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Desmantelan la escuela laboral del Penal de Boulogne Sur Mer

Micaela Souquet Castro, delegada docente del SUTE, denunció el desmantelamiento del CCT 6-052 que funciona en el complejo penitenciario nº1 “Boulogne Sur Mer”. Por su testimonio le quitaron el cargo.

Viernes 5 de agosto de 2016 | Edición del día

Las numerosas y reiteradas irregularidades en el CCT 6-052 llamaron la atención de la Legislatura provincial y, el mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe presentado por el Diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez, para que la DGE explique la situación de esta institución. Hasta el momento, las autoridades educativas no han respondido.

En los últimos años, hubo diversos reclamos contra el cierre de divisiones y aulas. Cometer irregularidades para cerrar completamente una escuela pública es algo considerado, además de ilegal, fuera de lo común. La situación se vuelve mucho más grave cuando vemos que se trata de un Centro de Capacitación para el Trabajo para los internos de un complejo penitenciario. La política carcelaria del gobierno provincial se encamina a un oscuro extremo. Además de llenar las cárceles de presos en “prisión preventiva” quieren sacarles la posibilidad de estudiar.

A continuación, la docente Micaela Souquet Castro explica que fue sucediendo en el CCT 6-052.

“Al momento de tomar mis horas cátedras en el CCT su funcionamiento desde lo educativo se desenvolvía con normalidad. La escuela ofrecía hasta diciembre del año pasado, el dictado de siete talleres de oficios: mimbrería, zapatería, dos talleres de construcción, soldadura, electricidad y gastronomía; y horas de proyecto de microemprendimiento productivo, dictadas por mí, como complemento educativo de todos los talleres. Hoy el CCT ha sido cerrado y sólo se están dictando cinco talleres dependientes del CCT de San Felipe”.

¿Cómo hicieron para desarmar una escuela pública?

Descabezan el equipo directivo, despiden suplentes e intervienen la institución

“Luego del receso estival fuimos convocados para el día 12 de febrero de 2016 nos presentáramos en la sede de la Supervisión Nº 1. Ese día, como primera medida, la Sra. Supervisora Mirta Nancy Palavecino se presentó y notificó la baja a tres de los docentes suplentes y, acto seguido, en medio del desconcierto y temor a la pérdida de la fuente de trabajo, nos puso al corriente de la nueva situación: la institución se encontraba sin personal directivo, por haber sido dado de baja el director del establecimiento” explica la docente.

“Sin labrar acta alguna ni exponer Acto administrativo de designación, la Supervisora comunicó que la directora del CCT 6-060 María Herbas, que funciona en otro penal, sería “directora a cargo” del CCT 6- 052. La Sra. Herbas abrió un libro de firmas, que es un documento público, denominándose “Directora a cargo”, una figura inexistente en el escalafón docente. Pero además, no se conoce Acto administrativo que la haya investido de cargo alguno en el CCT 6-052. Ello constituiría el delito penal de usurpación de cargo, sin dejar de mencionar que esta Señora infringe la normativa de incompatibilidad de cargos y horaria absoluta. Con todas estas ilegalidades, han logrado dejar acéfala la institución en todo lo que va del ciclo lectivo.”

Desalojan y trasladan a todo el personal, para entregar instalaciones a la Iglesia

“La segunda medida que nos notificó la Supervisora fue que el espacio físico que se utilizaba en la Penitenciaría como dirección y sala de maestros ya no estaba disponible, ya que había sido puesto a disposición de ampliar los espacios de la Capellanía que la Iglesia Católica tiene en el penal, y que -por no haber un lugar adecuado los docentes que concurríamos al turno tarde- debíamos cumplir funciones en el horario del CCT 6-060, ubicado en el complejo penitenciario Nº II “San Felipe”. Mientras que el docente del turno mañana y el celador del turno tarde cumplirían horario en sede de supervisión, también que la celadora titular había sido destinada a cumplir funciones en la sede de la Dirección de Técnica y Trabajo. Así las cosas la Sra. Supervisora modificó arbitrariamente nuestras condiciones de trabajo”.

“Así las cosas algunos docentes cumplimos horario en el CCT 6-060 aproximadamente por dos semanas, hasta que fuimos convocados a regresar al complejo de Bulogne Sur Mer. Allí la “nueva oficina” para trabajar era un recinto pequeñísimo, sin baño ni ventilación, cuyo techo se llueve, que se encuentra en el interior del complejo penitenciario, algo no permitido por las normas de seguridad. Tanto es así, que ninguna otra oficina, ni de las instituciones educativas ni del servicio penitenciario, se encuentra dentro del complejo. Ni siquiera nos dejaron tizas para escribir.”

Suspenden el servicio educativo y falsifican documentos para que “no se note”

“El CCT es el establecimiento educativo con mayor demanda dentro de la Penitenciaría debido a que sus cursos de oficios representan la posibilidad de una salida laboral, y la consecuente reinserción social para los internos. Desde comienzos del ciclo lectivo los alumnos demostraron su ansiedad por comenzar el cursado, tanto es así que al momento de iniciar ya había más pretensos inscriptos que los que puede cubrir la matrícula de la Escuela. Esta demanda responde a que el cursado y aprobación de los talleres del CCT, colabora con la progresividad de la pena dispuesta por la ley de ejecución penal 24.660 la que regula un régimen de estímulo educativo (el que es requerido obligatoriamente por los jueces de ejecución) que reduce la pena cuando los internos cumplen con el cursado y aprobación de distintas instancias educativas, establecidas precisamente en el Art 140 de esta Ley.”

“Pero producto de la irregularidades, a la fecha sólo se dictan tres de los siete talleres, lo que reduce la oferta educativa a menos de la mitad, dejando a cientos de internos sin acceso a la terapia educativa. Naturalmente la situación ha generado intranquilidad y frustración por parte del alumnado, que se vió motivado a hacerles llegar también su denuncia, e impulsar escritos de Habeas Corpus destinados a las Cámaras Federales y Jueces de Ejecución a fin de que ellos, en la esfera de sus competencias, también intervengan ante la flagrante violación a sus Derechos.”

“Respecto a los alumnos que aprobaron en 2015, se les expidieron certificados, con membrete y sello del CCT Nº 6-060 y con firma y sello personal de la directora de este otro establecimiento. Lo que implica una falsedad patente. Lisa y llanamente esto significa que ningún juez de ejecución penal o Cámara reducirá la pena de los alumnos con un certificado expedido por una institución que no funciona en el domicilio de alojamiento del interno. Sin dejar de mencionar que este hecho también encuadra en lo preceptuado por el la normativa del Código Penal Argentino”.

Persiguen a la delegada y dan de baja a quienes denuncian las irregularidades

“Frente a estas irregularidades, comenzó una permanente conducta de hostigamiento hacia mi persona por asumir la defensa de mis colegas y ser la delegada gremial de los trabajadores del CCT” explica Micaela. “Primero la Sra. Palavecino me comunicó que yo no debería dar clases “hasta que se normalizara la situación del CCT, hasta que se cubra la oferta educativa de todos los talleres”. Si por ello fuera me tendría que haber quedado de brazos cruzados, pero me negué y el 30 de marzo presenté plan y comencé a dar clases en los cursos de los talleres existentes. Tuve que sufrir que sustrajeran mi plan anual, y que mientras le daban indicaciones al resto de los docentes a mí me ignoraran con total desprecio y se negaran a entregarme carpeta y planillas.

Pero la persecución no terminaría allí, ya que Micaela y sus compañeros terminaron despedidos.

“Finalmente, el 23 de Mayo, a las 11:00hs, en mis funciones gremiales denuncié y solicité una solución por todas las vías legales y administrativas, ante la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, dando cuenta de la completa irregularidad en la que se encontraba la institución, el servicio educativo hacia los internos y nuestras condiciones de trabajo. La respuesta fue inmediata. La respuesta a nuestra denuncia fue inmediata; pues a las 15:00hs del mismo 23 de Mayo, se hicieron presentes en el establecimiento educativo la Sra. María Herbas y el Sr. Luis Acosta (Subdirector de formación profesional) para notificarnos de las resoluciones en las que disponen mi baja y la de los docentes Maximiliano Ampuero y Julieta Sánchez Avaca, que habían acompañado la denuncia, en todas las horas cátedras que poseíamos en la institución. Estos actos son la consolidación y patente muestra de la persecución y autoritarismo perpetrado por las Sras. Herbas y Palavecino, con la anuencia de las autoridades de la DTyT, en contra de los docentes del CCT 6-052”.

El cierre definitivo de una escuela pública con total impunidad

Luego de esto, y sin responder a ninguno de los reclamos y denuncias hechas por vía administrativa del personal docente y los internos afectados, el personal jerárquico de la Dirección de ETyT consideró que tenía el “camino libre” para terminar de desmantelar la institución e hizo firmar un acta a los pocos docentes que quedaban informándoles que pasaban a ser parte del personal de CCT 6-060 de San Felipe que tendría ahora un “aula satélite” en Boulogne Sur Mer, que es la forma en la que se están dictando algunos talleres actualmente.

Ante la falta de respuestas de la DGE al pedido de informes de la Legislatura provincial, el Diputado Lautaro Jimenez del FIT adelantó “presentaremos una denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados solicitando que intervenga en el caso. Así también, apoyaremos el reclamo de los docentes despedidos y los internos afectados por la reducción de cursos y la falsificación de certificados. Llamamos al SUTE y todos los trabajadores de la educación a impulsar juntos una gran campaña contra el cierre de escuelas públicas y exigir la inmediata normalización del CCT 6-052 y la reincorporación de todo el personal cesanteado”.







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