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Red Internacional

La semana comenzó con las audiencias públicas de la energía eléctrica. El aumento de las tarifas alcanzaría el 15 %, pero las empresas piden hasta 157 %. En la era Macri hubo fuertes subas de las facturas, pero el servicio no mejoró. Las empresas ganaron millones y piden nuevos ajustes.

Martes 30 de marzo | 21:17

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realiza las audiencias públicas de la energía eléctrica, que comenzaron este lunes y finalizan este miércoles para definir las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur. El lunes se debatió sobre las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, y el martes y miércoles fue el turno de las distribuidoras del área mencionada.

El Gobierno autorizaría un incremento de hasta 15 % final en las facturas de los usuarios residenciales. También se evalúan porcentajes inferiores como el que autorizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para las compañías del interior de la provincia. Habrá que ver cuál será el ajuste final ya que en la coalición del Frente de Todos hay diferencias sobre el porcentaje de aumento de las tarifas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, proponía una suba que se acerque a la inflación estimada para este año (29 %), mientras que Cristina Fernández de Kirchner sugería un 9 %. A pesar de estas diferencias, no se plantea retrotraer los aumentos de la era Macri.

Por su parte, las empresas exigen aumentos superiores. Edenor y Edesur afirmaron que sus requerimientos de subas en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28 % y 34 % promedio, respectivamente, pero el ENRE sostuvo que las empresas presentaron pedidos de incrementos de hasta el 81 % y 157 % ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80 % de los usuarios.

Se espera que a fines de abril se definan los nuevos aumentos tarifarios que comenzarían a regir desde el 1 de mayo. El aumento de las tarifas implicará un nuevo golpe al bolsillo de las mayorías.

Tarifas altas y ganancias millonarias

Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios residenciales de Edenor aumentó 3222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur 3178 % (720 % en términos reales) según la Auditoría de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Edenor y Edesur realizada por el ENRE.

El documento detalla que la política combinada de subas tarifarias, reducción de subsidios y dolarización de la generación implicó que trabajadores, trabajadores pasivos, comercios e industrias necesiten destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos al pago de las facturas de energía eléctrica.

Mientras los tarifazos impactaron en los ingresos de la población, las empresas amasaron ganancias millonarias. Según el ranking de los 1000 grupos empresarios que más venden elaborado por la revista Mercado, Edenor ocupó el puesto 27 en 2019 con ventas por $ 89 944 millones, y Edesur tuvo el puesto 41 con ventas por $ 64 855 millones. En el ranking también se encuentran otras empresas que pertenecen al rubro de Generación, transporte y distribución de energía eléctrica como Pampa Energía, Enel Argentina, entre otras.

En 2019 Edenor ganó $ 12 134 millones y Edesur $ 12 681 millones. Si se suma las ganancias de estas dos empresas, y se considera un tipo de cambio promedio de ese año ($ 48,3) se podría decir que Edenor y Edesur ganaron por día 1,4 millones de dólares en 2019. Una suma muy lejana a lo que cobra un trabajador promedio.

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Los tarifazos no fueron el único beneficio que recibieron estas empresas. Según la auditoría del ENRE, en mayo de 2019 la Secretaría de Gobierno de Energía firmó un acuerdo con ambas empresas para “sanear” las deudas acumuladas de las concesionarias con el Estado (compra de energía, mutuos diversos y sanciones).

El acuerdo implicó “el reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales”, explica el documento del ente regulador y agregó que “el Estado Nacional no sólo condonó deudas a las distribuidoras sino también canceló deudas que no le eran propias como la compra de energía y parte de los contratos de préstamo (Mutuos) firmados con CAMMESA”. Esta medida representó ganancias extraordinarias para Edenor ($ 17.095 millones) y Edesur ($ 15 641 millones).

A pesar de las ganancias de las empresas, la auditoría señala que “las distribuidoras no mejoraron sustancialmente la calidad del servicio” y agrega que “lejos de intensificar las inversiones para igualar la calidad del servicio entre los usuarios de la misma área de concesión, se legitimaron las asimetrías y desigualdades existentes en el servicio”.

¿Suba gradual o terminar con el negocio de las privatizadas?

El negociado de estas empresas no es nuevo. Los servicios públicos se privatizaron durante el menemismo, y el kirchnerismo lo mantuvo intacto. Así, hay una división de las etapas de generación, transporte y distribución de la electricidad y el gas, donde operan distintas firmas privadas.

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La política energética de Cambiemos, que copó el Ministerio de Energía con CEOs, empezando por Juan José Aranguren, de Shell, fue aumentar las transferencias al sector desde los hogares, aplicando tarifazos salvajes.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández anunció en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, con el fin de "desdolarizar" las tarifas. Si bien aún no se conoce la propuesta, el Gobierno analiza nuevos aumentos de tarifas. No se plantea retrotraer los tarifazos durante el macrismo como el proyecto que impulsó el peronismo cuando estaba en la oposición. La disputa actual es cuánto van a aumentar las tarifas, pero no se discute que los servicios públicos son un derecho esencial y que no deberían estar sometidos al lucro capitalista.

Como proponen los diputados del Frente de Izquierda, hay que terminar con el negocio de las privatizadas y que todo el sistema energético (es decir de todas las etapas productivas: la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios) sea nacionalizado, mediante expropiación sin ningún tipo de indemnización a los actuales concesionarios, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares.

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