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CFK fustigó a Cambiemos por el tarifazo, pero defendió los subsidios a las privatizadas

En el senado, pidió tratamiento preferencial para un proyecto que suspenda el aumento de tarifas a partir del 1ro de enero de 2017. Dijo que bajo su gobierno los subsidios millonarios a las privatizadas eran un “salario indirecto”.

Miércoles 18 de abril de 2018 | 17:28

La senadora Cristina Fernández de Kirchner solicitó este miércoles ante la Cámara alta el tratamiento con despacho de un proyecto de ley de su autoría que, de aprobarse, suspendería los aumentos de tarifas de agua, luz y gas a partir del 1ro de enero de 2017.

La expresidenta expresó que dichas tarifas “constituyen uno de los 5 precios relativos de la economía, con inmenso impacto en las actividades económicas y en los índices de inflación” que el gobierno había prometido bajar.

“Cuando empezó el gobierno de Cambiemos anunciaron inmediatamente la eliminación de los subsidios por dos motivos: porque las tarifas estaban demasiado bajas y porque nos habíamos quedado sin energía. De hecho, se prometió el autoabastecimiento”, explicó Fernández.

“Al cabo de dos años no hay autoabastecimiento, es más, se importa más crudo que durante toda nuestra gestión a punto tal que ha caído la producción en las provincias petroleras. Vemos que cae YPF y que sube Shell, no solo como distribuidor sino como importador”, fustigó la referente de Unidad Ciudadana haciendo referencia al ministro de energía, Juan José Aranguren, que se desempeñó como presidente de Shell y fue titular de dos cuentas off shore de la compañía.

En el momento en el que Fernández se disponía a listar las empresas de energía cercanas al presidente Mauricio Macri, que obtuvieron enormes beneficios gracias a los aumentos de tarifas, la vicepresidenta Gabriela Michetti la interrumpió aduciendo problemas de tiempo.

El cuestionamiento de la expresidenta al tarifazo de Cambiemos partió de una reivindicación sin fisuras de su gestión en el terreno energético y de los servicios. Defendió los subsidios a las empresas privatizadas, a los que consideró un “salario indirecto”. Sin embargo, en los 9 años que van del 2005 al 2014, los subsidios que otorgaron las gestiones kirchneristas a las empresas aumentaron en un 5.450 por ciento, muy lejos de los aumentos salariales. A fines de 2014, los subsidios a las privatizadas alcanzaban un récord histórico mientras que, de forma simultánea, los salarios reales sufrían la mayor caída desde el año 2002, producto de la devaluación y la inflación.

En 2015, antes de que asumiera Mauricio Macri, los subsidios volvían aumentar en un 40% durante el primer cuatrimestre. Simultáneamente, la entonces presidenta se negaba a aprobar el aumento del 36% en las paritarias que habían conseguido los trabajadores aceiteros luego de 20 días de lucha: se negaba porque superaba el techo del 27% que habían impuesto el gobierno y la burocracia sindical. La inflación acumulada para ese momento era del 37%. A las privatizadas se les aumentaba los subsidios por encima de la inflación, a los trabajadores, muy por debajo.

Solo en ese año a las privatizadas se les dieron $ 275 mil millones en subsidios para garantizarles la rentabilidad.

Lejos de constituir un “salario indirecto”, los subsidios bajo la era kirchnerista fueron una enorme transferencia de ingresos desde los bolsillos de los trabajadores a las empresas. Este dinero no redundó en inversiones para aumentar la capacidad productiva, sino que vimos durante la llamada “década ganada” un sinnúmero de estallidos de la llamada crisis energética, con cortes de luz en amplias zonas urbanas. Esta misma crisis continúa hoy en día bajo el gobierno de Cambiemos. Es que las empresas, sea por la vía de los subsidios o sea por la vía de los aumentos de tarifas, no tienen interés en el desarrollo energético del país, ni en brindar un servicio de calidad y seguro, sino en acumular ganancias para ser fugadas al exterior.

Ante esta encerrona, los diputados del Frente de Izquierda como Nicolás Del Caño proponen la nacionalización sin pago de todas las privatizadas, para que sean gestionadas por sus trabajadores y comités de usuarios. El agua, la luz y el gas no pueden ser negocios para unos pocos sino servicios públicos y de calidad para que las mayorías trabajadoras vivan dignamente.

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