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Red Internacional

Tras varios allanamientos en distintas viviendas de la ciudad de La Plata, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a cuatro personas involucradas en la trata de personas y la explotación sexual, entre ellos el locutor platense Lucio Pazos. En el mismo procedimiento fueron liberadas doce personas que eran explotadas sexual y económicamente.

Sábado 26 de junio | 21:39

Entre los detenidos, dos hombres de 45 y 70 años y dos mujeres de 42 y 49, se encuentra el locutor platense Lucio Pazos, quien se desempeñó en Radio Provincia y en la radio municipal FM Vértice.

La causa se encuentra cargo del Juzgado de Garantías N°2 bajo la carátula de “Explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”. Hasta el momento, Pazos se negó a declarar y permanecerá detenido.

Trabajadores y trabajadoras de ambas emisoras se pronunciaron sobre el hecho, repudiando el accionar del locutor, a través de diversos comunicados. La radio de la Municipalidad decidió desvincularlo del staff, pero desde la emisora bonaerense todavía no se pronunciaron al respecto.

Según datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el inicio del Aislamiento social, preventivo y obligatorio a esta parte, se rescataron en Argentina más de 200 víctimas y que desde la sanción de la ley de Trata en 2008 se rescataron unas 15 mil personas de la explotación sexual y laboral. Solamente en 2019 se hicieron 1.740 llamados a la Línea 145 de asistencia y denuncias por trata de personas. De ese total, alrededor del 48% fue por motivos de explotación sexual.

El caso de Johana Ramallo, se transformó en una lucha testigo en la región, como muestra del carácter de clase y patriarcal que tiene el Estado, donde miles de mujeres fueron desaparecidas en “democracia” y son víctimas de las redes de trata para la explotación sexual.

Es imposible que este perverso negocio funcione, en Argentina y en el mundo, sin la complicidad y la participación activa de diversos actores que construyen la impunidad sobre la que se asienta este delito: desde proxenetas, intermediarios y tratantes hasta diversos agentes de las fuerzas de seguridad que regentea, vigila y/o encubre el negocio y hacen la vista gorda en las fronteras. Los empresarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios políticos; la justicia y otras instituciones del Estado. Una verdadera “red”, un circuito material y económicamente organizado.




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