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Red Internacional

Educación y Derechos.ESI: la adhesión en la provincia nuevamente en discusión en la Legislatura tucumana

Legisladores que responden al Jaldismo presentaron un proyecto de ley para la adhesión provincial de la ESI en las escuelas tucumanas. Los medios locales enmarcan esta iniciativa dentro de la interna entre el Vicegobernador Osvaldo Jaldo y el Gobernador Juan Manzur. ¿Los derechos de miles de estudiantes de los diferentes niveles, pueden estar supeditados a la interna actual del PJ?

Lunes 26 de abril | 14:20

Días atrás fue noticia en la escena provincial que los legisladores que integran el bloque Justicialista de Todos, el cual responde al vicegobernador Osvaldo Jaldo, presentaron un proyecto para que Tucumán adhiera a la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). Se trata de una normativa vigente desde el año 2006, pero hasta la fecha, Tucumán es una de las 6 provincias en las que no se aplica. Cabe entonces la pregunta:

¿Qué pasa con la aplicación de la ESI en la provincia?

Dicha ley data del año 2006. En el 2008 se formularon los lineamientos curriculares de contenidos y objetivos en los diferentes niveles educativos, que fueron sumamente necesarios de manera explícita, ya que el 2006 la Ley dejaba abierta la posibilidad de elegir los contenidos a dictar, bajo el criterio de cada institución. Tal es así, que los colegios católicos, promovieron su propio libro de "ESI" como se conoció en la RED FASTA. El libro titulado "Educación para el amor", enseñaba a los niños a "convertirse en hombres" y a las mujeres a "servir a los hombres". También en estos manuales existen explicaciones de cómo el matrimonio igualitario destruye a la familia. Es este el contexto en el que sin embargo, la provincia aun no adhiere a la ESI.

Actualmente se hace necesario reabrir un debate para redefinir los contenidos curriculares, ya que hubo muchísimos cambios desde el 2008 hasta hoy, en materia de Educación Sexual Integral.

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En Enero del 2020, el mismo Ministro de educación, Juan Pablo Lichtmajer, en respuesta a un proyecto presentado por el bussismo, daba cuenta, de manera "reflexiva", de la responsabilidad jurídica de la no aplicabilidad de la ESI. Sin embargo, dejaba de lado cualquier referencia respecto en cuánto al presupuesto destinado para tal fin y el número de docentes y formadores con que cuenta el Programa de Educación Sexual Integral en la provincia, para que se pueda llevar a cabo su efectiva implementación.

El proyecto de ley presentado por el bloque bussista, acompañado de palabras que dan cuenta del odio al colectivo trans-travesti, planteaba la solicitud de un permiso a las familias para el "uso" de determinados conceptos, argumentando que correspondían a términos que ellos definen como "ideología de género"; una clara posición que se opone a los ejes que sostienen la integralidad de la ESI.

La novedad es que este punto no difiere a lo planteado por los legisladores jaldistas, con respecto al posicionamiento de lo que se conoce como potestad de las familias. Por supuesto que la ley las considera y entiende el rol de éstas y la comunidad educativa toda en la tarea de acompañamiento a la escuela; pero el planteo tanto de Jaldistas como de Bussistas, con esta figura de "potestad de las familias", deja abierta una vez más, la posibilidad de intromisión de los grupos fundamentalistas.

La ESI ya contempla quienes deben llevar adelante esta tarea, como así también capacitación en servicios de las y los docentes y cobertura de escuelas estatales de gestión pública como privada, lo que incluye a las confesionales. Otro punto, no menor, a tener en cuenta es que no se necesita la adhesión, algo que muchas veces se usa como un falso debate: “adhesión si, adhesión no”, desinformando. Algo para nada inofensivo, basta con acceder a la ley provincial de educación N° 8391 en su artículo 9, inciso 13, para constatar la incorporación de la misma.

Mientras hacen uso de lo que constituye una bandera para el movimiento de mujeres: "Educación sexual para decidir", donde si bien ya se cuenta con un piso de contenidos mínimos, lo que hoy debería estar en discusión no pasa por la adhesión, sino la revisión de esto, así como de los materiales del programa para su actualización, donde se contemple la diversidad sexual en sentido amplio, como también aquello de lo que son fervientes opositores, la ley de matrimonio igualitario, ley de interrupción legal del embarazo, ley de identidad de género, ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otros, como contenido pedagógico en el marco de los cinco ejes de la educación sexual integral.

En Tucumán la violencia hacia las mujeres y disidencias tiene expresiones brutales. El caso de Lucía —la niña obligada a parir por funcionarios de Manzur tras ser abusada— es un claro ejemplo de que a pesar de contar con una ley data de casi 100 años, el aborto no punible, no se cumple. La provincia está en el ránking de femicidios y transfeminicidios y la Justicia opera en consonancia con los otros poderes, como se vio en el caso de Paola Tacacho. Por eso es necesaria la pelea por la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la cual no puede estar a merced de una contienda política donde están involucrados los mismos responsables.

Como mostró la conquista del derecho al aborto legal, es a través de la organización y en las calles donde se va a conquistar la Educación Sexual Integral, Laica y Científica —sin injerencia de las Iglesias y los antiderechos— en unidad de las organizaciones de mujeres y de la diversidad, junto a los centros de estudiantes, docentes y las familias.

Para esto, la batalla inmediata es por la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, para terminar con la injerencia de la misma, y dar fin a los sueldos y jubilaciones de privilegio de curas, obispos y monseñores, que viven una vida de lujos mientras esa plata debería estar destinada por ejemplo a la educación pública.

En este marco, queda expuesta la puja entre las divisiones del peronismo tucumano, donde los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes están a merced de las maniobras que hacen para que cada sector del PJ se atribuya, aunque solo sea en la retórica, progresismo y garantía de derechos.

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