Géneros y Sexualidades

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Dictamen sobre aborto: disidencia parcial de la diputada Romina del Plá

Presentamos los fundamentos del voto favorable pero con disidencia parcial de la diputada del Frente de Izquierda, al dictamen sobre aborto que ingresará mañana en la Cámara de Diputados.

Miércoles 9 de diciembre de 2020 | 18:30

"El tratamiento de este proyecto de ley para avanzar en una legislación que consagre el derecho al aborto legal es sin lugar a dudas una conquista de la marea verde, de la juventud, de las trabajadorasy de las organizaciones de lucha del movimiento de mujeres y diversidades. Lo votamos favorablemente con esta convicción y acompañamos el presente dictamen.

Fueron necesarias décadas de lucha y una multitudinaria movilización, como la que en 2018 puso a dos millones de personas en las calles, para imponer el avance de este derecho ante los distintos gobiernos y un Congreso que se caracteriza por la sistemática postración ante el lobby de las iglesias y de los capitalistas.

Votamos favorablemente este dictamen y somos parte de una batalla por su aprobación sin dilaciones en ambas cámaras. En medio de esta pelea, presentamos dos observaciones a este dictamen, adelantando la que será la próxima batalla de la marea verde: la lucha por la implementación del aborto legal en todo el país, contra las trabas que el Estado y las Iglesias pretenden instaurar en regiones enteras.

Nuestra disidencia parcial a este dictamen se funda precisamente en las disposiciones que abren las puertas a esa intromisión de las iglesias en la propia ley que se busca aprobar.

Queremos señalar con nuestra disidencia parcial a este dictamen el rechazo, en primer lugar, ala objeción de conciencia –una figura jurídica que en el ámbito de la salud es ungida como un instrumento para vulnerar derechos de las mujeres y las diversidades. El proyecto que se va a votar habilita la objeción por ideario institucional al no establecer la obligación de los centros de salud a garantizar la práctica, permitiendo la derivaciónde la persona gestante que requiera interrumpir un embarazo a otro centro de salud –lo que en buena parte del país significa la necesidad de trasladarse a otros distritos o provincias. Es una prerrogativa inadmisible para permitir que las clínicas e instituciones de salud vulneren la ley en nombre de la objeción de conciencia. Un bloqueo de hecho al acceso a la práctica y una concesión enorme a los agentes del clero que tienen colonizado buena parte del sistema de salud público y privado en todo el territorio nacional.

El dictamen habla por ejemplo de la ESI. Pero al día de hoy, tras 14 años de sanción de la ley, la juventud sigue siendo privada de una educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género en casi todos los rincones del país. Ello sucede en virtud del enorme peso que bajo los sucesivos gobiernos las iglesias han preservado en el sistema educativo nacional, y del artículo 5to de dicha ley que le fuera otorgado a ese mismo lobby clerical que enfrentamos hoy, habilitando bajo la figura del “ideario institucional” la vulneración del derecho que la propia ley debía consagrar.

Otro aspecto es el que refiere a la persistencia de la criminalización de la práctica a partir de las 14 semanas. Se limitan las penas, pero se preserva un poderoso instrumento de persecución de las mujeres. El proyecto que tratamos refiere a los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, pero omite deliberadamente que la inmensa mayoría de las mujeres criminalizadas por esta práctica son juzgadas en virtud del artículo 80, bajo la figura de “homicidio agravado por el vínculo”.
Nuevamente, el peso de las iglesias y su ideología reaccionaria y misógina en otro de los poderes del Estado –el judicial- opera como un contrapeso brutal contra nuestras reivindicaciones. Y ese peso es consagrado por el poder político que, a través de las propuestas de los poderes ejecutivos y la consagración parlamentaria, designa a esos jueces del lobbydel oscurantismo religioso.

Defendemos la completa eliminación de la interrupción voluntaria del embarazo del código penal y su despenalización absoluta.

Finalmente, defendemos la autonomía progresiva de nuestrxsniñxs y adolescentes, y su derecho a decidir según su madurez y capacidad, y el respeto irrestricto a su derecho a ser “niñas, no madres”.

El sentido de esta disidencia busca ser, por lo tanto, un aporte a la marea verde, que deberá continuar movilizada –en primer lugar, para consagrar esta ley- pero aún después del tratamiento parlamentario, para enfrentar todos los obstáculos que desde el poder del Estado imponen a nuestro derecho.

Somos parte de este tsunami verde que enfrenta a los poderes instituidos, a la alianza de las iglesias y el Estado, que avanza a fuerza de barrer prejuicios, de combatir a la reacción oscurantista y la misoginia clerical, de levantar las demandas de las y los oprimidos -y que está a un paso de reforzar su potencia de lucha y transformación con una ley que se ganó en las calles y ahora debe abrirse curso en este parlamento.

El tratamiento de este proyecto de ley llega luego de un año entero de dilaciones y bloqueos por parte de esta cámara y del gobierno nacional. Y, sobre todo, llega tras un sistemático reforzamiento de la intervención de los agentes de las iglesias en el ámbito de la salud, la educación, la justicia, los barrios, que son los que se dedican a bloquear y negar los derechos que conquistamos con la lucha.

Ese lugar y ese poder otorgado a los sectores que nuestro movimiento de lucha ha bien denominado “anti-derechos”, también lo hemos visto en el tratamiento parlamentario de este tema en la última semana en la cámara de diputados. El oficialismo habilitó un 50% ciento del tiempo del debate en comisiones a que se montara una tribuna para quienes vienen a predicar contra los derechos de las mujeres y las diversidades, contra nuestra lucha por barrer con la tutela estatal y clerical que persigue el adoctrinamiento, la sumisión, la opresión y la regimentación social. Hemos debido soportar escuchar una vez más a quienes comparan a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo con los genocidas de la dictadura –siendo ellos mismos representantes de una iglesia que bendijo a los Videla y los Massera. Han tenido una representación que no les corresponde, y que sólo obtuvieron en virtud de los lazos que los unen al gobierno.

Esa alianza con el clero es la que seguiremos combatiendo en las calles y en todos los terrenos. Porque sin separación de las iglesias del Estado, no habrá efectivo y completo cumplimiento de ninguno de nuestros derechos ni camino allanado para nuestras más sentidas aspiraciones.

Por estos motivos, juzgamos necesario hacer explícito estos señalamientos. Porque hacen a una plataforma de lucha por la que deberemos seguir organizadas y movilizadas quienes en todo el país festejaremos si logramos la sanción de esta ley, pero con conciencia y preparadas para las batallas venideras.

Que se apruebe esta ley, que se refuerce la marea verde y la lucha popular que la rodea y acompaña, porque una conquista así potencia enormemente la pelea que tenemos por delante por una verdadera transformación social, contra los defensores de un régimen de opresión, contra el Estado capitalista y contra las iglesias."

Firma: Diputada Romina del Plá, Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad







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