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OPINION.Editorial de editoriales: aviso de incendio

Los incendios en Chubut, una postal de la Argentina actual. Un pueblo movilizado, los negociados y la responsabilidad estatal. En un nuevo aniversario del 24 de marzo, las herencias transversales.

Domingo 14 de marzo | Edición del día

Donde hubo fuego, negocios quedan

La imagen de los incendios en Chubut es desoladora e impactante. Lo que ocurre en la Patagonia en sus distintas aristas, es casi como una postal de la Argentina actual. Un pueblo que sufre las consecuencias y está movilizado, los negocios detrás, la responsabilidad estatal y la casta política.

Las familias que lo perdieron todo, sus casas que construyeron con tanto esfuerzo por generaciones. Destrucción de bosque nativo con pérdidas incalculables de muy difícil recuperación. El pueblo chubutense movilizado viene demostrando ser el único interesado en defender y cuidar el medio ambiente. En cada rincón de la provincia repudian la decisión del gobierno provincial de Arcioni (Frente de Todos) de avanzar con la megaminería contaminante de la mano de grandes multinacionales. Todo en el contexto de una provincia quebrada que maltrata y hambrea a estatales, personal de salud, docentes.

La mayoría de los incendios son intencionales, y se apunta a la responsabilidad de los negocios inmobiliarios, agropecuarios y de otras industrias, Como explican especialistas, está el tema del origen de los focos, pero también “están las condiciones de expansión de ese fuego”. Ahí entra la industria maderera que avanzó con plantaciones de pino en la Comarca Andina, y colabora a la propagación de los incendios con una velocidad imparable.

Es una de las herencias de la dictadura que nadie tocó: desde 1977 (con el Decreto Ley 21.695 de Martínez de Hoz), los grandes terratenientes (como Benetton) “son eximidos de impuestos u obtienen créditos por plantar pinos”.

La velocidad de expansión de los negocios a costa del medio ambiente y pobladores se ve reflejada en las estadísticas oficiales: en 19 años (1998-2017) el promedio anual de superficie total de bosque nativo afectado por incendios fue de 303.136 hectáreas. Sólo en 2020 se quemaron más de 1 millón de hectáreas, y en menos de 3 meses del 2021 ya van afectadas 40.000 hectáreas.

Nada de todo esto podría ocurrir sin la participación activa del Estado y sus gobiernos. Por la legislación que se mantiene de la dictadura, por el desfinanciamiento, y por el propio impulso gubernamental de proyectos extractivistas como el de la megaminería. Alberto Fernández, luego de su visita accidentada en Lago Puelo, se refirió a la minería en la provincia, dijo que “no es un tema mío, es un tema que deben resolver los chubutenses”. Se contradice por completo con su discurso el 1º de marzo en el Congreso donde ratificó que el modelo sigue siendo el extractivismo.

Si se mira el presupuesto 2021 del gobierno nacional redujo un 42% lo destinado a combatir los incendios. Mientras el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, dijo en un principio que “no alcanzan los recursos”, hay denuncias por la subejecución del presupuesto de manejo del fuego: 36% de fondos en 2020. Continúan la trayectoria del macrismo que desfinanció el organismo de manejo del fuego y entre 2017-2019 dejó también sin ejecutar el 20% de los fondos. En la desidia e improvisación de Cabandié, se cuelan números confusos y promesas imposibles de chequear. Lo que sí se puede chequear es que el gobierno de Alberto Fernández destina 542 veces más en subsidios al fracking (Vaca Muerta) que a los dispositivos de combate de los incendios.

Las imágenes de lo sucedido este sábado en Lago Puelo con la llegada del presidente Alberto Ferndánez fueron las de un pueblo movilizado que reclamaba medidas urgentes al gobierno frente a los incendios y para expresar su rechazo al proyecto de zonificación de Arcioni para las mineras. La clase política tradicional se dispuso a poner el eje en los incidentes confusos sobre el presidente, para estigmatizar las protestas (aunque la asamblea No a la Mina de Esquel en su cuenta de Facebook denunció que hubo infiltrados). Pero ninguno hizo referencia a la patota de la UOCRA y punteros del PJ (que defienden la megaminería) que atacó la protesta que tenía a las mujeres al frente.

Los editorialistas dominicales no hacen referencia alguna a la terrible situación de los incendios. La excepción es El Cohete a La Luna. Horacio Verbitsky ofrece la hipótesis de que los agresores se fueron en un vehículo que pertenecía a la división de investigaciones de la policía de Esquel “que durante el gobierno anterior operó con la Gendarmería, que fue la fuerza predilecta de la ministra Bullrich”. Finaliza cuestionando “la desprotección presidencial”. Sea cual sea la hipótesis, lo que deja esta postal es que las protestas y movilizaciones apuntan a la responsabilidad del gobierno nacional y provincial.

Arden los bolsillos: inflación, tarifas y deuda

Esta semana se conocieron los datos del INDEC de la inflación de febrero: fue de 3,6%, y acumula en los primeros dos meses 7,8%.

El periodista Ismael Bermúdez publicó en twitter algunos cálculos del aumento de precios de alimentos del último año: 154,5% la manzana, 104,4% la cebolla, 85% el asado. Alimentos y transporte son los rubros más preocupantes, afectan más directamente al bolsillo de las y los asalariados. Además, YPF anunció que subirá los combustibles 18% los próximos tres meses (aunque en el 2021 ya hubo cuatro aumentos).

Marcelo Colombres en Tiempo Argentino ofrece información sobre las exigencias de grandes empresas de un nuevo tarifazo de gas. Un ejemplo: la empresa Transportadora de Gas del Sur (de Pampa Energía y el grupo Werthein) pide un incremento del 58,6% en su tarifa, cuando “declaró una utilidad neta de $3286 millones” en el 2020.

Diego Genoud en El DiarioAr describe dos contrastes de las promesas del gobierno de Alberto Fernández. “La consigna oficial de que el salario le va a ganar a la inflación” la responde con datos de Luis Campos (Observatorio Social CTA): “empezamos muy mal. En enero el ingreso de los asalariados registrados del sector privado creció un 1,8%, muy por debajo del 4% del IPC. La variación interanual arroja un horrible -7,4%”.

Del otro lado, Genoud se refiere a la promesa del presidente de eliminar las Leliq del Banco Central, y muestra que en la realidad ocurrió todo lo contrario. Las Leliq “pasaron de $758.453 millones a $1.887.890 millones: aumentaron un 148,9%”. Los salarios pierden, pero el sector financiero sigue especulando y embolsando ganancias millonarias.

En Ideas de Izquierda, Mónica Arancibia y Gastón Remy, explican la gran estafa de la inflación. Muestran en datos que las y los trabajadores no sólo no recuperaron lo perdido por el macrismo, sino que siguen perdiendo su capacidad de compra con el gobierno de Fernández. La inflación sigue acumulando puntos por encima de los salarios. Como le dijo el diputado del FIT Nicolás del Caño a Héctor Daer esta semana en una comisión del Congreso “hoy el salario mínimo que firmó la CGT está por debajo de los niveles de indigencia”.

Esta situación que golpea a la realidad de millones de asalariados, ocupados y desocupados, pensionados y jubilados, es un factor permanente de tensión que está creando una nueva oleada de conflictos, reclamos y procesos de autoorganización en todo el país. La juventud es una de las protagonistas, que vive en carne propia otra de las herencias vigentes de la dictadura: la precarización laboral. El escandoloso caso del acuerdo entre McDonald´s, Burger King que "prestaron" jóvenes precarizados a la multinacional Mondelez (ex Kraft) pinta de cuerpo entero este flagelo y la complicidad estatal: sueldos de 0 pesos. El Frente de Izquierda apuesta al desarrollo de estos procesos de organización y lucha, uniendo los reclamos de la clase trabajadora con los del movimiento de mujeres y en defensa del medio ambiente.

El marco de la precaria situación económica del país, con claros ganadores y perdedores, está atravesada por la negociación con el FMI, tocado por casi todos los editorialistas desde distintos ángulos.

Alfredo Zaiat en Página 12 sigue en su cruzada del “FMIGate” focalizado exclusivamente en festejar las investigaciones judiciales que empezarán a recaer sobre Mauricio Macri y sus funcionarios por las mil y un irregularidades de la deuda. De cuestionar el pago de esta estafa, nada. Agrega que “el hecho novedoso en la demanda penal de la Oficina Anticorrupción” es que la jueza a cargo de la causa pide “que libere al Banco Central del secreto bancario para conocer quiénes fueron las empresas y personas que se beneficiaron con esos dólares”. Sería muy buena noticia si la investigación estuviera dirigida a evitarle un nuevo saqueo al pueblo trabajador, y que sean esos especuladores quienes se hagan cargo de la deuda odiosa. Pero el uso del oficialismo se inclina a la campaña electoral.

Desde los medios tradicionales de la oposición, no hacen referencia a las investigaciones en curso y menos aún cuestionan el pago de la estafa. Se enfocan también en un análisis de grieta, para decir que las negociaciones con el FMI se van a patear para después de las elecciones “como pidió la vicepresidenta”. Es la sintonía de Joaquín Morales Solá en La Nación que culpa a Cristina Fernández por las demoras de las negociaciones con el FMI y que provocan “la caída de la confianza” en el país. Eduardo Van Der Kooy en Clarín lo reafirma con su premisa de que “nunca el peronismo, en sus distintas expresiones, supo convivir en el ejercicio del poder con el dilema que plantea la vigencia de un liderazgo natural (Cristina) y otro dirigente de menor volumen en el Poder Ejecutivo”.

Diego Genoud lo analiza desde otro ángulo. Sostiene que Martín Guzmán “parece firme para negociar con el Fondo pero su prédica de reducir el déficit fiscal –que “no es de derecha”- choca con Cristina y su asesor Axel Kicillof”. Recuerda un aspecto ausente en los otros analistas de la grieta: “Guzmán tiene en mayo el vencimiento de 3200 millones de dólares que Kicillof se comprometió a pagar con el Club de París, una deuda contraída en su mayor parte durante la última dictadura”. Otra de las herencias de la dictadura que se mantuvo por los sucesivos gobiernos constitucionales.

Randy Stagnaro en Tiempo Argentino, insiste con la fecha: Guzmán estará en Washington para negociar con la titular del FMI este 23 y 24 de marzo. Fecha emblemática si las hay. Por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, por juicio y castigo a todos los responsables, y para pelear por terminar con todas las herencias de la dictadura militar. Stagnaro afirma que el “en el FMI no aceptan el Presupuesto 2021 como un plan”. Aunque el gobierno haya tomado muchas de sus sugerencias de ajuste, quieren más.

Martín Rodríguez en El DiarioAr se hace algunas preguntas sobre el gobierno y las elecciones. Las puede ganar probablemente, dice, pero no es lo único que importa: “¿y después? O más aún: ¿y antes? Porque el problema es de época: es un gobierno regido por las condiciones de hierro de su tiempo”. Una afirmación que da por hecho que el gobierno acepta esas condiciones. Como la del hierro del FMI y otras deudas heredadas de la dictadura que merecen ser desterradas de nuestra historia con las peleas del presente. Con esa fuerza que está surgiendo desde abajo en distintos rincones del país.

De herencias y poder judicial: el caso de Brasil

Sin dudas una de las noticias de la semana fue la anulación de la condena que pesaba sobre el ex presidente brasilero Lula da Silva, en la causa conocida como “Lava Jato”, que le restituye los derechos políticos para volver a ser candidato.

Mario Wainfeld en Página 12 expresa la lectura local del oficialismo y las organizaciones que apoyan la coalición gobernante (especialmente quienes se referencian en el kirchnerismo). Englobando “el retorno de Lula, Evo, Cristina”, define la noticia que llega de Brasil como “un contragolpe saludable de la política”, luego de “los desastres producidos por los gobernantes de derecha” en la región.

Los motivos de la decisión del Supremo Tribunal Federal del país vecino son variados y complejos. Elizabeth Yang y Daniel Matos profundizan el análisis en Ideas de Izquierda en el artículo “De la crisis de Bolsonaro y el bonapartismo judicial a la vuelta de Lula”.

Lo que es seguro es que están íntimamente ligados con la pérdida de legitimidad de Bolsonaro y el régimen golpista (agravada por su manejo criminal de la pandemia), y a la crisis de la investigación “Lava Jato” que cuenta con sobradas evidencias de la farsa judicial. El impeachment contra Dilma, la prisión de Lula y sus proscripción política, que allanaron el camino al ascenso de Bolsonaro, son la expresión de ese “lawfare” que articula el poder judicial con otros poderes fácticos para incidir en disputas políticas y económicas. Y donde la intromisión de la embajada norteamericana pica en punta como otro de sus mecanismos para someter países.

El relato oficialista y de las corrientes políticas latinoamericanas afines, peca de un personalismo fanático que termina escondiendo las herencias profundas que se mantienen y recaen, siempre, sobre el pueblo trabajador.

Rechazar el régimen golpista y defender los derechos políticos de Lula no pueden separarse de la herencia de Bolsonaro: reformas laborales y jubilatorias, o anular las privatizaciones. Lula ni siquiera se refirió a estas medidas en su discurso, cuando son las que están resquebrajando con precarización, desempleo y pobreza al pueblo brasilero.

Administrar esas herencias (más recientes y más viejas), es la historia que se viene escribiendo en la región, incluso con los líderes que engloba Wainfeld. Si de lo que se trata es de cortar con el sometimiento y la dependencia, son esas herencias las que hay que dar vuelta. Será con las fuerzas del pueblo trabajador tomando las riendas del asunto, o no será.

PostData

Esas herencias son vividas y sufridas por millones de trabajadores, ocupados y desocupados, jóvenes, mujeres, y hasta en los pobladores afectados por los incendios y la destrucción del medio ambiente. Un pasado que oprime el presente. En nuestro país, la obra de la dictadura militar dejó una herencia transversal en nuestra vida cotidiana, que se recrudece en momentos de crisis y ajuste como el actual.

Aprendimos que los pasos dados por juicio y castigo a todos los responsables de las desapariciones, detenciones, torturas, apropiaciones de niños y niñas, fue únicamente por la pelea incansable de Abuelas, Madres, organismos de Derechos Humanos, políticas, y sociales. Este 24 de marzo no es sólo una fecha para hacer memoria. Es una fecha donde los padecimientos de las mayorías están más vigentes que nunca, y están atravesados por ese pasado. Un presente de deudas fraudulentas que someten al país. Donde el gobierno y sus organizaciones afines decidieron abandonar la calle y la movilización, mientras envían funcionarios a negociar la criminal deuda con el FMI en el aniversario del golpe genocida. Un presente con los mismos ganadores de siempre. Y también de reclamos, luchas y movilizaciones que crecen en todo el país, de los que no quieren seguir siendo los perdedores. El 24 de marzo, con todos los cuidados sanitarios, tenemos que estar en la calle.




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