Géneros y Sexualidades

DERECHO AL ABORTO

EEUU y Brasil impulsan el consenso antiabortista de Ginebra

En oposición a tratados de la ONU, EEUU y Brasil impulsan la firma de una declaración internacional que niega que el aborto legal sea un derecho humano universal. La salud de mujeres y personas gestantes deben ser prioridad en la pandemia.

Sábado 24 de octubre | 21:26

Estados Unidos impulsó la firma de una declaración anti-derechos, con el gancho de otros 32 países. El documento se presenta en defensa de la igualdad de las mujeres y de su derecho a la salud, pero rechaza el acceso al aborto como derecho humano internacional, en abierta oposición a lo que había precisado el comité de Derechos Humanos de la ONU.

El documento lleva el pomposo título "Declaración de Ginebra: Consenso sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia", aunque no se realizó en Suiza, si no en EEUU y se transmitió de manera virtual, con el protagonismo del secretario de Servicios Humanos y de Salud de dicho país, Alexis Azar y el Secretario de Estado Mike Pompeo. Acompañando la iniciativa estadounidense, co-patrocinaron Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, en el marco de una disputa formal dentro de la ONU y la OMS.

Aunque la declaración no es vinculante, los países involucrados no están obligados a llevar adelante lo que dice el texto: es una conjura de los sectores más reaccionarios de la política mundial, en alianza con las Iglesias y corporaciones religiosas que son enemigas de los derechos por los que pelea el movimiento de mujeres y LGTTTBIQ+. Por otro lado, es una colaboración directa de estos países a la conservadora campaña de reelección de Trump y su vicepresidente, el derechista y evangélico Mike Pence, quien fue autor del primer proyecto para retirar todos los fondos federales del programa de salud reproductiva.

¿Qué dice la Declaración?

"Garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva", pero "sin incluir el aborto". Clara contradicción cuando el acceso al aborto legal es un problema de salud mundial, siendo que los abortos mal practicados se llevan la vida de casi 70 mil mujeres y personas gestantes al año y deja a otras millones con lesiones y enfermedades.

El argumento es uno ya conocido por el movimiento de mujeres y disidencias a nivel mundial: le da carácter de niño a la gestación en el útero y se ampara en los derechos del niño para justificar el atropello sobre los derechos humanos de la persona embarazada. Reafirmamos que “el niño (…) necesita protección y cuidados especiales (…) tanto antes como después del nacimiento” y que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños”.

Además, afirma que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad” y que “las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia”. De esta manera busca presentar como natural formas de relación humana que son construcciones sociales y legitimar la imposición patriarcal que obliga a las mujeres a cumplir el rol de madres, negando la libertad de elección a la hora de construir una familia.

Un consenso de "triaje" deja afuera el derecho al aborto con la excusa de la pandemia

El colapso del sistema de salud, que desnudó la falta de inversión y de acceso a la salud para las grandes mayorías en los países afectados por la pandemia, se viene utilizando como excusa para restringir o directamente negar el acceso al aborto legal.

En EEU el aborto está avalado por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade desde 1973, aunque el reciente fallecimiento de la progresista Ruth Bader Ginsburg, jueza clave de la Corte, pone en duda la continuidad de este amparo ante un recambio de la Cámara.

En el marco de la pandemia, en varios estados se han propuesto prohibiciones de todos los servicios de aborto legal, haciéndose pasar por iniciativas de salud pública como respuesta al COVID-19. Ya en las últimas décadas se impusieron más de 1200 restricciones sobre este derecho y casi el 30% fueron promulgadas de 2010 en adelante, durante las administraciones de Barack Obama junto a Biden y la actual de Donald Trump y Pence.

Por otro lado, la "enmienda Hyde", contra la que lucha el movimiento de mujeres y disidencia desde los 80s, restringe severamente la cobertura de aborto para las personas aseguradas por Medicaid, el programa de seguros de salud estatal que cubre a quienes no pueden pagar los altos costos de la medicina privada estadounidense.

Trump y su gabinete son enemigo declarados del derecho al aborto. Sin embargo, en el último debate con su oponente Joe Biden, éste último tampoco tomó el problema del acceso al aborto legal en la discusión sobre Salud. Ambos candidatos rechazan la posibilidad de una atención médica universal, validando su compromiso con el multimillonario negocio de los seguros médicos, que deja a las mayorías populares, a millones de mujeres, cuerpos gestantes y afroamericanos, gravemente desprotegidas.

En Brasil, otro de los países firmantes de la Declaración, se intentó negar el derecho al acceso a un aborto seguro a una niña de 10 años, víctima de violación intrafamiliar. Jair Bolsonaro, junto a la ministra de la Mujer y pastora evangélica, no sólo niegan el derecho a la salud reproductiva, si no el derecho de los niños que dicen proclamar en el Consenso de Ginebra. Aunque el aborto está permitido por ley en los casos de violación, se le impidió a la niña realizarlo en un hospital de su ciudad, obligándola a viajar miles de kilómetros para poder practicarlo en otro lugar, donde tuve que ingresar al hospital escondida en un baúl, ocultándose de la reaccionaria manifestación de sectores bolsonaristas y de las Iglesias.

Luego de esto, Bolsonaro sacó un decreto que crea nuevas reglas de procedimiento en los casos de aborto ya previstos por la ley. Por ejemplo, que las autoridades policiales sean informadas sobre cada caso. De esta manera buscar avanzar en la criminalización y la restricción de este derecho; en un país donde el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna, afectando en su mayoría a mujeres negras y pobres.
Cabe aclarar que en los 13 años de gobiernos del PT, aún contando con una mujer en la presidencia, no se legalizó este derecho.

Argentina no es la excepción. Aunque Alberto Fernández había prometido que se volvería a tratar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la postura oficial sanitaria es que este derecho no es una prioridad en el marco de la pandemia y el propio presidente expresó que legalizarlo estresaría el sistema de salud. Mientras la conquista de este derecho sigue en suspenso, persiste la criminalización del aborto y la situación de crisis económica y de pandemia sólo empeoran las consecuencias para la salud y la vida de miles de mujeres y personas gestantes. Por otro lado, el 20 de noviembre podría perderse el estado parlamentario del proyecto de ley, motivo por el cual lasredes sociales se inundaron con el hashtag #AbortoLegal2020, impulsado por la CNDA. La Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado donde declara que avanzar en el tratamiento de la ley es inoportuno contra la “unidad”. Esa unidad que mantienen los "dinosaurios" no sólo dentro la derecha, sino dentro del Frente de Todos que arrastró a millones de votantes progresistas en su alianza con los anti-derechos, tras la ilusión del mal menor.

La lucha por el derecho al aborto sigue vigente

El reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial es una medida básica e indispensable para la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos sean en condiciones inseguras, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.







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