y otros líderes sindicales de la CGT de movilizar fueron desalentadas por la propia Cristina Fernández, que prefiere “una respuesta política”. Donde dice “política”, léase “electoral”. El propio Verbitsky asocia esa respuesta a que “CFK se está moviendo como si contemplara la posibilidad de serlo -candidata-, aunque sin anuncios, antes de comprobar los resultados del Ministro de Economía”.

Para Diego Genoud, la vicepresidenta espera y mueve sus fichas en el tablero electoral: “El apoyo a Massa, el reclamo de un gran acuerdo con ´los que piensan diferente´, la crítica a la ´tercerización´ de la ayuda social y la apelación a la agenda de la ´inseguridad´ son parte de un movimiento con el que busca eludir la polarización cada vez que habla. A eso se suma el operativo de acercamiento y blanqueo ante el establishment que Cristina ensaya hace tiempo por su lado y a través de Eduardo De Pedro, tanto dentro como fuera del país”. A la par de mostrarse dialoguista “necesita a Macri y a la rabia antikirchnerista para seguir siendo una opción política de consideración” agrega.

Rodríguez Yebra describe algo de este juego a dos puntas en los discursos de la vicepresidenta. De un lado “para los convencidos que empatizan con la teoría del lawfare”. Del otro, le habla “a los desencantados” de “la inseguridad” y “y les ofrece volver a los ´años felices´ de los únicos gobiernos que reivindica y que no incluyen al actual, como si fuera un accidente de la naturaleza”.

Con una Argentina atada al FMI, cualquier promesa de “años felices” está frustrada de antemano. Esta semana lo volvió a dejar claro el organismo internacional, en su comunicado tras terminar la tercera revisión del año para girar otros 6000 millones de dólares del acuerdo que dejó el ex ministro Guzmán. “Si bien se han logrado avances, las condiciones macroeconómicas siguen siendo frágiles y la implementación firme del programa será esencial en el futuro” dijo el FMI. Y agregó un tajante: “Los objetivos del programa permanecen sin cambios durante el resto de 2022 y 2023″.

José Natanson sentencia en El diplo lo que se percibe con cada discurso nostálgico de Cristina Fernández: “No hay una solución kirchnerista al problema económico de los argentinos”. Analiza que “esto se nota en la paradoja de una crisis política que se abrió ´por izquierda´ (con críticas al acuerdo con el Fondo y la segmentación de tarifas propuesta por Martín Guzmán) y se resolvió ´por derecha´ (con un Massa más fiscalista que su antecesor)”.

Hace algunas semanasFernando Rosso escribió en El DiarioAr a propósito de su última aparición en La Plata. La conclusión que nos acercó es que hoy Cristina es la condición de posibilidad del ajuste en curso. Lo hace viable.

Es el deseo que le quita el sueño al poder económico: cómo no solo ganar una elección sino hacer gobernable el ajuste. Una preocupación que recorre muchos países del mundo, especialmente los de latinoamérica que protagonizaron estallidos y protestas sociales.

La espera de los resultados de la gestión económica de Sergio Massa no contiene solamente la expectativa electoral del peronismo para el 2023. Sino también el triunfo o no de la “licencia social” para que avance el ajuste bajo la bota del FMI.

Detrás del humo de la agenda que consume al sistema político, esa es la disputa para las mayorías. Que no hay un destino inevitable nos lo enseñaron las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que le pusieron un freno a los planes de Macri. O cuando derrotamos en la calle el 2x1 a los genocidas, que recordó Myriam Bregman esta semana a propósito de cómo enfrentar al poder judicial. Si el escenario de la disputa está en la calle, la obra tiene que ser escrita por la clase trabajadora. La que tiene el poder y el interés de que las necesidades sociales estén primero.


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